Mutilada. No existe mejor – o peor – calificativo que describa el producto de la Asamblea Legislativa, al aprobar la Ley de Cultura (agosto 2016) Del anteproyecto presentado por el FMLN, producto de una amplia consulta, nada más subsistió el 39% de los artículos originarios. Y muchos de los que pasaron ese “colador” legislativo, sufrieron graves alteraciones.
Una de las supresiones más lamentables es la del Ministerio de Cultura. No porque sea una promesa de la campaña presidencial, sino porque es una legítima demanda, particularmente de la comunidad artística. No puede haber una democracia saludable sin un desarrollo cultural sólido y una gestión estatal comprometida. Ahora depende de las autoridades culturales del país, superar este déficit normativo.
Pero ¿hay motivos para alegrarse? Creo que sí. La ley, aún con todos sus yerros, es un buen primer paso. Veamos algunos aspectos positivos: declara a la cultura como un derecho humano, protegido y fomentado por el Estado (Arts. 4 y 17) y que este derecho se perfecciona con la vigencia de los derechos a la identidad cultural (Art. 19) a la historia y al patrimonio (Art. 20) a los saberes ancestrales (Art. 21) al uso del espacio público (Art. 22), entre otros. Reconoce la dignidad de los/as artistas y su obra (Arts. 5 y 91) y la participación ciudadana en el desarrollo cultural, (Art. 6), garantiza el respeto y fomento de las lenguas ancestrales.
Por el lado de la institucionalidad estatal, confiere responsabilidades a los gobiernos municipales para que adopten políticas culturales. Crea el Fondo Nacional Concursable para la Cultura (FONNCA) como ente autónomo, responsable de fomentar la educación y producción artística, la investigación y el fomento de las industrias culturales (Ar. 51) El principal patrimonio del Fondo será un fideicomiso al que el Estado aportará un millón de dólares (Arts. 63 y 71) Lamentablemente, también crea una estructura organizativa compleja y poco democrática, que podría poner en riesgo su finalidad y funcionamiento. Se crea un instituto superior en artes y registros nacional y municipales de las y los artistas como trabajadores/as culturales y que tal calidad sea incorporada en el DUI, pasaporte y licencia de conducir.
Pero la ley debe superar un desafío más complejo que el debate legislativo: la voluntad política real de las autoridades estatales ya que exige a ciertas carteras estatales como educación, hacienda, turismo, gobernación, entre otras, a que, por primera vez, enfoquen su gestión desde los ojos de la cultura.
Por ello, es fundamental la vigilancia y la participación activa de la sociedad y de la comunidad artística – cultural del país, en el seguimiento de esta Ley. Sabemos bien que los derechos humanos son conquistas permanentes y que la cultura nunca ha ocupado una posición determinante en las políticas públicas. Solo una vigilancia organizada, especialmente de las y los artistas y trabajadores/as culturales, hará posible que en el futuro, gocemos de un país democrática y culturalmente desarrollado. Esto es el gran desafío nacional a enfrentar y superar.
