El colectivo "Víctimas del Terrorismo” pidió este miércoles a la la Fiscalía General de la República (FGR) que reactive los procesos legales en contra de la dirigencia de la exguerrilla salvadoreña por crímenes cometidos durante la guerra civil que afectó durante 12 años al país.
El presidente del colectivo, Camilo Álvarez, explicó que han solicitado que se reabran e investiguen los casos de la masacre de miembros de la marina de los Estados Unidos, cometida en 1985, conocida como la masacre de la Zona Rosa; y el asesinato de tres oficiales estadounidenses cuando se derribó un helicóptero en 1991 en Lolotique, San Miguel. Ambos casos están dentro del Informe de la Comisión de la Verdad.
Después de la firma de los Acuerdos de Paz, la guerrilla se constituyó en el partido que actualmente está en el Gobierno, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Varios de los nombres que figuran en la demanda ahora están en puestos públicos, entre ellos el presidente, Salvador Sánchez Cerén, y la diputada Nidia Díaz.
También, según expuso Alvarez, están: Francisco Jovel, Joaquín Villalobos, Ana Sonia Medina, Mercedes del Carmen letona, Ana Guadalupe Martínez, José Abraham Dimas Aguilar, William Rivas Bolaños, Jorge Meléndez, entre otros que tuvieron, señaló, parte importante en la dirigencia de la exguerrilla.
A la presentación del escrito también llegó la exdiputada, Lilian Díaz Sol, quien aseguró que la decisión se tomó luego de que el 13 de julio del año pasado la Sala de Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declarara inconstitucional la Ley de Amnistía para la Consolidación de la Paz creada en 1993.
“Estamos apoyando a este grupo que se ha formado para defender a las víctimas del conflicto, como sociedad civil hemos venido porque creemos que estos casos no se pudieron resolver en su momento (“¦) con la abolición de la Ley de Amnistía se ha creído conveniente y este colectivo cree importante investigar todos los casos, es importante que se investiguen porque verdaderamente conmovieron a la sociedad salvadoreña”, dijo Díaz Sol.
Después de la inconstitucional de la Ley de Amnistía también organizaciones civiles presentaron una demanda para reabrir investigaciones penales por la masacre de El Mozote ejecutada en 1981 y en la que murieron cerca de 1.000 campesinos. La respuesta a este caso fue positiva y el juez segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera, en Morazán, Jorge Alberto Guzmán, ordenó reabrir la acción judicial.
