El arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, indicó que no le ha parecido la forma en la cual han actuado las autoridades en contra del empresario del transporte, Catalino Miranda, en la detención y en la incautación de las unidades
“A mi no me parece sinceramente, no alcanzo a entender, que lo expliquen ellos o que lo expliquen los que lo entienden por qué lo hacen. Pensaría que no se puede tomarle los buses si son de su pertenecía, si legalmente le pertenecen. Lo demás siento que van en las medidas”, aseguró.
Agregó que: “yo no voy a hacer algún juicio sobre alguna personas determinada porque no conozco las circunstancias, no sería responsable de mi parte juzgar los hechos sin conocer las circunstancias, sin conocer los motivos, pero esto de haberle tomado estos buses a esa empresa no lo entiendo, no me parece. Si entiendo ayudar a las personas como ya dije para que se cumplan las normas”.
“Si se va aplicar la ley, que se aplique con justicia. Si una persona es inocente que brille la inocencia y que no se le perjudique, pero si no lo es, tiene que responder a la ley”, añadió.
Además, hizo mención sobre las once medidas anunciadas en cadena nacional por Nayib Bukele, las cuales consideró ayudarán directamente a la población.
“Las once medidas me parecen que es interés directo de ayudar al pueblo, quitar los impuesto que se pueden quitar a la gasolina, al gas propano, etc. y después vigilar que no hayan abusos por parte del comercio. Nada es perfecto pero a mi me parece que eso está bien”, dijo.
Por otra parte, habló sobre las reformas al sistema de pensiones del que no se han visto avances por parte de la nueva Asamblea Legislativa de mayoría oficialista.
“El sistema de pensiones es injusto… Está hecho el sistema para que la gran mayoría no reciba nada, nunca van a jubirlarse. No tienen posiblidad de jubilarse, entonces para qué se jubilan. Y los que se jubilan posiblemente van a tener una pensión miserable incluso indigna porque si les dan 200 dólares o menos no van a poder subsistir”, dijo.
Consideró que se debería eliminar el sistema actual y que se cree uno totalmente nuevo que sea justo y administrado por el Estado.
Tampoco dejó de lado la Ley General de Recursos Hídricos que fue aprobada en diciembre de 2021, dijo que debe revisarse para proteger a la población en situación vulnerable.
“La ley misma es necesario revisarla, hay algunas cosas que no nos parecen bien, por ejemplo el poner a las juntas de agua en dificultad porque no se comparan con las empresas y exigirles un pago como a las empresas es desproporcional porque es tratar por igual a los desiguales”, indicó.
