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Inicia audiencia por el desvió de $183 millones de fondos públicos en la gestión del expresidente, Sánchez Cerén

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18 exfuncionarios y empleados de CAPRES son acusados por la FGR de desviar más de $183 millones de la partida presupuestaria Gastos Reservados, y más de $3 millones que ingresaron como donación de Taiwán.

El Juzgado Quinto de Paz de San Salvador comenzó el proceso penal, con reserva total, en contra del expresidente, Salvador Sánchez Cerén, más 16 exempleados de Casa Presidencial y exfuncionarios públicos de su gobierno y dos empresarios. Los 18 imputados son acusados por los Fiscales del Grupo Contra la Impunidad de la Fiscalía General de la República (FGR) de los delitos de peculado y lavado de dinero, por un monto que asciende a más de 183 millones de dólares.

Según la representación Fiscal, en el caso los principales involucrados son el expresidente, Sánchez Cerén, el ex secretario privado de la Presidencia, Manuel Melgar y Manuel Arturo Ayala, quien “tenía una función importante en esa administración”.

En cuanto a los fondos desviados, el Ministerio Público Fiscal explicó que provenían de la Cuenta Subsidiaria del Tesoro Público de Casa Presidencial, y eran transferidos hacia 6 cuentas bancarias no autorizadas por la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda. Asimismo, detalló que los hechos habrían ocurrido desde el 01 de junio de 2014 hasta el 31 de mayo del 2019.

De acuerdo con los fiscales del caso, entre los titulares de las 6 cuentas bancarias, a las que eran transferidos los fondos, se encuentra Francisco Rodríguez Arteaga, Manuel Arturo Ayala, y Edgar Lizama, exdirector del Organismo de Inteligencia del Estado.

También, en el caso se ventila el desvío de 3 millones de dólares de fondos provenientes de un donativo de China-Taiwán, los cuales fueron transferidos a las partidas relacionadas con el pago de “complementos salariales del Estado Mayor Presidencial”, que según señala la FGR fueron transferidas a cuentas bancarias de Pablo Gómez y Edgar Lizama.

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Entre los 18 acusados se encuentran:

El expresidente Salvador Sánchez Cerén, el exsecretario privado de la Presidencia, José Manuel Melgar Henríquez, José Armando Escobar Barillas, exjefe de presupuesto; Carlos Ernesto Guerrero Ventura, exgerente financiero; Edgar Lizama, exdirector del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE).

También, entre los imputados están Gregorio Abarca Palacios, exasistente técnico; Carlos Armando Miranda Díaz, expagador auxiliar de la Comandancia General de la Fuerza Armada; Arturo Gilberto Alvarado, exjefe del Estado Mayor Presidencial del Ministerio de Defensa y William Oswaldo Vaquero León, exasistente personal de Sánchez Cerén.

De los 18 imputados ¿Cuántos son procesados?

Durante la audiencia inicial son procesados siete imputados del caso, cuatro que fueron detenidos el pasado jueves 18 de agosto y tres que estaban con arresto domiciliario. El resto de los acusados no fueron localizados para ser detenidos y ponerlos a la orden del juzgado.

Los siete procesados son:

Daysi Armida Díaz, quien fungió como tesorera institucional de la Presidencia, entre noviembre de 2016 a mayo de 2019. La exfuncionaria es acusada de peculado por presuntamente haber firmado 193 cheques provenientes del Estado y luego habrían sido depositados en seis cuentas bancarias abiertas sin cumplir requisitos de ley.

Jorge Antonio Revelo Vega, exjefe del Estado Mayor Presidencial, quien es señalado de peculado y lavado de dinero. Según la FGR, el exfuncionario habría gestionado pagos salariales complementarios para el Estado Mayor sin cumplir los requisitos de ley.

Alexander Benítez Peña, propietario de Box Car y Taller Frenos y Más, quien es procesado por el delito de lavado de dinero: Según la representación fiscal, el empresario es una de las personas a quien se le destinaron fondos en concepto de proveedor de servicios de la Presidencia sin estar inscrito bajo ese rubro.

Manuel Arturo Ayala Orellana, quien fungió como director ejecutivo de la Presidencia en los gobiernos de Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén, en los períodos 2009-2014 y 2014-2019. El imputado es acusado de peculado y lavado de dinero. Además, tenía orden de captura por el caso conocido como “Saqueo Público”.

Según las investigaciones de la FGR $2,170,953.38 dólares habrían beneficiado a las dos empresas de las que es propietario Manuel Arturo Ayala Orellana. De modo que el Taller Box Car recibió $969,499.57 dólares del Estado y el Taller Frenos y Más, fue la otra institución destinataria de $1,201,453.81 dólares.

También, entre los procesados se encuentran Francisco Rodríguez Arteaga, exgerente financiero de la Presidencia; Pablo Gómez, exasistente financiero y Jorge Alberto Herrera Castellanos, extesorero institucional de CAPRES; los tres fueron incluidos en las causas penales “Destape a la Corrupción” y “Saqueo Público”.

En el caso conocido como “Saqueo Público” la FGR sostiene que se sustrajeron más de 351 millones de dólares. En cuanto al caso “Destape a la Corrupción”, en el cual el expresidente Elías Antonio Saca admitió haber robado 301 millones de dólares del erario público.

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Redacción ContraPunto
Redacción ContraPunto
Nota de la Redacción de Diario Digital ContraPunto
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