Las condiciones que el COVID-19 han impuesto a la dinámica económica global, va desde la ralentización de los diferentes procesos financieros, hasta el llano frenado en seco de los mismos, interrumpiendo vastas operaciones que consecuentemente han generado pérdidas para quienes emprendieron al inicio del presente año.
Uno de los procesos cuyo impacto no podemos aún apreciar lo es el derivado de la actividad agrícola, la cual se ha visto interrumpida desde sus orígenes hasta el traslado del producto final, quebrando las cadenas que así dependen de ésta.
Consecuentemente podemos ver como el coste de tales productos empezaron a incrementarse, y en breve veremos surgir el hambre en algunas latitudes, la cual se agudizará en la medida en la que las sociedades afectadas carezcan de resiliencia o de reserva ninguna.
Nuestro país para el caso, desde los años 90’s cuando iniciara el proceso de ajuste neoliberal aplicado a nuestra economía por la derecha gobernante, descarto desde entonces las actividades agrícolas para sustituirlas por el fracasado modelo basado en la oferta de bienes y servicios existente aún en el país, observando año con año una acusada reducción no solo de la producción agrícola en general, sino además el parque territorial dedicado a ello.
Para ejemplificarlo examinemos apenas el caso de las tierras de la zonas central y paracentral del país, que hace treinta años dejaron de producir, o al menos redujeron en gran medida, toda la variedad de frutas, verduras y cereales que para entonces generaban, para en ves de ello, se dedicarán a la construcción de zonas residenciales o fabriles.
Tampoco hace treinta años se potenció la educación estatal en materia agrícola, o las tecnologías orientadas desde el Estado al desarrollo del sector, y sí en cambio pudimos apreciar como en una etapa temprana de las reformas referidas se cedieron tales funciones estatales, como otras, a privados, quienes por supuesto sacrificaron la iniciativa estatal, privilegiando aquellas de origen privadas, reduciendo en el tiempo las capacidades que desde el estado, la agricultura tuvo, pues a la par de ello, recordemos, insumos y aperos incrementaron desmedidamente sus cuantías en el evidente ánimo de reducir y desincentivar la producción agrícola nacional.
Ello ha vuelto cada vez mas dependiente al país de la compra de excedentes agrícolas y cárnicos de nuestros vecinos, los cuales hasta ahora pudieron cumplir con la demanda del mercado salvadoreño – pues el comercio regional ha dependido siempre de la premisa derivada de la necesidad permanente de la alimentación – el cual se conservará sin nunca considerar variables como la que ahora ha impuesto el COVID-19 a los mercados, y que la situación presente impondrá modificar.
Para el caso, si la situación se agudiza, muy probablemente quienes nos proveen cerraran sus mercados internos, para protegerse, lo cual es comprensivo y válido, por lo que tal posibilidad impone de urgencia recuperar la producción agrícola y cárnica, para proteger el mercado nacional, pero también como medio para recuperar empleos, instalando a un alto porcentaje de la población desocupada pero, sobre todo, asegurando la soberanía alimentaria.
