El procurador de la Defensa de los Derechos Humanos, Apolonio Tobar, dijo que “esperaría” que se le estén respetando los derechos ciudadanos al empresario del transporte público, Catalino Miranda, quien fue detenido días atrás por el delito de resistencia agresiva.
“Yo lo que esperaría -que se respeten los derechos humanos- y hemos visitado al señor Miranda, nos ha sido tratado de manera peyorativa digamos que se le ha informado de la situación y esperamos que hayan sustentos probatorios suficientes para llevar adelante esas capturas o esos procesos fiscales y judiciales”, indicó.
Las autoridades de seguridad nacional llegaron en la noche del pasado 12 de marzo a la base operativa de ACOSTES, donde presuntamente intentaban hacer una inspección en la zona para poder observar si se estaba respetando las nuevas disposiciones, que puso en marcha el gobierno para poder paliar la crisis económica que ha generado el incremento al combustible y que se ha descontrolado por la invasión de Rusia a Ucrania.
Por lo tanto, agentes vieron unidades de la ruta 152 y 42 estacionadas en la calle, lo que generó que agentes de tránsito decomisaran las placas.
Según la versión oficial, Miranda se puso agresivo y amenazó a dos agentes con demandarlos porque no tenían orden judicial para el retiro de placas. Por lo tanto, los agentes lo trasladaron a la División de Tránsito, donde le notificaron los delitos de resistencia agresiva, desórdenes públicos y bloqueo de la vía pública, lo han mantenido detenido.
Durante este proceso, Miranda fue trasladado la semana pasada a tribunales, donde el 24 de marzo conocerá si sigue el proceso en su contra solo por resistencia agresiva y desórdenes públicos.
Tobar cree que las autoridades no han actuado de forma arbitraria, ni cree que sea un tema de personal en contra del transportista.
“Espero que no esté ocurriendo, no sería nada sano para la sociedad ni para el sistema democratico del pais ni para El Salvador mismo. Esperaria que la objetividad investigativa esté dando los resultados”, expresó.
Por su parte, Rolando Aparicio, defensor de Miranda, presentó ante el Juzgado Décimo de Paz de San Salvador un recurso de apelación contra la detención de su cliente, el empresario del transporte público, Catalino Miranda.
De acuerdo con el abogado, para que exista el cometimiento del delito mencionado en cuestión es necesario más de una persona.
“El señor Catalino Miranda declaró y pidió a la jueza que se tenía que tomar en cuenta los videos. Con solo ver los videos se puede ver que no existe nada claro con respecto a los desórdenes públicos. Cuando la ley dice dos o más personas y no sale nadie más en el video, el delito es inexistente”, dijo el abogado defensor.
Horas después de finalizar la audiencia inicial, la Fiscalía le notificó sobre el delito de venta a precio superior que le acumula y por el cual deberá enfrentar una nueva audiencia.
Este último ilícito está relacionado al aumento no autorizado del pasaje en sus unidades de transporte lo cual fue verificado por la Policía Nacional Civil y el Viceministerio de Transporte en las rutas 42 y 152. La Policía corroboró que la tarifa aprobada por el VMT era de $0.20 pero a los pasajeros les cobraban $0.35.
Será una de las tres Cámaras de lo Penal de San Salvador la que revise el caso y deberá confirmar o revocar la orden de detención emitida el pasado viernes en la audiencia inicial por el Juzgado Décimo de Paz.
