Este tema lo he rechazado y por fin dedico un tiempo para estudiarlo.
Aquí información pertinente al respecto que no deja de darme un poco de razón en cuanto a mi oposición a su establecimiento en nuestro país, pero la necesidad de instalarla y combatir la corrupción es urgente.
En simples palabras la CICI es una comisión que funciona como un fiscal internacional pero que opera bajo las leyes del país solicitante, en las cortes de ese país y con el código penal del mismo.
Es creada con base en un acuerdo entre la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el país solicitante.
La comisión es un órgano independiente desde el punto de vista político como organizacional y financiero. De instaurarse en nuestro país podría ser facultada para realizar acciones penales en tribunales nacionales.
Los objetivos específicos de la comisión, así como las atribuciones pueden variar de país a país, pero el objetivo general es fortalecer las instituciones del sector judicial nacional.
Algunas de las desventajas son: pérdida de soberanía, se puede estar violentando la Constitución de la República, debe ser adecuada al ordenamiento jurídico y se puede estar creando un "cuarto poder" que podría minar la autonomía del Ministerio Público.
Ahora sé que esta organización es una Fiscalía independiente es decir que se dedica a investigar y a querellar casos de corrupción cometidos por personas o empresas y que será la fiscalía (en la que pocos confiamos) la encargada de darle seguimiento a los casos presentados y buscar la condena con las pruebas presentadas.
Hasta aquí todo bien.
Pero en nuestro país el sector que más ha sido objeto de sobornos, extorsión, amenazas, etc., ha sido el judicial y aquí surge la pregunta. ¿La CICIES, funcionará con el actual fiscal o debe hacerse una depuración?
¿Servirá de algo que se presenten las pruebas de la complicidad de grandes empresarios con la compra, venta de bancos, generación de energía, telefónicas, financiamiento de partidos políticos, lavado de dinero, etc.? ¿Si el sistema judicial no tiene la solvencia moral para condenar a los corruptos?
Sin duda algo debe hacerse para detener el accionar de quiénes se creen dueños del país y quiénes no están dispuestos a perder los privilegios usurpados.
La implementación de la CICIES es un tema delicado por suerte, nuestra constitución permite su establecimiento y esto facilita su instalación y funcionamiento.
