Hace 39 años, el 27 de noviembre de 1980, en el marco de la guerra civil 1980-1992, fue asesinado el empresario Enrique Álvarez Córdova con quien, por invitación suya, inicié mis labores en 1970, como director del Departamento Editorial, durante su ejercicio como ministro de Agricultura y Ganadería.
Acaudalado empresario, siempre propugnó por la equidad y la justicia, especialmente en beneficio del sector campesino. Su actitud de hombre con conciencia popular, y promotor de medidas y políticas para mejorar la condición de vida de los salvadoreños, fue motivo de distanciamiento en su contra de los grandes empresarios y terratenientes del país, quienes veían en su actitud una amenaza a la conservación de sus privilegios e intereses.
A raíz del golpe de Estado de 1979 que derrocó al general Carlos Humberto Romero, Álvarez Córdova formó parte del nuevo gabinete de la Junta Revolucionaria de Gobierno, asumiendo la cartera de Agricultura y Ganadería, misma que había conducido años atrás, precisamente cuando había sido mi jefe. Su objetivo era impulsar reformas en el agro, especialmente la Reforma Agraria.
Pero, dos meses y medio después, de nuevo la frustración; y el 2 de enero de 1980 renunció junto a otros miembros del gabinete, debido a que los gestores del golpe habían vuelto a ser marginados por argucias y medidas estratégicas, que devolvían el poder a los viejas estructuras militares, a las que el movimiento de jóvenes oficiales había derrocado.
Álvarez Córdova se fue a la clandestinidad. Desde ahí siguió la lucha como presidente del Frente Democrático Revolucionario (FDR), hasta que un día, el 27 de noviembre de 1980, un comando paramilitar lo capturó al interior del Colegio Externado San José y, posteriormente, lo asesinó junto a otros patriotas del movimiento rebelde: Juan Chacón, del Bloque Popular Revolucionario (BPR); Manuel Franco, de la Unión Democrática Nacionalista (UDN); Humberto Mendoza, del Movimiento de Liberación Popular (MLP); Enrique Barrera, del Movimiento Nacional Revolucionario (MNR); Doroteo Hernández, de la Unión de Pobladores de Tugurios (UPT), José María Maravilla y Francisco Barrera, representantes de otras organizaciones sociales. El ejército salvadoreño los asesinó, por su demanda de justicia y su entrega patriótica.
Sus cadáveres fueron encontrados con señales de tortura en zonas periféricas de San Salvador, en las proximidades del lago de Ilopango. De inmediato, informaciones periodísticas dieron a conocer que el comando secuestrador había actuado por “órdenes de un militar de alta graduación”, y quien, bajo el pseudónimo de Comandante Aquiles Baires, dirigía la Brigada Anticomunista Maximiliano Hernández Martínez. Las órdenes de Baires, se dijo, eran aniquilar totalmente a aquel grupo de valientes patriotas. Yo me encontraba padeciendo mi exilio en Panamá, y la noticia me quebró humanamente.
Consumado el hecho, el comando asesino dio a conocer el comunicado siguiente: “A la ciudadanía en general, hacemos saber: que este día, una escuadra de la Brigada Anticomunista “General Maximiliano Hernández Martínez”, nos responsabilizamos del ajusticiamiento de los comunistas del Frente Democrático Revolucionario-FDR: Enrique Álvarez Córdova, Juan Chacón, Enrique Barrera y Humberto Mendoza, por ser los responsables materiales e intelectuales de miles de asesinatos de gente inocente que no quiere ser comunista”. Posteriormente, se confirmó la versión periodística sobre los autores intelectuales de tan abominable crimen, pertenecientes a estructuras del ejército y de la Policía Nacional.
Tiempo después, hace pocos años, por algún conocimiento mío sobre la persona del ex ministro y sobre el quehacer ministerial bajo su Administración, fui invitado por los titulares del MAG, al acto de nominación “Enrique Álvarez Córdova” al Centro Nacional de Tecnología Agrícola (CENTA, fundado por el entonces Ministro Álvarez Córdova y el Subsecretario del Ramo, Ing. Francisco Lino Osegueda, a principios de la década 1970.
Ahora, casi cuatro décadas después, Enrique Álvarez Córdova y los otros integrantes del FDR, son semilla de motivación patriótica, para fortalecer el proceso democrático en El Salvador, y para dejar atrás los tantos años de padecer gobiernos corruptos y de estructura represiva y dictatorial.