Por Francisco Martínez.
La campaña por derrocar a Nayib Bukele, no es algo nuevo, ha sido la motivación constante en la estrategia y en la discursiva de los diferentes grupos opositores desde que él tomó posesión el 1 de junio de 2019, eso ha sido el centro del mensaje difundido desde voceros de la UCA y de diversas ONG’s antibukelistas, así como el discurso de las derrotadas formaciones políticas ARENA-FMLN y sus grupos afines, hasta eje de la pauta tendenciosa de medios locales tanto la prensa conservadora tradicional como la de los “woke” o “new progres” y sus reproductores globales los massmedia France 24, DW, El País, Infobae, entre otros del Project Syndicate.
Durante los 23 meses (de junio 2019 a abril 2021) cuando la oposición a Bukele fue mayoría en la Asamblea Legislativa (74 de 84 Diputados, al inicio de su gobierno sólo 10 Diputados eran aliados a Bukele, estos aumentaron a 15 al final de esa legislatura), como opositores del gobierno tenían mayor incidencia en la Corte Suprema de Justicia y en la Fiscalía General, así como en otras instituciones del Estado; además, los partidos opositores gobernaban en los 262 municipios. La estrategia desestabilizadora antibukelista fue institucionalizada y virulenta; en ese periodo, maniataron la gestión del ejecutivo y electoreramente trataron de reducir el impacto social de las medidas que se impulsaron en la pandemia.
En esos 23 meses intentaron de todo, desde iniciar proceso de antejuicio contra Bukele, hasta solicitar se le declarara inhábil para gobernar; bajo apremio, amenazaron con llevar ante la Asamblea a ministros, y el ex Fiscal General Romeo Melara solicitó antejuicio contra el fallecido Director de la PNC Comisionado Mauricio Arriaza Chicas por incumplimiento de deberes; en asocio con la UCA y varias ONG´s los diputados de esa legislatura 2018-2021, impusieron al ejecutivo la distribución de préstamos y el mecanismo de la tercera votación legislativa “dizque por control” para condicionar la ejecución de los fondos provenientes de préstamos para aliviar la angustia de las familias afectadas por los efectos de la pandemia de la COVID 19. Armaron historias conspirativas para generar descontentos en sectores del ejército. De pronto, jesuitas antibukele hasta editorializaban sus ideas en el diario de hoy, juntos no por casualidad.
Con la victoria electoral en las legislativas de febrero 2021, Bukele logró con Nuevas Ideas la mayoría calificada, algo impensable dado las amarras del sistema político salvadoreño, iniciando inmediatamente el desmontaje del aparato de control que ARENA y el FMLN habían creado en las instituciones del Estado, por eso, los diputados de Nuevas Ideas no titubearon en la destitución de los Magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia señalándolos de prevaricar, a la vez que destituyeron al Fiscal General Romeo Melara por su vinculación con el partido ARENA y procedieron a elegir nuevos funcionarios para esos cargos e iniciar un proceso de adecuación del aparato público y de reformas legales para asegurar el nuevo momentum.
Con la nueva correlación de fuerzas, Bukele creó nuevas realidades institucionales en los órganos de gobierno, impulsando una nueva acción política con integración, complementación y colaboración conforme el artículo 86 de la Constitución, orientada a objetivos-resultados, con lo que ganó eficacia y eficiencia en la ejecución de las políticas públicas, especialmente, en salud, como se demostró a lo largo de las respuestas a la pandemia, y, en seguridad, con el Plan Control Territorial lanzado el 19 de junio de 2019.
Esta nueva correlación institucional y la legitimidad del respaldo popular le permitieron a Bukele, declarar la guerra contra las pandillas, luego de una escalada homicida cometida por estos grupos terroristas, solicitó, conforme lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución, que se implementara el Régimen de Excepción, esta medida extraordinaria fue aprobado por los diputados desde el domingo 27 de marzo de 2022, en igual cumplimiento ha solicitado se aprueben las sucesivas 30 prórrogas posteriores, la última está vigente hasta el próximo 7 de octubre; ello, debido a la gravedad de la situación de inseguridad que impusieron estos grupos terroristas contra la población. Esta respuesta contundente y frontal, es lo que permitió el cambio de situación que hoy gozan los salvadoreños en todo el país, por la recuperación de los territorios, la desarticulación de las pandillas, la efectiva respuesta estatal y el empoderamiento ciudadano.
Algunos, a pesar de la evidencia, de los datos y de los testimonios, aún creen que fue un invento o una exageración lo que en El Salvador se vivió. La barbarie homicida y criminal que impusieron las pandillas a los millones de salvadoreños significó un rompimiento de todo el tejido social de la nación, impuso comportamientos abusivos, despóticos y sin reglas previsibles, creándose, ante el vacío del Estado nacional, un neo-estado con dirección criminal; esos grupos terroristas de las pandillas crearon una nueva geografía territorial, política, económica y social, una geografía de la violencia, impusieron una economía del crimen a la vez que violaban los derechos fundamentales de todos los salvadoreños.
A pesar de la agresiva campaña de desinformación en su contra, local y externa, en las pasadas elecciones presidenciales de febrero 2024, conforme lo dispuesto en el ordinal primero del artículo 152 de la Constitución, Bukele lanzó su candidatura y ganó la elección siendo reelecto para un segundo mandato con el respaldo del 85 % de los votantes. Además, su partido Nuevas Ideas obtuvo 54 de los 60 escaños legislativos, un respaldo electoral que le otorga el poder para todas las decisiones, ya que cuenta con las tres mayorías constitucionales.
Pero la campaña de los viejos grupos de poder pro-oligarcas por derrocar a Bukele, no ha cesado, su objetivo es claro, sacar a Bukele del gobierno, en ese afán, asumen temas mediáticos y vuelven a la carga cada cierto periodo, siguiendo el mismo guion: denuncias de corrupción, inconstitucionalidad de su reelección, el bitcoin, el nepotismo, la falta de un plan nacional, la violación a los derechos humanos en el régimen de excepción, o, deficiencia de los servicios públicos; manipulando además, demandas genuinas de la población respecto al incremento del salario mínimo y el costo de la canasta básica.
La estrategia antibukele incluye las elecciones de 2027, donde la oposición se proponen un cambio de la composición legislativa para revertir medidas o neutralizar al gobierno, además, buscan ganar el mayor espacio posible en los nuevos municipios para movilizar el descontento popular alegando la falta de obras y deterioro de los servicios municipales, en esa empresa, están tratando de agrupar en su causa a los descontentos de las filas del bukelismo, y, en lo inmediato, están centrados en causar el mayor daño posible a la imagen de Bukele, crear noticias antibukele, sobre él o su círculo familiar o sus funcionarios, notas negativas, acusaciones o presunciones sin importar su veracidad, sueñan con que sea Bukele el que comparezca a desmentirlas.
Desde el actual sector hegemónico, el que hoy lidera Bukele, si bien, no deben ignorar el daño que podría causar estas campañas opositoras, deben rápidamente controlar y mitigar sus efectos; pero no deben perder el fin de su proyecto y la idea del cambio que persiguen. Después de todo, la legitimidad, el respaldo amplio de la gente sigue subjetivamente estando a su favor. El mensaje ciudadano ha sido claro: gobierne, resuelva los problemas, no dé marcha atrás, no se detenga a atender a los mismos de siempre, el tiempo es corto, resuelva los problemas urgentes, no tiene excusas para no hacerlo. Hasta ahora, no ha decepcionado a sus votantes.
