Por Redacción ContraPunto
La audiencia judicial prevista para este martes contra dirigentes y veteranos de guerra vinculados a la Alianza Nacional El Salvador en Paz, entre ellos José Atilio Montalvo y José Santos Melara, conocido como “Pepe”, fue suspendida y reprogramada para el próximo mes.
La diligencia forma parte del proceso penal que se sigue contra un grupo de veteranos, excombatientes y un comunicador comunitario, quienes fueron detenidos a finales de mayo de 2024 y son procesados por delitos relacionados con actos de terrorismo y organizaciones terroristas.
De acuerdo con la acusación sostenida por la Fiscalía General de la República (FGR), los procesados habrían participado en la planificación de supuestos atentados que, según la hipótesis fiscal, pretendían ejecutarse durante los actos de toma de posesión presidencial del 1 de junio de 2024. Entre los hechos que han sido atribuidos públicamente al grupo se encuentran supuestos planes para atacar o provocar daños mediante explosivos en determinados espacios públicos e instalaciones.
Sin embargo, la acusación fiscal no constituye una declaración de culpabilidad. La responsabilidad penal de los imputados deberá ser determinada mediante una resolución judicial, conforme a las garantías del debido proceso y al principio de presunción de inocencia.
La defensa cuestiona las acusaciones
Los abogados defensores han sostenido que no existen elementos probatorios suficientes que demuestren la participación de sus representados en los hechos que les atribuye la Fiscalía. Organizaciones de familiares y entidades defensoras de derechos humanos también han cuestionado la prolongación del proceso y han reclamado que el Ministerio Público presente las pruebas que sustentan la acusación.
El proceso ha sido objeto de críticas debido a su prolongación. Montalvo, Melara y los demás procesados llegaron a cumplir dos años desde su detención sin que, según reportes periodísticos publicados en junio de 2026, se hubiera presentado todavía una acusación formal en los términos esperados por las organizaciones que acompañan a los familiares.
Montalvo permanece con medidas sustitutivas
La situación procesal de Atilio Montalvo es diferente a la de otros imputados. Debido al deterioro de su estado de salud, en julio de 2025 una jueza le concedió medidas sustitutivas a la detención provisional, por lo que dejó el centro penitenciario y pasó a cumplir la medida bajo arresto domiciliar.
En el caso de Pepe Melara, su defensa ha solicitado en distintas ocasiones la revisión de las medidas cautelares, argumentando problemas de salud y cuestionando la necesidad de que continúe privado de libertad mientras avanza el proceso.
La suspensión de la audiencia representa un nuevo aplazamiento de un proceso que ha generado cuestionamientos de familiares, organizaciones de derechos humanos y sectores de veteranos de guerra. La nueva fecha deberá permitir que las partes —Fiscalía y defensa— continúen ejerciendo sus respectivas facultades procesales ante el tribunal competente.
Mientras tanto, los acusados mantienen jurídicamente su condición de imputados y no de personas condenadas, por lo que cualquier determinación sobre su responsabilidad penal deberá emanar exclusivamente de una resolución judicial firme.
La audiencia reprogramada será clave para conocer si el proceso avanza hacia una etapa de mayor definición jurídica o si persisten los obstáculos que han provocado sucesivos aplazamientos en esta causa penal.
