El Comité contra la Tortura de la ONU (CAT) puso plazo de un año para que “las autoridades mexicanas se pronuncien públicamente en favor de la prohibición absoluta de la tortura”, considerada “alarmante” en la conferencia de prensa celebrada hoy por sus diez expertos. En consecuencia pidió un plan nacional que la erradique, junto a “medidas eficaces para garantizar el respeto a las salvaguardias legales fundamentales aplicables a las personas privadas de libertad”, lo cual debería ir acompañado por “la realización de evaluaciones físicas y psicológicas a presuntas víctimas de tortura”, en línea con los estándares internacionales. Estos son algunos elementos que resaltan en un abultado documento de 19 páginas plagadas de incógnitas presentado en Ginebra.
La comparecencia de los Estados que han ratificado la convención de la ONU en la materia, se lleva a cabo cada cinco años. Sus gobiernos tienen la obligación de cumplir con las recomendaciones que les formulan los expertos, responder a sus pedidos de información, y comunicar las novedades vinculadas de forma permanente, pero son notorias las dificultades de México para adaptarse a este dispositivo. Sobresale la falta de datos “sobre el número de quejas presentadas” por el no respeto de las “salvaguardias legales fundamentales”. Con ello, este Comité “observa con preocupación “¦. que las autoridades ministeriales obstaculizan el acceso de las personas privadas de libertad a la asistencia letrada, y que los servicios de defensa, en particular a nivel local, no siempre actúan ante los posibles abusos cometidos contra sus defendidos durante la detención”.
México tampoco notifica a la ONU “sobre decisiones de los tribunales en las que hayan desestimado como pruebas confesiones obtenidas mediante tortura o malos tratos”, y no aporta “información completa sobre el número de denuncias por actos de tortura y malos tratos” en los últimos cinco años, siendo el periodo examinado que viene de finalizar, ahora bajo el nuevo gobierno que preside Andres Manuel López Obrador (AMLO). A su vez, dejan mucho que desear “las graves deficiencias que presenta la investigación” de hechos de semejante naturaleza en el pasado lustro. Cabe añadir que se desconocen exactamente “el número de casos en los que se ejerció la acción penal y el número de procesos judiciales y procedimientos disciplinarios abiertos por actos de tortura o malos tratos”. De 2013 a 2018 “los tribunales federales dictaron 45 sentencias condenatorias por tortura”. Sin embargo, no se sabe el “estado y contenido de las mismas, ni sobre las sanciones impuestas a las personas condenadas”.
Las “muertes bajo custodia” en México parecen un rompecabezas difícil de armar para la ONU. Resultan “escasos” los elementos para hacer una evaluación completa. En los cinco años anteriores, “se produjeron 220 muertes de personas privadas de libertad en centros penitenciarios federales, y 2.531 en “¦ entidades federativas”, números que, de momento, no son posibles de desglosar “por lugar de detención, sexo, edad y origen étnico o nacionalidad de los fallecidos y causa de la muerte”. Ademas “de los 42 incidentes por motín” en esa época, es llamativo que se desconozcan “muertes súbitas, incluidos homicidios y suicidios, ocurridas en lugares de detención ni sobre los resultados de las investigaciones realizadas”. Da la impresión que en México es deficitario el impacto del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que los países mancomunados en esta Convención, deben constituir para que sus propios funcionarios nombrados por voluntad parlamentaria, controlen los lugares de privación de libertad.
Del 2014 al 2017, se han disparado las deportaciones, o devoluciones de los candidatos al asilo. Son 715.827, y no hay cifras de apelaciones a estas decisiones. La ONU se inquieta luego de haber tomado conocimiento de las detenciones “de solicitantes de asilo en puestos fronterizos aeroportuarios en condiciones inadecuadas y sin acceso a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con el consiguiente riesgo de devolución”. Las “garantías diplomáticas” que se suelen dar entre Estados que expulsan, devuelven o extraditan personas, no pueden ser admitidas “cuando haya motivos fundados para creer que correrían peligro de ser victimas de tortura”, recuerda la ONU, que se queja de no ser abastecida por México de “información detalladas sobre las medidas y mecanismos de vigilancia que se acuerdan en estos casos entre México y los Estados receptores o de envío”.
Frente a esta supuesta ineficacia del Estado, para dominar cabalmente el demonio de la tortura, al Comité le preocupa, finalmente, que para mantener el orden público y luchar contra el crimen organizado, México “no considera posible relevar al ejército de su labor actual” en cuanto a la “seguridad”. A propósito, es significativo “el reciente nombramiento de un militar en proceso de retiro como jefe operativo” de la flamante Guardia Nacional, “el nuevo cuerpo de seguridad de carácter civil que sustituirá a la Policía Federal”. A la ONU le llama la atención “la falta de claridad acerca de la normativa aplicable en cuanto al uso de la fuerza y en relación a la identificación de los miembros de las fuerzas de seguridad y sus vehículos”.
