La diputada de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Milena Mayorga (por San Salvador), presentó una iniciativa en la Asamblea Legislativa para que se forme una comisión permanente contra la corrupción.
La legisladora, es una de las más críticas de su partido de cuestionar a la dirigencia y de denunciar acciones que a su juicio, van en contra de los principios democráticos.
Mayorga, junto a los diputados Gustavo Escalante (San Salvador); Arturo Simeón Magaña por (Ahuachapán) y la legisladora Felissa Cristales (La Libertad), desde inicios de este año, han causado revuelo por sus posturas contrarias a las que sigue el resto de legisladores de ese partido político.
Desde julio pasado, los cuatro parlamentarios enfrentan un proceso sancionatorio ante el Tribunal de Primera Instancia de ARENA, por supuestamente violar los estatutos areneros con sus opiniones.
Ese mismo mes, el alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, los defendió y le recordó a la cúpula tricolor que debe de respetar las diferencias de opiniones.
El Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa (RIAL), regula la creación de las comisiones, que pueden ser permanentes, transitorias, Ad Hoc, y especiales.
Las mismas, podrán requerir la presencia y colaboración de funcionarios, representantes o técnicos de cualquier institución pública, autónoma, municipal o privada, para que les ilustren en su trabajo, o solicitarles opinión, informes y documentos necesarios para su cometido.
Mayorga manifestó que el informe de Cultura Política de la Democracia en El Salvador y las Américas (2016-2017), indica que aproximadamente 6 de cada 10 salvadoreños, considera que la corrupción de los funcionarios públicos del país, está algo generalizada. Pero hay más agregó. Ocho de cada diez salvadoreños percibe que la mitad o más de los políticos están involucrados en la corrupción.
El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de 2018, elaborado por Transparencia Internacional, ubica a El Salvador en el puesto 105 de 180 países considerados con prácticas corruptas.
En el año 2015, el Fondo Monetario Internacional (FMI), elaboró un informe sobre casos de corrupción en el país, que ascendieron a $550.9 millones, equivalente al 2.5% del Producto Interno Bruto (PIB). Para el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), con esa cifra se hubiera podido fortalecer presupuestariamente a la Fiscalía General de la República (FGR), al Ministerio de Justicia y al de Salud.
Por esa razón, la diputada Mayorga estima conveniente en su petición reformar el artículo 39 del Reglamento Interior de la Asamblea para que el pleno avale la creación de una comisión permanente contra la corrupción.
La iniciativa cuenta con el respaldo de los diputados Juan José Martel de Cambio Democrático (CD) y de Leonardo Bonilla (No Partidario).
Hasta la fecha, la Comisión Política, con la llegada del diputado de Concertación Nacional (PCN), Mario Ponce a la presidencia del Palacio Legislativo, no ha discutido la iniciativa de la legisladora, que confía en que contará con el apoyo del resto de grupos parlamentarios.
