Con la presentación de cinco carpetas de cartón, el presidente de la República, Nayib Bukele, dijo el jueves que hace la entrega de los archivos militares que supuestamente están relacionados con la masacre que fue ejecutada por el batallón Atlacatl, en diciembre de 1981 en el cantón El Mozote y sitios aledaños, Morazán.
La facilitación de esta documentación, surge luego que el brazo militar de Bukele, impidiera la diligencia ordenada por el Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera, en la cual se iba iniciar este lunes con una inspección de los archivos militares del Estado Mayor de la Fuerza Armada.
En esa ocasión, el equipo de especialistas multidisciplinarios, entre ellos, estaba el juez de Gotera, Jorge Guzmán, quienes llegaron a tempranas horas para poder arranque a la jornada.
Sin embargo, fueron recibidos con una barricada y al acercase al lugar, el juez fue notificado por el coronel Carlos Varela que no lo podía dejar pasar y no le iba a firmar nada.
Ante esto, el mandatario salvadoreño aceptó que no permitió el acceso, por el supuesto peligro de que se dieran a conocer planes secretos actuales.
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“El problema no son los archivos… Porque ellos (El juez, Jorge Guzmán y PDDH) gobernaron 10 años y digo ellos, porque ambos responden al FMLN y saben lo que hay ahí en el Estado Mayor Conjunto; saben que los archivos de El Mozote no están ahí. Lo que quieren es entrar con conocimiento y ver lo que hay ahí y decir abran esa puerta, probablemente para ver que hay en el Comando de Operaciones y enterarse de alguna operación militar de la semana pasada”, afirmó.
Además, confirmó que fue él quien descalificó los archivos al considerarlos que ya no eran estratégicos, por lo tanto, ordenó que se sacaran de donde estaban, se revisaran para posteriormente empaquetarlos y entregarlos a las instancias correspondientes.
Sin embargo, esta acción podría haber sido violatoria de lo dictado por el juez de Gotera, ya que en su sentencia dictó “medida cautelar preventiva que obliga a aquellos funcionarios que tienen bajo su custodia los archivos elegidos para la inspección, evitar que se desplace, sustraiga y oculte cualquier documento de esos archivos”.
Por su parte, el presidente agregó que todo documento que encuentren después, será entregado a la Fiscalía General de la República y al Juzgado.
“Yo determino que los archivos de El Mozote no son secretos y por lo tanto deben ser entregados. a mayoría de archivos, como ustedes esperaran y cualquier salvadoreño se imaginará, fueron destruidos en estos cuarenta años”, manifestó.
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Aclaró que los documentos, que presentó en cinco carpetas y cuyo contenido no especificó, son "el cien por ciento de documentos que hemos encontrado en el Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada y en los cuarteles que se supone pudieron haber participado en la masacre".
En este sentido, dijo que no tiene algún motivo para esconder los archivos, si le pueden servir de redito electoral, porque “si estuvieran los archivos completos, como quisiéramos, aparecerían nombre de personajes y reuniones y probablemente encontráramos los padres o los abuelos de ARENA o arenita en esos documentos”.
En un detalle, en cadena nacional, minutos antes nombró como embajadora de El Salvador en Washington a la parlamentaria, Milena Mayorga de Monterrosa, quien es nuera del coronel Domingo Monterrosa, quien era el principal comandante del batallón Atlacatl.
Además de ello, Mayorga ha expresado en reiteradas ocasiones su afecto a Monterrosa y lamentó que retiraran el nombre del coronel de la Tercera Brigada de Infantería en San Miguel.
La masacre de El Mozote al norte de Morazán encierra una serie de masacres en el departamento se dio en el marco de un operativo del Ejército de El Salvador, a quien se le atribuye la matanza de cerca de 1,000 personas, en su mayoría menores de edad, ocurrió en diciembre de 1981.
La operación que se investiga y que había sido cerrada por la vigencia de la Ley de Amnistía , la llevó a cabo el Batallón de Infantería de Reacción Inmediata Atlacatl, con el apoyo de la fuerza aérea. Entre 1,000 y 2,000 militares se desplegaron en busca de un posible campo de entrenamiento de la exguerrilla, ahora Partido Frente Fabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
De acuerdo con los registros, esa operación se extendió a varias localidades del noreste de El Salvador, entre el 10 y el 13 de diciembre.
Defensores de derechos humanos denunciaron agresiones
En el momento de la inspección en el Estado Mayor de la Fuerza Armadea, Wilfredo Medrano, representante de Tutela Legal, denunció que patrullas militares llegaron a las afueras del Estado Mayor, para hostigar al equipo de especialistas y quererlos amedrentar para evitar hacer vigente la orden de inspección.
“Nos acusaron de ser terengos, que, porque no investigamos a los guerrilleros, que queremos hacer daño a todos los oficiales que dieron su vida por la Patria y especialmente un ataque directo a David Morales, por su calidad de exprocurador de los Derechos Humanos y tomaron fotos a las placas de los carros… Era un grupo de choque, que llevaron”, se mostró indignado Medrano.
Por lo tanto, el representante dijo que es una grave irresponsabilidad de parte del presidente de la República, Nayib Bukele, debido a que él ha dado la autorización para bloquear la acción judicial.
En este sentido, dijo que el Gobierno estaría incurriendo en los delitos de incumplimiento de deberes, actos arbitrarios y desobediencia.
“Esa actitud la consideramos un desprecio a las víctimas. Recordemos que recibió a las víctimas de El Mozote y acá están presentes, es algo contradictorio”, reprochó.
Agregó, que este bloqueo es incongruente con lo dicho por Bukele que prometió dar información desde la A a la Z sobre los casos de violaciones de los derechos humanos durante el periodo del conflicto armado.
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“Manda a sus emisarios a dar el visto bueno en el juzgado de Gotera, que consta en acta, y ahora bloquean con barricadas y es más, convocaron a unos patrulleros que fuimos objeto de agresión… Las resoluciones se deben cumplir, no son negociables”, sostuvo.
Además, indicó que esta administración no se diferencia en nada a las anteriores, ya que no permiten esclarecer esta problemática.
“Esperamos que se flexibilicen y se continúe con las inspecciones y vamos a insistir que se inicie en el Estado Mayor… Queremos ver si no nos bloquean en las demás inspecciones que queremos hacer”, manifestó.
De igual forma, el querellante y exprocurador de los Derechos Humanos, David Morales, expresó su descontento ante el bloqueo judicial.
“Se trata de una desobediencia a una orden judicial, estando en el Estado Mayor de la Fuerza Armada esta es una decisión de obstaculizar del más alto nivel, es decir, del comandante general y presidente de la República, el señor Merino Monroy y el Alto Mando que decidieron a no dar acceso a los archivos”, expresó.
Destacó que esta acción es ilegal, para proteger a criminales de guerra y de profundo desprecio a las víctimas sobrevivientes.
“Es lamentable contradiciendo su mismo discurso, el presidente de la República sea un presidente más de la impunidad. Estamos a la espera para tener contacto con el tribunal para firmar el acta y certificar a la Fiscalía lo sucedido y se deduzca responsabilidades”, detalló.
Entre tanto, el Juez Guzmán se trasladó al Consejo Nacional de la Judicatura para notificar sobre este bloqueo y que sea visto por las entidades correspondientes.
