El subdirector del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), Manuel Escalante, presentó un aviso penal ante la Fiscalía General de la República (FGR), por la destrucción y desaparición de archivos militares relacionados con la masacre de “El Mozote”, ocurrida en 1981,
Esta acción se registra días después, de que el presidente de la República, Nayib Bukele, revelara las razones por las cuales no dejó ingresar a un equipo de especialistas de derechos humanos al Estado Mayor de la Fuerza Armada, para que deberían realizar la respectiva inspección de los documentos, ordenada por el juez de Instrucción de San Francisco Gotera, Jorge Guzmán.
En esa ocasión, Bukele explicó que tomó esa decisión porque los especialista responden a intereses del FMLN, por lo cual buscarían archivos diferentes a los que les están permitidos y entrarían a sectores donde hay archivos estratégicos clasificados.
Además, reiteró que solo habían cinco carpetas de información de la masacre, porque el resto ha sido destruido en durante los últimos 39 años.
Por lo tanto, esto ha provocado una indignación generalizada y que llevó al IDHUCA a interponer el aviso.
“Presentamos el aviso penal a partir de las declaraciones del presidente de la República de que una parte de los archivos relativos al caso de El Mozote habían sido destruidos o desaparecido. Nos parece que esto eventos que el presidente manifestó son suficientes para configurar al menos dos tipos de delitos cometidos al interior de la Fuerza Armada o la participación de ella”, indicó el subdirector del IDHUCA.
Los delitos que podrían configurarse son: supresión, destrucción u ocultación de documentos verdaderos y actos arbitrarios.
LEA TAMBIÉN: Bukele dice que entrega archivos militares de masacre de El Mozote
Escalante manifestó que si bien el autor o autores de la supuesta destrucción de los archivos se desconocen, los actos merecen ser investigados inmediatamente por tratarse de un posible intento por impedir que se juzgue un crimen de lesa humanidad.
Asimismo, configuraron el delito de omisión de aviso, ya que los servidores públicos que revisaron la documentación, debieron de dar un aviso temprano a la Fiscalía General de la República
"Cualquier funcionario del sector público al darse cuenta que hacía falta parte de ellos debían haber dado un aviso", reprochó.
Asimismo, sostuvo que el único interés que les ha movido es la superación de la impunidad, por lo que están pidiendo a la FGR que investigue ser los responsables o de haber destruido o habérse llevado los documentos.
"Estamos anunciando lo que puede ser hecho consecutivo de delito, para que el fiscal pueda investigar quiénes son los culpables. Quiénes estuvieron a cargo de los documentos y bajo su resguardo fueron destruidos. Esperamos que con este documento que estamos presentando el fiscal general busque combatir la impunidad en estos temas ", indicó.
Descontento por destrucción de archivos militares
Por su parte, organizaciones sociales que conforman la Mesa contra la Impunidad, rechazaron el bloqueo a la inspección de archivos militares por el caso El Mozote y lugares aledaños.
LEA TAMBIÉN: Cuestionan preferencia presidencial a militares en caso El Mozote
Por lo tanto, llegaron hoy Casa Presidencial para expresar su postura en la cual indicaron que esa acción "Es revictimizar y perpetuar la impunidad en El Salvador".
En este aspecto, solicitaron que el presidente de la República instruya al Ministro de la Defensa Nacional, y a cualquier otra autoridad militar que den toda colaboración que sea necesaria a partir del día 5 de octubre, fecha en que se ha reprogramado esta diligencia procesal y hasta la finalización de la misma.
Adicionado a esto, que el Ministro de la Defensa Nacional acate la decisión judicial de inspección en instalaciones militares ordenadas por el Juzgado de lnstrucción de San Francisco Gotera.
“Desmentimos las afirmaciones que el Presidente de la República hizo en la cadena nacional de radio y televisión, el 24 de septiembre, en la que manifestó que el Juez que conoce la causa de El Mozote, no tiene jurisdicción para hacer las inspección a los archivos militares. El artículo 172 de la Constitución de la República y artículo 24 de la Ley Orgánica Judicial expresan que corresponde exclusivamente al órgano judicial la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en materias constitucionales, civil, penal, mercantil, laboral, agraria y de los contencioso-administrativo. Además, los Magistrados y Jueces, en lo referente al ejercicio de la función jurisdiccional, son independientes y están sometidos exclusivamente a la Constitución y a las leyes!”, manifestó la Mesa contrala Corrupción en un comunicado.
