“La tragedia del terremoto ocurrido en 2001 se usó únicamente para captar fondos; nosotros, los afectados, no recibimos absolutamente nada. Ya pasaron 16 años y jamás vamos a tener una verdadera ayuda”, expresó el presidente de la Asociación de Desarrollo Comunal La Colina II (ADESCO), Alejandro Flores, al referirse al otro rostro de casos de corrupción en El Salvador, donde la población es la víctima.
La corrupción tiene diversas características que la diferencian de otros delitos, pues sus consecuencias impactan en el bienestar general de la sociedad. En El Salvador es un flagelo que en décadas no se ha reducido ni controlado de forma efectiva. El mal uso de funciones en cargos públicos deja más pobreza que gente enriquecida ilícitamente.
Lea: FUNDE: El Salvador avanza poco en percepción de corrupción.
Alejandro representa a una comunidad afectada directamente por el mal manejo de fondos que según la Fiscalía General de la República (FGR) realizó el ya fallecido expresidente salvadoreño Francisco Flores, quien fue acusado de apropiarse de $15 millones que China-Taiwán donó para los damnificados del terremoto de 2001.
El rostro de la catástrofe fueron los habitantes de la colonia Las Colinas, Santa Tecla, que perdieron familia y viviendas a raíz de un deslave.
“A las víctimas nos indigna que sucedan todo este tipo de tragedias políticas, si le podemos llamar así a la corrupción. Viene de hace décadas y no solo se limita al enriquecimiento ilícito de funcionarios; en instituciones públicas hay corrupción, eso siembra duda y desesperanza en la gente”, añadió el representante de ADESCO.
Según un informe mexicano sobre corrupción, este fenómeno engloba muchos más delitos como: fraude, sobornos, conflictos de interés y mal uso de los fondos públicos, los cuales repercuten en la calidad de vida de la población así se haya o no procesado penalmente a las personas corruptas.
Lea: Siete exfuncionarios que se habrían enriquecido ilícitamente.
La última medición del índice Global de Competitividad elaborado en 2016 por el Foro Económico Mundial (FEM) reveló que entre la lista de los 10 países más corruptos de América Latina, El Salvador ocupa el séptimo lugar. Venezuela encabeza la lista en la posición 10.
Ante esto, el exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y analista político, Juan José Martel, explicó a ContraPunto que el andamiaje legal para combatir la corrupción y el enriquecimiento ilícito es débil, obsoleto e ineficiente en el país y no se considera la reparación de las víctimas.
“Hasta antes del inicio del caso que involucró al expresidente Flores, los casos de judicialización de actos de corrupción se cuentan con los dedos de una mano y sobran dedos. Los procesos judiciales son lentos y las condenas leves. A lo anterior, hay que agregar la escasa capacidad de los organismos responsables de investigación del delito y la corrupción en el Órgano Judicial”, acotó el analista.
Martel dijo que en todos los casos que son judicializados, las penas conllevan la devolución de lo adquirido ilícitamente al fondo general del Estado; sin embargo, sostuvo que lo anterior hace ver que el único afectado ha sido el Estado y no las personas naturales o jurídicas, según el caso. Las víctimas directas quedan fuera de toda posibilidad de protección, indemnización o resarcimiento.
Y agregó que lo anterior representa un grave vacío en la legislación, pero también en la forma de concebir el acto de corrupción, pues se considera un acto ilícito contra el Estado sin medir el impacto social o económico que tiene en las víctimas. Esto último no está incluido en las condenas.
Lea: Impunidad que carcome al El Salvador.
“Por ejemplo: el director de un hospital público se roba mil dólares del fondo de funcionamiento de la institución; la cantidad de dinero es relativamente pequeña, pero ¿qué pasará si al faltar estos mil dólares? Se dejara de comprar medicina, que ocasiona la muerte de uno o más enfermos. Como se puede observar, el problema no es la cantidad de dinero, el problema es el daño que causa su falta”, ilustró Martel.
A nivel centroamericano, El Salvador es el segundo país más corrupto después de Costa Rica. En la tercera posición está Panamá; Guatemala en el cuarto peldaño; Honduras en la quinta posición; y el menos corrupto es Nicaragua, según el último informe del índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional (TI).
