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sábado, 15 de mayo del 2021

¡Olvidar el odio y el resentimiento…!

En la sexta jornada de consultas que realiza la Comisión Política de la Asamblea para recoger insumos para una ley de reconciliación nacional, fueron invitados excombatientes de la guerrilla y los veteranos de la Fuerza armada, en un ambiente en el que se percibió que todavía hay resquemores.

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Probablemente, una ley Especial de Justicia Transicional y Restaurativa para la Reconciliación Nacional no logre sanar las heridas que dejó el conflicto interno que vivió el país (1980-1992).

Al menos 75,000 personas perdieron la vida; y de esa cantidad, se estima que el 80% de las víctimas eran civiles.

Una nota de la agencia Efe, refiere que el primer período del enfrentamiento civil, desde su inicio hasta 1983, está marcado por la instauración de la violencia de manera sistemática, y el terror y la desconfianza en la población civil, así como la desarticulación de cualquier movimiento opositor.

Durante la primera etapa del conflicto, que abarca unos 3 años, los escuadrones de la muerte asesinaron a 34.131 civiles, según el informe de al ONU a través de la Comisión de la Verdad, encargada del estudio de los crímenes de la guerra salvadoreña.

La segunda parte del enfrentamiento armado en El Salvador, que se fecha entre 1983 y 1987, se caracterizó por "las violaciones a la vida, la integridad física y la seguridad en los centros urbanos", señala el informe oficial.

A pesar del recrudecimiento aparente, en este segundo período, se reduce notablemente el número de asesinatos a manos de los escuadrones de la muerte, que pasan de 5,962 en 1982, a 1,655 en 1985.

Para entonces, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) fortalece su estructura y da muestras de poder en la esfera militar, con acciones a gran escala y con el control territorial, aunque temporal, de diversos lugares del país.

A partir de 1985 el FMLN inicia un período en el que sus objetivos prioritarios son los asesinatos de alcaldes y funcionarios del Gobierno en zonas estratégicas del conflicto, con lo que la guerrilla intenta demostrar su "poder" en El Salvador.

Los crímenes contra políticos dan paso a bombardeos aéreos indiscriminados, ataques masivos de artillería e incursiones de la infantería, que generan grandes masacres en todas las comunidades.

BBC News recoge en una serie de imágenes la crueldad de la guerra en El Salvador.

Un cara a cara con el enemigo


Este miércoles, la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, convocó a su sexto y penúltimo foro de consulta para recoger opiniones y testimonios, así como sugerencias que ayuden a la formulación de un anteproyecto de ley de reconciliación nacional. Los participantes fueron precisamente los actores principales en la guerra interna: excombatientes de la guerrilla del FMLN y veteranos de la Fuerza armada.

Antes de iniciar la consulta, el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, explicó cómo marcha el anteproyecto de ley y, uno de los puntos más sensibles es el que tiene que ver con la acción penal contra aquellas personas implicadas en crímenes de guerra y lesa humanidad.

“En la medida de que la persona confiese que planificó, ejecutó o torturó, será motivo, según la legislación procesal penal de la aplicación de la pena mínima”.

Lo cierto es que la Sala de lo Constitucional en su sentencia de 2016, no manda a crear a la Asamblea tribunales especiales y se refiere a la justicia ordinaria, es decir, los tribunales comunes, explicó el parlamentario.

En el 2016, la Sala de lo Constitucional sentenció que la Ley General de Amnistía de 1993 violaba preceptos de la Carta Magna y ordenó a los diputados que tenían que aprobar una normativa apegada a la verdad, a la justicia, a la reconciliación y al compromiso de no repetición de crímenes de lesa humanidad.

La Ley de Reconciliación Nacional del 23 de enero de 1992 contempla que no gozarán de amnistías “las personas que, según el informe de la Comisión de la Verdad, hubieren participado en graves hechos de violencia ocurridos desde el 1° de enero de 1980…”.

Esta disposición, sin embargo, fue derogada con la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, aprobada el 20 de marzo de 1993 –5 días después de haberse conocido el informe de la Comisión de la Verdad–, negando lo pactado expresamente en los mencionados Acuerdos.

Pero al haber la Sala declarado inconstitucional la ley de amnistía de 1993,  restableció la vigencia de la Ley de Reconciliación Nacional.

Ponce le aclaró a los invitados que, las penas estarán supeditadas con base a los agravantes, y la reducción de las mismas de acuerdo a las atenuantes.

En ese sentido, el diputado pecenista dejó claro que tanto por parte del Ejército como por la guerrilla, cometieron crímenes de lesa humanidad.

Si bien la guerra ya es parte del pasado, con la ley no se busca reabrir heridas, manifestó por su parte el diputado No Partidario Leonardo Bonilla. No obstante, llegado el momento de hablar, tanto representantes de un bando como del otro, todavía guardan recelo o desconfianza-

Un exmilitar que pidió la palabra, incluso se atrevió a decir que los crímenes de lesa humanidad no existen “y esos en ninguna parte dice, pareciera que es un invento”. 

El exprocurador de Derechos Humanos (2007-2013), Óscar Luna, actual asesor del presidente de la Asamblea, interrumpió al veterano del Ejército para recordarle que el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional lo tipifica como una violación de las normas fundamentales del derecho internacional.

Los excombatientes de la guerrilla tampoco se guardaron lo que tenían en su interioridad; y mientras unos recriminaron a los exmilitares por los actos violentos cometidos contra la población civil, los otros les recordaron los asesinatos contra alcaldes.

Al final, el diputado Leonardo Bonilla opinó que que para que haya una reconciliación nacional tiene que haber justicia y conocerse la verdad.

Y mientras algunas víctimas piden prisión contra los involucrados en asesinatos de personas inocentes, otros solo quieren saber dónde están enterrados sus parientes o en el mejor de los casos, si están vivos.

Juan José Martel de Cambio Democrático (CD), dijo que saber escuchar y exponer son cualidades que se deben conservar. “Yo solo quiero decir que después de casi treinta años, todavía las heridas del conflicto armado están abiertas, no se ha hecho justicia y menos se conoce la verdad”.

El legislador siguió comentando que “aquí se han amasado miles de millones de dólares con la sangre de ustedes, de uno y otro lado, por lo tanto, ha llegado el momento de que hablen, yo reitero mi compromiso con las víctimas, que lo demostré desde el primer momento cuando querían aprobar la ley de forma express, desde entonces estoy en esta pelea”.

El jueves se espera recibir a la Adesco del cantón San Francisco Echeverría, del municipio de Tejutepeque y a representantes de las víctimas del municipio de Cinquera (Cabañas), así como a sobrevivientes de masacre realizada en la comunidad El Mozote, departamento de Morazán.  El foro será a las 10:00 a.m.

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