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$183 millones habrían robado 18 empleados de Sánchez Cerén

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$183 millones habrían sustraído 18 empleados de Salvador Sánchez Cerén (2014-2019), asilado en Nicaragua. FGR procesa a otros 3 ex funcionarios de Mauricio Funes, implicados en corrupción.

Por Alessia Genoves


$183,860,715.02 dólares fueron sustraídos del Estado a 18 beneficiarios particulares. La mayoría de los acusados han sido sometidos a juicio, bajo las causas penales de “peculado” y “lavado de dinero y activos” en perjuicio de la hacienda pública, según lo acusa la Fiscalía General de la República (FGR), Los incoados habrían formado parte de la administración presidencial de Carlos Mauricio Funes Cartagena (2009-2014) Salvador Sánchez Cerén (2014-2019), dos figuras políticas que acudieron a la ciudadanía nicaragüense, tras ser acusados por defraudar en el país más de $535 millones de dólares.

150 testigos participarían en el juicio, la mayoría con pruebas de cargo en contra de los acusados. El proceso, de momento, se ventila en el Juzgado de Paz de San Salvador. A las evidencias se suma la “prueba documental de que se aperturaron éstas cuentas a nombre de particulares”. La unidad fiscal del caso, identificada por el “Grupo Contra la Impunidad”, añade que a las pruebas se suman datos que acreditarían que “éstas cuentas utilizaron fondos públicos que deberían ser utilizados para otro tipo de gestión”.

Salvador Sánchez Cerén (2014-2019)

$350 millones de dólares es el estimado en pérdidas que El Salvador reporta, al término de la administración del expresidente Sánchez Cerén. La cifra responde a una estimación aproximada divulgada por la Secretaría de Prensa de la Presidencia, de los informes adquiridos por la Corte de Cuentas de la República, poco tiempo después de que se confirmara el acuerdo de “otorgar la nacionalidad nicaragüense en calidad de nacionalizado” al expresidente, según lo constata La Gaceta del Diario Oficial 30-07-2021, en referencia de la resolución N.º 3273.

El modus operandi descrito por la FGR es similar al que ha presentado en miles de folios a sedes judiciales en los casos mediáticamente conocidos como “Destape a la Corrupción” y “Saqueo Público”, donde los principales acusados fueron los expresidentes Elías Antonio Saca González y el de Mauricio Funes.

$183.46 millonesdólares, del total estimado en pérdidas del gobierno de Cerén, no habían sido auditados por la Corte de Cuentas de la República (CCR), al declararse “incapaz de auditar la partida de gastos reservados”, de las cuentas de la presidencia, hasta el año 2019. La declaración respondería a que la presidencia de Cerén habría limitado los exámenes de auditoría a la Presidencia. Sin embargo, las recientes investigaciones de la FGR ampliarían las observaciones en el monto de pérdidas, cifra que ascendería a los $183,860,715.02 dólares.

18 empleados del gobierno salvadoreño participaron en la sustracción dineraria. En específico, los fondos tenían origen de la Cuenta Subsidiaria del Tesoro Público de Casa Presidencial, y eran transferidos hacia 6 cuentas bancarias no autorizadas de la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda, según lo detalló el Ministerio Público Fiscal. Sin embargo, la institución ha hecho pública la identidad de al menos 9 de los imputados.

$152,985,170.69 dólares del tesoro público fueron “retirados en efectivo”, tras la emisión de cheques. Éstos títulos valores beneficiarían a varios de los empleados, en concepto de “complementos salariales”. Uno de los responsables en la emisión de dichas transferencias era Jorge Antonio Revelo, quien ostentaba el cargo de jefe del Estado Mayor Presidencial, quien habría sido capturado en Panchimalco; y habría participado en los hechos porque, según la FGR, “gestionó pagos salariales complementarios para el Estado mayor sin cumplir los requisitos de Ley”.

