El Juzgado 10° de Paz de San Salvador decretó que el caso del empresario del transporte, Catalino Miranda, pase a la siguiente fase por lo que tendrá que guardar prisión preventiva debido a los delitos de desórdenes públicos.
El fiscal del caso señaló que por el delito de desórdenes públicos la jueza decretó instrucción formal con detención provisional y una instrucción simple por resistencia.
De acuerdo con el Código Penal, el delito de resistencia es castigado con pena de prisión de seis meses a dos años, mientras que el de desórdenes públicos, con prisión de dos a cuatro años.
Esta orden es girada, luego que el empresario fuera capturado el pasado sábado en la noche, durante una intervención policial en las instalaciones de la cooperativa Acostes, de RL.
En la audiencia no se le permitió el acceso a los medios de comunicación. Mientras tanto, un grupo afín a Miranda protestaba en las afueras de las instalaciones del Centro Judicial Isidro Menéndez.
Entre ellos se encontraban, motoristas de las 293 manifestaban su apoyo a Miranda además se han quedado sin trabajo porque el gobierno ha decidido tomar el control de la empresa, porque los conductores estaban cobrando una tarifa más alta de la autorizada.
Previo a la audiencia contra Miranda, el mismo Juzgado realizó las audiencias iniciales contra tres motoristas vinculados a las rutas del empresario, capturados el mismo 12 de marzo.
Contra Jermel Castro Sorto, acusado del delito de posesión y tenencia ilícita de placas de circulación, el juzgado decretó que continúe detenido mientras se desarrolla el proceso judicial.
En caso de ser encontrado culpable, el imputado podría ser condenado a entre tres y seis años de prisión. Así lo establece el art. 214-K del Código Penal. Luego de la audiencia contra Castro Sorto, el mismo juzgado realizó la audiencia inicial contra José Félix Hernández Castillo y Romel Iván Aquino, acusados del delito de venta a precio superior.
La pena que el Código Penal prevé para este delito es de uno a tres años de prisión. Al final de la audiencia contra Aquino y Hernádez Castillo estos fueron favorecidos con la suspensión condicional del proceso.
Las condiciones impuesta, que deberán cumplir durante los próximos 18 meses, fueron no salir del país, no cambiar de domicilio y mantenerse en un empleo.
Críticas contra el empresario del transporte
El criminólogo y experto en seguridad, Ricardo Sosa, cuestionó al empresario, Catalino Miranda, por mentir en el tema de la extorsión.
Detalló que algunos empresarios como Miranda, «han venido denunciando el tema de la extorsión, pero nunca lo demuestran».
“Como es posible que un empresario tenga casi 300 unidades y, al final del año anterior dijo que habían pagado 10 millones de renta, como esposible que tiene esa cantidad de autobuses y microbuses”, cuestionó.
