Por: Benjamín Cuéllar Martínez.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitó nuestro país en enero de 1978 invitada por el general Carlos Humberto Romero, quien asumió la Presidencia de la República casi un año antes tras unas elecciones fraudulentas similares a las que llevaron al poder a su predecesor, el coronel Arturo Armando Molina. Romero fue su ministro de Defensa y Seguridad Pública. Por ello, ambos fueron los máximos responsables de la sangrienta toma de la Universidad de El Salvador en julio de 1972; también de la masacre perpetrada en San Salvador contra estudiantes de esa casa de estudios y pueblo que acompañaba su protesta así como las de Tecoluca, Tres Calles, La Cayetana y Chinamequita contra población campesina indefensa. Eso es parte de nuestra historia de la cual deberíamos aprender, pero parece que no somos muy proclives a ello.
Dicho informe cuenta con once capítulos, junto a las conclusiones y recomendaciones pertinentes; además incluye la respuesta negativa de la dictadura. El último de los capítulos corresponde a la situación de los derechos económicos, sociales y culturales para ofrecer una perspectiva integral de lo que sucedía entonces, a fin de hacer ver y contribuir a entender por qué se estaban violando grave y sistemáticamente los derechos civiles y políticos; también por qué el rumbo del país iba de mal en peor al punto de que meses después, en octubre de 1979, fue derrocado Romero y la guerra fratricida estalló en enero de 1981.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) ha hecho referencia a ciertos “mitos” y algunas “ideas falsas” sobre los económicos, sociales y culturales. Así, temerariamente, se dice que la vigencia de estos puede pues los urgentes y prioritarios son los civiles y políticos. Sin embargo, los derechos humanos ‒todos‒ están relacionados entre sí; por ejemplo, refiere la OACNUDH, a las personas que no pueden leer ni escribir se les dificulta más su participación política real y su capacidad cierta para expresarse libremente.
Se afirma también que los económicos, sociales y culturales van a tener vigencia como “consecuencia natural” de la democracia o por el crecimiento económico. Acá en El Salvador, hace tres décadas comenzó a asomarse tímidamente la democracia ‒aunque solo fuera en su manifestación formal‒ pero el crecimiento económico solo siguió existiendo para una minoría privilegiada. Ni lo uno ni lo otro sirvieron entonces a las mayorías populares para mejorar su situación material. Por eso ahora estamos como estamos.
En la década de 1970, la gente excluida salió a las calles a protestar precisamente por eso: por las precarias condiciones de vida en las que se debatían en perjuicio de su dignidad. Y esa efervescencia de la indignación popular la llevó a la acción en las fábricas, en las escuelas, en los mercados, en las universidades, en las comunidades campesinas y en las calles de las ciudades… En donde fuera, para reclamar combativamente la validez de sus derechos a la alimentación al trabajo, a un salario justo, a la educación, a la salud, a la vivienda… A esos elementales bienes y servicios sin los cuales la vida del ser humano es un infierno. Hoy la gente perjudicada por un sistema excluyente y altamente desigual también sale, pero del país. Sin embargo, por muchas personas que huyan a montones, de este averno en el que tanto se sufre no van a poder escapar todas.
Para el autoritario régimen encabezado por Nayib Bukele, dar respuesta a las más elementales necesidades de las mayorías populares relacionadas con su diario sobrevivir no es prioridad. Lo suyo es puro populismo y descarada publicidad. Y él sabe que, de seguir así, las tensiones y la polarización en nuestro terruño tantas veces ensangrentado se agudizarán. Por ello, comenzamos a ser testigos de lo que –quienes lo vivimos– identificamos como el tortuoso camino hacia un peligroso destino.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó al Estado –en su informe de 1978– adoptar “las medidas necesarias, aprovechando todos los recursos, para mejorar las condiciones sociales y económicas imperantes en el país”, a fin de aminorar y “desaparecer las desigualdades” que obstaculizaban “la observancia de derechos humanos fundamentales”.
Tras más de treinta años, la jugada de Bukele no va por ahí. Su apuesta es duplicar y armar hasta los dientes a la Fuerza Armada así como militarizar aún más la extinta Policía Nacional “Civil” ‒en camino a su extinción como tal‒ para enfrentar la inevitable protesta de la población exigiendo el respeto de sus derechos económicos, sociales y culturales. A los civiles y políticos ya “les dio en la nuca”. Así que ahora nos toca organizarnos y luchar por la defensa integral de nuestra dignidad, sin cometer los errores pasados. No hay de otra.
