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miércoles, 04 de agosto del 2021

La ONU contra la extinción de pueblos indígenas en Colombia

El acoso e intención de exterminio de indígenas y afrodescendientes en Colombia prosigue mediante “asesinatos y constantes actos de violencia, amenazas, intimidación y represalias

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El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU, compuesto por 18 expertos independientes de las 5 regiones del mundo en que se divide Naciones Unidas, le dio el plazo de un año a Colombia para mostrar avances en la “salvaguarda étnica” de las poblaciones autóctonas amenazadas por la muerte “física o cultural”, como los pueblos Awa, Uitoto, y Nukak-Maku, resalta un informe publicado en Ginebra.
El Comité se inquietó también por otras comunidades, incluyendo a los afrodescendientes, que son objeto de “discriminación estructural”, cuyos índices “de pobreza y exclusión social” son más altos en comparación con el resto de la población autóctona, “en particular el derecho al trabajo, a la salud a la educación y a la participación política”, destacándose “los casos de desnutrición crónica” entre los menores de las étnias Wayúu, Amorua y Sikuani.
La preocupación de la ONU se extendió “a la falta de garantías para la participación efectiva” de indígenas y afrodescendientes, en la implementación de los Acuerdos de Paz” de 2016, y al incumplimiento  del “derecho a consulta previa, libre e informada” que les brinda el Convenio 169 de la OIT, para la “concesión de licencias de inversión, de explotación turística, de pesca industrial o de extracción minera”, en sus territorios ancestrales.
La “protección, restitución y titulación de territorios indígenas y afrodescendientes”, despojados durante el conflicto armado, reconocidas por los Acuerdos de Paz de hace 4 años, cuentan con respaldo de decisiones legislativas, judiciales y decretos presidenciales, pero siguen tardando en concretarse, constata la ONU. Por lo cierto, llama la atención la ausencia de garantías en favor “de los pueblos indígenas asentados en zonas protegidas, especialmente el Parque Nacional Tayrona”, para que “puedan disponer libremente de sus tierras y recursos naturales”. Con todo, el Comité  espera resultados para que la situación mejore también en el término de un año
El acoso e intención de exterminio de indígenas y afrodescendientes en Colombia prosigue mediante “asesinatos y constantes actos de violencia, amenazas, intimidación y represalias contra las personas defensoras de derechos humanos y de lideres y lideresas de pueblos indígenas, como el reciente asesinato de Cristina Bautísta el 29 de octubre”, deploraron los expertos, quienes no son funcionarios a sueldo de la ONU, sino personalidades independientes a quienes la institución supranacional solo les cubre los gastos de viáticos para sus reuniones y desplazamientos oficiales.
A efectos de frenar esa ola incesante de homicidios, la ONU alentó a los diferentes poderes del Estado colombiano, a “tomar medidas adicionales y efectivas para prevenir actos de violencia, amenazas, intimidación y represalias contra personas defensoras de derechos humanos”, específicamente dirigentes de colectivos indígenas y afrodescendientes, con el compromiso que “todas las denuncias sean investigadas de manera exhaustiva, imparcial y efectiva, y que los responsables, tanto autores materiales como los instigadores o autores ideológicos, sean enjuiciados y debidamente castigados, y que las víctimas o sus familiares reciban una reparación integral”.
El “discurso de discriminación, odio racial y xenofobia”, que apunta a indigenas y afrodescendientes, desborda “contra migrantes”, sobre todo si son portadores del VIH, miembros del colectivo LGTBI, o procedentes de Venezuela , resume la ONU. El aproximado millón y medio de refugiados venezolanos en Colombia, viven en “situación de vulnerabilidad”, ante lo cual los expertos reclaman medidas preventivas a Colombia, para que puedan gozar de “los servicios de salud, el trabajo, y para facilitar la obtención de documentación, que promueva su integración y que asegure que las víctimas de actos de discriminación, tengan a un recurso efectivo”, saludando en ese contexto el ejemplo significativo de modificar “la normativa para otorgar la nacionalidad a los hijos de los migrantes venezolanos nacidos en Colombia”.  

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Juan Gasparini
Corresponsal de ContraPunto en Suiza - ONU-DDHH, escritor y experto en Derechos Humanos. Ex preso político de la dictadura en Argentina
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