Este miércoles 30 de junio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) conoció la posición de varias organizaciones sociales sobre la situación general de los derechos humanos en El Salvador, en el marco del 180 período de sesiones de dicho organismo. Lo normal hubiera sido que participara además el Estado. Pero no. Su representación no asistió, porque para el actual Gobierno lo “normal” es que su desempeño sea aplaudido por todo el mundo. Y como sabía lo que seguramente pasaría, decidió no acudir a esa cita virtual sabiendo que no saldría bien librado. ¿Qué alegó para no dar la cara? Falta de “equilibrio” y una posible “instrumentalización” mediática de la citada audiencia.
Pero, entonces, si el discurso de la administración Bukele proclama a los cuatro vientos ‒mediante su abundante y onerosa publicidad‒ que la oposición interna a su desempeño está configurada por tan solo el 3 % de la población, ¿cuál es el miedo de plantarse en este foro regional para demostrar que acá las cosas marchan bien? ¿Por qué no dejar sentado, de una vez por todas, y disipar cualquier duda acerca de cuán sólidos son sus argumentos para demostrar que en el “país más cool del mundo” el respeto de los derechos humanos ‒sin exclusión ‒ pasa por su mejor momento? Creo que a mucha gente le encantaría conocer las respuestas a esas elementales interrogantes.
La presidenta de la CIDH, Antonia Urrejola, deploró tal ausencia y señaló que con la audiencia pretendían que las partes dialogaran para enfrentar y solucionar una crisis que según la visual gubernamental ‒con esos “ojos laser” presidenciales y de sus cegados imitadores‒ no existe. Al menos eso se desprende de lo manifestado en el informe estatal que enviaron; dentro de este incluyeron supuestos avances en el respeto de los derechos humanos, imaginarias acciones para apuntalar la institucionalidad, políticas para promover la participación ciudadana y garantizar la libertad de expresión. ¡Habrase visto!
Santiago Canton, jefe de la misión especial de la Organización de los Estados Americanos que en febrero del visitó el país para indagar sobre esos asuntos, entregó su informe final el 19 de abril manifestando sus aprensiones tras constatar “acciones que podrían vulnerar el Estado de derecho” y “la democracia salvadoreña”, entre las cuales estaba el incumplimiento de las decisiones del “máximo órgano judicial salvadoreño”; además, hizo “un llamado a acatarlas”. El “ejercicio autónomo de la función judicial debe ser garantizado por el Estado”, afirmó, pues “la garantía de la independencia de las y los jueces es uno de los objetivos principales que tiene la separación de los poderes públicos”.
Ni por cerca estaba el entrañable Santiago de imaginar que, el 1 de mayo vendría con todo ‒“sin asco”, dijeron por ahí‒ la estocada canallesca del oficialismo contra eso y más. Por ello, luego declaró que al redactar el citado informe no dijo “que había un quiebre institucional”. Entonces, señaló, “la situación era muy grave democráticamente; pero hasta ahí. Sin embargo, tras lo ocurrido en la Asamblea Legislativa durante la sesión inaugural de la legislatura actual cuando desmantelaron la Sala de lo Constitucional y destituyeron al fiscal general, Canton aseguró que ese sí fue un “quiebre”. No pronunció las siguientes palabras, pero entre líneas declaró que mandaron al carajo una de las bases de la Carta Democrática Interamericana: la mentada división de poderes. La condena de la CIDH también fue inmediata.
¿Con qué credenciales medianamente respetables, entonces, podía dar la cara el “bukelismo” en ese espacio regional el 30 de junio? Pero no es primera vez que el Estado salvadoreño pretende escabullir marrulleramente el bulto. El 16 de marzo del 2013, Mauricio Funes hizo lo mismo cuando denunciamos los casos de mujeres condenadas al haber abortado por causas involuntarias; también los numerosos homicidios y feminicidios así como el irrespeto de los derechos laborales, entre otras. Asimismo, exigimos expulsar la amnistía de la legislación nacional. Fuera de esta última, derrotada por las víctimas demandantes, las demás denuncias continúan vigentes.
Si Funes y Bukele actuaron igual, ¿será que lo “mesiánico” tiene en común el discurso falsario? Como eso no es viable en “estadios” con “campos engramados”, adonde las reglas se respetan, habrá que seguir obligándolo a jugar en estas “canchas” pues según parece los “iluminados” solo ganan ‒con amaños‒ en las que están convenientemente “engravadas” a conveniencia para jugar sucio. La actual “institucionalidad” salvadoreña impuesta, es una de estas últimas.
