El analista político y exmiembro del FMLN, Roberto Cañas, califica de “perturbador” que tras 25 años de la firma de los Acuerdos de Paz, El Salvador deba lamentar que sus últimos tres presidentes, es decir, Francisco Flores, Antonio Saca y Mauricio Funes, estén implicados en actos de corrupción, afectando a un país que no tiene memoria.
“Es perturbador para la ciudadanía saber que los últimos tres presidentes del país han estado vinculados a casos de corrupción. Eso retrata cómo reina la corrupción desde el primer funcionario del gobierno, y ya no digamos en otras esferas gubernamentales”, dijo Cañas a ContraPunto.
Flores, que gobernó al país entre 1999 y 2004, falleció en medio de un juicio de corrupción; Saca, quien gobernó entre 2004 y 2009, guarda prisión preventiva acusado de desviar millonarios fondos públicos a cuentas privadas; mientras que Funes, es asilado político en Nicaragua desde el año pasado, y sobre él pesan señalamientos de enriquecimiento ilícito y otros delitos.
Dice además que la sentencia en el caso Funes, podría salpicar al partido FMLN de forma indirecta a solo tres meses de las elecciones de 2018, sin embargo, sostiene que la población es desmemoriada con hechos como este.
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“Indirectamente puede salpicar al partido oficial. La dinámica de la intención de votos de los salvadoreños es determinada por lo que sucede cerca del período de elección. La población salvadoreña es desmemoriada; aquí suceden las cosas más espantosas y al día siguiente ya nadie habla de eso”, expresa Cañas.
El expresidente rechazó la sentencia que lo obliga a él y a su hijo, Diego Funes, a devolver más de $419 mil dólares al Estado. Funes alega que no sustrajo fondos públicos y que su hijo no estaba bajo su tutela en el quinquenio de su presidencia 2009-2014
Por otro lado, Jaime López, coordinador del Centro de Asistencia legal anticorrupción de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE) asegura que ven con satisfacción el cierre de este caso, no solo por lo histórico que representa juzgar a un expresidente, sino porque se cumple la Ley de Enriquecimiento ilícito que a su juicio, era “letra muerta”.
“Este caso demuestra que los dineros que se han hecho a costa del Estado pueden ser recuperados, y manda un mensaje que nadie está por encima de la ley y más aún el primer servidor público como el presidente de la República”, dijo López.
Aclara que cuando se habla de enriquecimiento ilícito, se habla de dineros obtenidos a costa de la Hacienda Pública, es decir, que un funcionario pudo hacerse de dineros no necesariamente de las cuentas del Estado, sino valiéndose de su cargo aunque el dinero provenga de fondos privados.
“Puede ser que no haya tocado un cinco de las cuentas bancarias del gobierno, pero si el dinero lo obtuvo ilícitamente prevaleciéndose de su cargo, aunque sea dinero de privados, es igualmente enriquecimiento ilícito”, explica López.
Explica que en esta fase se ha establecido que el origen de los fondos no son lícitos, pero se debe averiguar cómo los obtuvo y si cometió delito al obtenerlo. Advierte sin embargo, que se trata de investigaciones complejas
“A veces en caso así las evidencias se pierden o los demás implicados no pueden ser identificados, pero la FGR debe hacer su mejor esfuerzo para plantear el caso en instancia penal”, señala López.
Este medio buscó la postura de líderes del partido FMLN pero al cierre de esta nota, no hubo respuesta a las llamadas telefónicas.
