Hay varios hechos y situaciones preocupantes que representan graves violaciones o amenazan la libertad de expresión.
Uno es el robo de equipos de transmisión y discos duros de computadoras en Radio Bálsamo, emisora comunitaria que promueve y acompaña la organización popular, la defensa del medio ambiente, la lucha por el agua y la agricultura sostenible en la Cordillera de El Bálsamo y zonas aledañas en el Departamento de La Libertad. El robo fue cometido por desconocidos que entraron a las instalaciones de la radio el pasado domingo 19 de mayo, en la madrugada. En septiembre del año pasado, el atentado fue contra su planta repetidora, sin que hasta esta fecha Fiscalía y Policía presenten resultados de investigaciones del hecho.
Las vejaciones contra Radio Bálsamo constituyen un atentado contra la libertad de expresión y una violación al derecho de información de las comunidades de la zona, asediadas y desplazadas por la construcción de residenciales de lujo, campos de golf y centros comerciales, y cuyas demandas no son tomadas en cuenta por los grandes medios comerciales.
La Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sostiene que los ataques contra medios de comunicación son aún más graves cuando se trata de medios comunitarios, debido a su función de servicio a las comunidades y su contribución al pluralismo y la diversidad mediática.
Otras amenazas contra la libertad de expresión provienen de las intenciones de la Asamblea Legislativa de aprobar disposiciones orientadas a censurar contenidos en redes y medios digitales. Una de éstas es la propuesta de reforma a la Ley Especial contra los Delitos Informáticos y Conexos que castigaría con penas de 4 a 8 años de cárcel a quienes utilicen perfiles falsos en redes sociales y medios digitales para difamar, calumniar o difundir noticias falsas. La cuestionada medida fue presentado por diputados de ARENA, FMLN y otros partidos.
Ciertamente existe el problema relacionado con los llamados “troles”, “fake news” y delitos contra el honor en redes y medios digitales; pero el enfoque de la referida propuesta legislativa es erróneo. Primero, porque -según los Estándares de Libertad de Expresión de la CIDH- los delitos contra el honor no deben penalizarse con prisión, sino únicamente condenas civiles, en tanto que las penas de cárcel podrían desincentivar la denuncia ciudadana, el análisis critico y el periodismo de investigación. Y segundo, porque la apuesta debería ser “transparentar” las redes y medios digitales, haciendo que sus titulares o usuarios se identifiquen y -cuando difamen o calumnien- se les apliquen las normas ya existentes para los delitos contra el honor.
Otra es la moción de prohibir que periodistas o ciudadanos tomen fotografías o videos a militares en tareas de seguridad pública. La iniciativa, promovida por el Ministerio de la Defensa, sería un claro obstáculo a la libertad de prensa, impediría la denuncia ciudadana sobre abusos o malos procedimientos militares y podría fomentar la impunidad de violaciones a los derechos humanos.
En sentido contrario, los diputados y diputadas de la Asamblea se niegan a estudiar y aprobar la Ley de Protección a Periodistas y Trabajadores de la Comunicación e Información, presentada en octubre del año pasado por la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) y otras organizaciones periodísticas y de derechos humanos que integran la Mesa de Protección a Periodistas.
El llamado es, por tanto, a proteger la libertad de expresión, prensa e información. Esto implica denunciar atropellos contra medios comunitarios, rechazar propuestas legislativas que plantean cárcel para delitos contra el honor y prohíben fotografiar a militares, y exigir la aprobación de la Ley de Protección a Periodistas. Y esto es tarea de toda la sociedad, no sólo del gremio periodístico o las organizaciones sociales.
*El autor es periodista y activista del derecho a la comunicación. Director ejecutivo de ARPAS.
