"La investigación a los Panama Papers demuestra que los paraísos fiscales siguen siendo una realidad a la que ni gobiernos ni instituciones internacionales han querido mirar de frente”, manifestó Susana Ruiz, responsable de Justicia Fiscal de Oxfam ante la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.
“Si los paraísos fiscales siguen existiendo y llevándose millones y millones, es por la falta de voluntad política, nacional e internacional. Esta nueva filtración nos permite hacernos una idea de cómo funcionan estas turbias prácticas”, manifestó Ruiz, a través de un comunicado difundido en el portar de la organización Oxfam.
De acuerdo con la responsable de Justicia Fiscal, el verdadero escándalo es que muchos de los casos que el Consorcio ha sacado a la luz no son ilegales, sino que “se aprovechan de legislaciones débiles e insuficientes. El sistema fiscal internacional sigue siendo un verdadero coladero”.
Desde el análisis de Ruiz, pese a que hay abundancia en el mundo, grandes multinacionales y personas ricas “se aprovechan de un sistema fiscal internacional débil abusando de los paraísos fiscales para ocultar miles de millones privando así a todos los países, pero sobre todo a los más pobres, de ingresos fiscales que les corresponden”.
En la nota, Ruiz asegura que cada año, los países pobres pierden $170.000 millones mientras 400 millones de personas ni siquiera tienen acceso a asistencia sanitaria básica.
De acuerdo con el posicionamiento, todos los Gobiernos, tanto los ricos como los pobres, deben trabajar para acabar con los paraísos fiscales.
“A nivel global, no hay más excusas para la inacción: hay que sancionar a bancos y a otros actores que facilitan la evasión y elusión fiscal y alcanzar un gran consenso internacional que ponga fin a las debilidades de un sistema fiscal internacional en el que el secretismo, la falta de transparencia y la competencia desleal siguen siendo la norma", apunta Ruiz.
Oxfam se manifestó ante el caso que ya ha generado controversia a nivel global, y a su juicio, confirma que mientras una minoría privilegiada se aprovecha de las lagunas del sistema fiscal internacional, se continúan recortando financiamiento en servicios públicos de calidad para la mayoría, o en la atención a la población desplazada en las zonas de conflicto.
