desde Ginebra, Juan Gasparini
Se han reanudado las conversaciones trilaterales de los emisarios de las 3 partes. El asesor del Kremlin,Yuri Ushakov, indicó que las negociaciones podrían celebrarse a mediados del venidero mes de noviembre, posiblemente en Abu Dabi (Emiratos Arabes). Zelensky ya consultó con sus aliados europeos, mientras la Corte Penal Internacional (CPI) mantiene los pedidos de captura contra Putin, y su comisaria para la infancia María Alekseyevna, por el robo de niños ucranianos.
Washington lanzó la idea de conversaciones directas cara a cara entre Trump, Zelensky y Putin, por primera vez desde la invasion rusa a Ucrania de 2022. Putin ha preferido el nivel técnico primero, mostrado interés en otros formatos, de momento inciertos. Se ha evocado un cita eventual el 18-19 de noviembre, en el contexto de la cumbre de APEC en Shenzhen (China), pero es evidente que el progreso depende de las conversaciones preparatorias. Perdurarían las divergencias en cuestiones claves como le territorio y garantías de seguridad.
Al tiempo, la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania mandatada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, integrada por el noruego Erik Mose (Presidente), Vrinda Grover (India) y Pablo de Greiff (Colombia), viene de presentar una investigación en Ginebra acusando de crímenes de guerra a Rusia por sus ataques a las fuentes de energía, y el secuestro de jovenes en 29 países, para forzarlos a enrolarse en el Ejercito ruso.
A sus nacionales y a los niños ucranianos robados, Moscú les impone «la educación patriótica y el entrenamiento militar en las zonas ocupadas desde que cumplen los 3 años, así como el reclutamiento de extranjeros mediante engaño, muchos de los cuales murieron poco después de llegar al frente». Paralelamente «los ataques contra la infraestructura energética critica están aumentando la vulnerabilidad de la población civil ucraniana a medida que se acerca el invierno».
Con temperaturas de 20 grados bajo cero, «se han dañado o destruido instalaciones eléctricas, lineas de transmisión, abastecimiento de suministro de calor y gas, y millones de civiles ucranianos han soportado cortes prolongados de electricidad, escasez o largas ausencias de calefacción… haciendo que las condiciones de vida sean cada vez más insoportables para los civiles… Las autoridades Kiev registraron muertes y lesiones relacionadas con el frio».
La Comisión estima que « las autoridades rusas han cometido crímenes de guerra al dirigir intencionadamente ataques contra bienes de carácter civil, así como crímenes de esa humanidad por otros actos inhumanos, al privar a la población civil de servicios energéticos esenciales con el objetivo de causar un gran sufrimiento», agravadas por los cortes de electricidad que a menudo detenían los ascensores, dejando a las personas con frio, hambre, sin medicinas y atrapadas».
«Otro de los asuntos investigados por la Comisión se centra en la imposición de la educación patriótica y militar rusa a los niños ucranianos. Desde el 2022, la Federación de Rusia ha reforzado y subrayado sistemáticamente la educación patriótica en su propio plan de estudios, que ha extendido a las zonas ocupadas. Se han añadido a los programas escolares clases dedicadas a conferencias patrióticas sobre Rusia, incluso para niños de solo tres años».
Esos niños «se han visto obligados a matricularse en escuelas que siguen el plan de estudios ruso, con enseñanzas que glorifican a la Federación de Rusia. El incumplimiento se enfrenta con amenazas y coacción. El entrenamiento militar práctico sobre el uso de armas y ejercicios militares forman parte del plan de estudios obligatorio para los niños a partir de los 14 años… reforzando el adoctrinamiento patriótico”. Algunos de ellos «eligen huir a territorios bajo control ucraniano, a menudo solos, y enfrentan considerables riesgos de seguridad y penalidades».
«La tercera área de investigaciones en curso es el reclutamiento de extranjeros para luchar en el conflicto armado. Muchos de ellos se han unido consciente y voluntariamente tanto a las fuerzas armadas rusas como a las ucranianas. La Comisión se ha centrado en extranjeros de diversos países de diferentes continentes que acabaron sirviendo en el ejército ruso mediante engaño».
«Agentes e intermediarios los atrajeron prometiéndoles lucrativos empleos civiles y facilitaron su viaje a la Federación de Rusia, pero poco después de su llegada se vieron obligados a firmar contratos con el Ministerio de Defensa ruso. La gran mayoría no entendía el ruso ni los términos de estos contratos y acabó sirviendo en el frente. Algunos fueron coaccionados por las autoridades rusas para luchar en Ucrania. Muchos de los reclutas murieron poco después de llegar al frente, siendo reportados como desaparecidos, resultaron heridos o fueron hechos prisioneros por las fuerzas armadas ucranianas».
«Sus familias se han quedado angustiadas buscando desde lejos información sobre la suerte de sus seres queridos, mientras los agentes de reclutamiento suelen bloquear sus llamadas». Todo lo cual «concluye que ese reclutamiento constituye trata de personas y viola derechos humanos fundamentales de las víctimas». Resalta «la importancia de las medidas de rendición de cuentas tanto judiciales como no judiciales, incluida la prestación de apoyo multifacético a las víctimas»
