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martes, 03 de agosto del 2021

La ruta suicida sobre el agua y el Plan Cuscatlán

El agua es sin duda uno de los recursos más amenazados en El Salvador; esto, entre otros aspectos, se evidencia con su pobre disponibilidad, la alta contaminación, el agotamiento de las zonas de recarga hí­drica, que, junto a la disputa del consumo, muestran un panorama apocalí­ptico para la salud, la vida y el desarrollo de la población.

Tanto estudios regionales como nacionales coinciden en que la disponibilidad de agua dulce por habitante en el paí­s está entre las más bajas de América Latina y el Caribe y que la situación de estrés hí­drico es una amenaza cada vez más cerca, provocando desde ya efectos que empeoran la convivencia humana y de todos los seres vivos.

En el territorio existen pocos recursos naturales que muestren tanta contaminación como el recurso hí­drico; según análisis del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), en 2011, la calidad de agua de los rí­os es “regular” (50%), “mala” (31%), “pésima” (7%) y sólo el 12% es agua de calidad “buena”. En relación a la calidad del agua subterránea, en 2007 el MARN analizó los 20 pozos ubicados en el írea Metropolitana de San Salvador y alrededores, concluyendo que la calidad de esa agua en 30% era “buena”, 60% “regular” y 10% era “mala”. Estos datos plantean el gran desafí­o de cómo prevenir y proteger la salud de la población cuando una proporción importante del agua está enferma.

De acuerdo a los especialistas, cuando la tasa de extracción de agua subterránea es superior a la tasa de recuperación por infiltración se genera la sobreexplotación del acuí­fero y ese es el estado en que se encuentran algunos de los acuí­feros más importantes del paí­s; en la medida que crece la urbanización sobre zona de recarga hí­drica, se limita la infiltración y existe mayor riesgo de contaminación, todo en perjuicio de la capacidad de producción de agua y la calidad de dicho recurso.

La distribución del consumo de agua muestra las disputas entre los distintos sectores por controlar una mayor proporción del recurso para atender sus necesidades; según el MARN, en el 2012, el agua fue apropiada en un 54% por el sector agropecuario, el 27% de destinó al abastecimiento humano, el 12% para generación de energí­a eléctrica y el 7% para labores acuí­colas, industria y hoteles. Es muy probable que la reciente intentona de una comisión legislativa de incorporar representaciones de los sectores agropecuario e industrial en la Junta Directiva de la Autoridad Nacional del Agua exprese la presión de dichos sectores por seguir controlando el uso y consumo del agua según sus propios intereses.

Ya van tres décadas de intentos de crear una regulación sobre el sector hí­drico y el subsector agua potable y saneamiento; en el camino han quedado centenares de estudios, decenas de proyectos de ley, decenas de millones de dólares en préstamos y a la fecha el resultado es el mismo: NADA. Esto refleja que, hasta la fecha, los sectores con suficiente poder han impuesto a los tomadores de decisiones una agenda de intentar hacer lo que sus intereses reclaman y no hacer lo que les perjudica; entre tanto, el paí­s sigue en esta ruta suicida sobre los recursos hí­dricos.

El 1 de junio próximo Nayib Bukele asume como Presidente de la República, teniendo como plataforma el denominado “Plan Cuscatlán”, que en capí­tulo “Bienestar Social” / “Medio ambiente” apartado “Protección ambiental, del agua y saneamiento”, entre varias apuestas, se propone “Impulsar, desde las carteras e instituciones de gobierno, el reconocimiento expreso del derecho humano al agua y al saneamiento…” y “Promover, desde el Ejecutivo, el desarrollo normativo del derecho al agua y el saneamiento, por medio de una Ley General de Agua que contemple un enfoque de cuenca, los usos prioritarios del agua de acuerdo a los estándares internacionales, una autoridad rectora eminentemente pública y la prohibición de cualquier modalidad privatizadora del agua en el paí­s…”.

Estoy seguro que diversos sectores sociales, polí­ticos y hasta económicos coinciden en que estas apuestas merecen ser respaldadas e implementadas. Que cada quien -desde su trinchera- por el bien del paí­s y de la población salvadoreña, sobre todo la más necesitada, se ponga en función de que en el próximo quinquenio se logren mejores avances en la disponibilidad, accesibilidad y calidad del agua en El Salvador.

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