Por Redacción ContraPunto
El juicio contra 485 presuntos cabecillas y fundadores de la Mara Salvatrucha (MS-13) llegó a su etapa final tras más de tres meses de audiencias en el Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador, en un proceso considerado uno de los más grandes en la historia judicial reciente del país.
Durante sus alegatos de cierre, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó la imposición de la pena máxima para todos los acusados, quienes enfrentan más de 47,000 imputaciones por delitos cometidos entre 2012 y 2022. Entre los cargos destacan 444 homicidios agravados, extorsión agravada, trata de personas, tráfico ilícito de drogas, tráfico de armas, rebelión y agrupaciones ilícitas. Además, el Ministerio Público pidió una reparación civil de 9 millones de dólares, principalmente vinculada al delito de extorsión.
Según la acusación fiscal, la estructura criminal operaba mediante un sistema de mando que incluía órdenes directas para ejecutar asesinatos, evidenciadas —según la FGR— en más de 650 audios presentados durante el juicio. También se señaló el uso del mecanismo denominado “válvulas abiertas”, mediante el cual se autorizaban períodos para cometer homicidios contra rivales o supuestos traidores. La Fiscalía sostuvo, además, que la pandilla habría utilizado a unos 1,200 menores de edad y explotado a al menos 638 mujeres en redes de trata.
Entre las víctimas mencionadas en el proceso figuran casos como el de José Manuel Hernández, comerciante asesinado tras negarse a pagar extorsión; María Elena López, víctima de trata de personas; y Carlos Ernesto Ramírez, motorista de transporte público ultimado en un ataque armado atribuido a la estructura. Estos casos fueron expuestos como parte del patrón sistemático de violencia atribuido a la organización.
Por su parte, la defensa de varios imputados cuestionó la solidez de las pruebas presentadas por la Fiscalía, argumentando que muchas de las imputaciones se basan en testimonios de criterio de oportunidad y escuchas telefónicas cuya cadena de custodia —según alegan— presenta inconsistencias. Asimismo, señalaron que el juicio masivo limita el análisis individual de responsabilidades, lo que podría vulnerar el derecho a la defensa.
Algunos abogados defensores también solicitaron al tribunal considerar beneficios procesales para ciertos imputados, alegando voluntad de reinserción y colaboración con las autoridades. En esa línea, varios acusados utilizaron su derecho a la última palabra para pedir oportunidades de reducción de pena, afirmando que desean contribuir a la no repetición de la violencia.
El tribunal deberá ahora analizar un voluminoso expediente que incluye más de 22,000 folios, pruebas documentales, periciales y testimoniales antes de emitir un fallo. La fecha de la sentencia aún no ha sido anunciada.
Este proceso se desarrolla bajo la figura de audiencia única, implementada tras reformas al Código Procesal Penal durante el régimen de excepción, lo que permite juzgar de manera conjunta a un gran número de acusados en casos de crimen organizado.
