Con 71 votos, diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron que varias de las medidas extraordinarias de seguridad en centros penitenciarios, pasen a ser de carácter permanente por medio de reformas a la Ley Penitenciaria que buscarán mantener el orden y estabilidad de los centros penitenciarios del país.
Una de las justificaciones de los parlamentarios es evitar que se vulnere la seguridad ciudadana mediante atentados a bienes jurídicos como la vida y el patrimonio, por órdenes giradas desde los centros penales. Además consideraron la necesidad de la creación de centros de máxima seguridad; así como un régimen de esta naturaleza para el control y seguridad de los privados de libertad que, por su nivel de alta peligrosidad o inadaptación extrema deban guardar detención en este tipo de sistema.
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Entre las medidas que se vuelven permanentes están: regular las audiencias virtuales, restringir las comunicaciones en los centros penitenciarios, el traslado de reos, normar los centros de seguridad y máxima seguridad, así como definir cuál será el procedimiento de las visitas y quiénes deben estar internos en los centros de máxima seguridad.
En cuanto al corte de las telecomunicaciones en centros penales, será el ministro de Justicia y Seguridad, previa opinión técnica del superintendente general de Electricidad y Telecomunicaciones, dispondrá de todas las medidas necesarias e indispensables para asegurar el corte de tráfico de telecomunicaciones desde y hacia los centros penitenciarios, granjas penitenciarias, centros intermedios y centro de detención menor, centros temporales de reclusión.
Sobre las audiencias por videoconferencias, la reforma establece, entre otras cosas, que el juez o tribunal competente, podrá llevar a cabo la diligencia sin los privados de libertad, siempre que esté presente su defensor y se garantice el ejercicio de defensa material.
Otras de las de las reformas que por su nivel de peligrosidad, internos implicados en narcotráfico, homicidios, crimen organizado, violación, feminicidios, secuestros, extorsión o agrupaciones ilícitas, sean trasladados a un régimen de máxima seguridad e internamiento especial, en el que se le regularán las visitas.
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Para la emisión del dictamen se escucharon y consideraron en el contenido del respectivo decreto las opiniones de las autoridades del Ministerio de Justicia y Seguridad, de la Fiscalía General de la República, de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, así como de jueces especializados.
Las medidas extraordinarias se aprobaron en abril de 2016 para regular y controlar las actividades y órdenes de delitos que se emitían desde las cárceles. Su implementación ha generado críticas y señalamientos de organismos internacionales de derechos humanos que afirman que dichas medidas violentan los derechos de los reos.