  • Daysi Armida Díaz, tesorera institucional de Casa Presidencial: Firmó 193 cheques durante su oficio en la administración pública, es decir “durante el período de noviembre de 2016 a mayo de 2019”. Además detalla que el destino de los fondos serían “6 cuentas aperturadas sin requisitos de ley”
  • Alexander Benitez Peña, empresario: $2,170,953.38 dólares habrían beneficiado a dos empresas de las que es propietario. De modo que las empresas beneficiarias de Benitez serían el Taller Box Car, que recibió $969,499.57 dólares del Estado; así como el Taller Frenos y Más, que fue la institución destinataria $1,201,453.81 dólares
  • Jorge Antonio Revelo Vega, ex-jefe del Estado Mayor Presidencial: Según la FGR, “gestionó pagos salariales complementarios para el Estado mayor sin cumplir los requisitos de Ley”. Tras la emisión de varios cheques, fueron retirados en efectivo $152,985,170.69 dólares
  • Manuel Arturo Ayala Orellana, extesorero institucional de la Presidencia: Sus órdenes de captura respondían a acusaciones relacionadas con los delitos de peculado y lavado de dinero. A éste mismo se le materializaron 5 inmuebles y 3 vehículos con valor de $500 mil dólares en enero de 2020. Por ello, la FGR detalla que Ayala acumulaba una orden judicial en el caso Saque Público, y una orden administrativa por el caso de corrupción, durante la presidencia de Cerén.

$3,303,756.00 dólares tenían origen de donaciones transferidas por el gobierno de la República de China -cuyo territorio espacial es popularmente conocido como Taiwán-. Éstos fondos fueron transferidos a las partidas relacionadas con el pago de “complementos salariales del Estado Mayor Presidencial”. Al mismo tiempo, la FGR añade que “algunos de los que recibieron dichos complementos eran familiares del propio expresidente Sánchez Cerén”.

Mauricio Funes (2009-2014)

$351 millones de dólares es el estimado en pérdidas que El Salvador reporta, al término de la administración del expresidente Funes. La cifra responde a una estimación aproximada divulgada por la FGR, en el caso que es conocido como “Saqueo Público”, en el que se ventilan 2,593 pruebas documentales y 24 pericias;y 114 testigos, en contra de 10 funcionarios públicos.

Inaceptable”, así fue como definió el juicio Mauricio Funes, luego de que Tribunal 8º de Instrucción de San Salvador enviara a juicio a la exprimera dama de la República, Vanda Pignato; el exsecretario de comunicaciones, David Rivas; Manuel Rivera, expresidente del Banco Central de Reserva; Rigoberto Palacios Panameño, Francisco Rodríguez Arteaga, Pablo Gómez, Jorge Alberto Hernández Castellanos y Juan Carlos Guzmán Berdugo, suegro de Mauricio Funes

Los imputados en este caso fueron enviados a un juicio de sentencia sin que la FGR haya podido demostrar los delitos por los que son acusados. Lo que cabía era el sobreseimiento. Pero no cabe duda que se ha utilizado el sistema de justicia penal para perseguir al adversario”, opinó Funes. Pese a ello, el Tribunal aún procesará al ex-presidente del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO), José Miguel Menéndez, más conocido como Mecafé, quien es acusado por lavado de dinero y defraudación al fisco, quien continuará en detención.

Por otra parte, en el último administrativo también llevó a juicio a otros tres ex-funcionarios del gobierno de Funes. Sin embargo, el Ministerio Público no rindió detalles sobre su participación en los hechos, de forma pormenorizada.

  • Francisco Rodríguez Arteaga, ex-gerente financiero de la Presidencia
  • Pablo Gómez, ex-asistente financiero de la Presidencia
  • Jorge Alberto Herrera Castellanos, extesorero institucional de la Presidencia

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Alessia Genoves
Alessia Genoves
Periodista, redactora de ContraPunto. Especialista en temas sociales, económicos y de género. Editora de cultura.
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