Por Benjamín Cuéllar
Con toda la legitimidad del mundo, El Salvador debería presumir de un lujo en la historia sobre la defensa de los derechos humanos de sus mayorías populares. Cuando el régimen encabezado por el coronel Arturo Armando Molina cacareaba ante el mundo que era “el país de la sonrisa” y celebraba el Miss Universo 1975, la sangre del pueblo reprimido empapaba cada vez más su territorio. Pocos días después del cierre de ese concurso, esta corrió por las calles capitalinas el 30 de julio. En tal escenario de ficción oficial y aflicción nacional nació el Socorro Jurídico Cristiano a mediados de agosto, acompañando a víctimas de violaciones de su dignidad con servicios legales gratuitos y una osada denuncia nacional e internacional de las mismas.
Este organismo humanitario, ubicado entre los pioneros que en las Américas impulsaron esfuerzos similares en condiciones de alto riesgo, ya existía cuando monseñor Óscar Arnulfo Romero asumió –el 22 de febrero de 1977– la titularidad de la arquidiócesis de San Salvador. El 31 de marzo de 1978, el arzobispo dejó constancia en su diario personal de la principal reunión de ese día: fue, precisamente, la que tuvo “con abogados y estudiantes de derecho” integrantes de “una pequeña oficina” instalada en el Externado San José. Se trataba del “Socorro”, como se le conoció con el paso del tiempo.
Se juntaron pues un buen pastor, que décadas más adelante alcanzaría la santidad por su entrega martirial a tan insegura pero necesaria causa, y un ente que ya había demostrado su valor; este, al incorporarse a la dinámica del prelado, potenció el impacto de su ya comprometida labor. Ese es el lujo al cual me referí antes. No obstante, la represión gubernamental y la violencia insurgente continuaron en ascenso hasta que después de 1980 –período cruento y despiadado en el cual ocurrió el magnicidio de Romero– estallara la guerra que finalizó hace treinta años, luego de que las fuerzas beligerantes firmaran los acuerdos para ello.
En uno de estos, el suscrito en México el 27 de abril de 1991, entre otras reformas constitucionales que deberían aprobarse se decidió crear la figura del defensor o la defensora del pueblo. Así nació la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Pero nació mal y malquerida. “La presencia de la Procuraduría –se lee en un informe del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas de noviembre de 1992– no se ha hecho sentir todavía en la sociedad ni en el tratamiento de los derechos humanos”. Y aseguró que no había “estado presente en la investigación de hechos” que podían constituir “graves amenazas” a aquellos. “No ha intervenido en forma significativa dejando huella social”, sentenció categórico dicho funcionario.
Ello ocurrió, en parte, porque el quehacer del primer procurador no fue del todo adecuado. Independientemente de sus cualidades y capacidades personales así como del cumplimiento de ciertos requisitos formales –nacido salvadoreño, seglar y mayor de 35 años– Carlos Mauricio Molina no daba la talla al carecer de una “reconocida trayectoria en la promoción, educación y defensa de los derechos humanos” ni tener “amplios conocimientos” sobre estos. Le siguió Victoria de Avilés, quien tuvo un destacado desempeño; seguramente eso alertó a los partidos políticos y a sus dueños, sobre todo, acerca del peligro de nombrar a alguien con igual o mejor perfil. Por eso eligieron como tercer procurador a Eduardo Peñate Polanco, de no muy grata recordación; este, al menos, renunció a la mitad de su mandato.
Posteriormente desfilaron por el despacho cinco profesionales del derecho hasta llegar a su actual inquilino: Apolonio Tobar. Desconocido en el medio, al inicio despertó dudas y luego expectativas. Sin embargo, dos cosas positivas deben destacarse: haciendo uso de sus facultades cuestionó, con fundamento, mucho del actuar de Nayib Bukele durante la pandemia; asimismo, consultó aceptablemente a las víctimas de las atrocidades ocurridas antes y durante la guerra sobre sus sentimientos, necesidades y esperanzas. Iba bien, hasta que llegó el 1 de mayo del 2021. Desde entonces, tras el desmantelamiento de la Sala de lo Constitucional y la destitución del fiscal general, prácticamente desapareció. Cuando por fin regresó, lo hizo enfundado con la camisa cian del oficialismo asegurando que la democracia en el país no peligraba y –recientemente– que en El Mozote el Gobierno está actuando bien.
Por todo lo anterior podemos asegurar que en El Salvador tuvimos un defensor del pueblo de lujo, al que asesinaron hace 42 años: san Romero de América. Pero, en perjuicio de sus habitantes, ahora debemos lamentar lo que tenemos: un inofensivo “defensor del puesto”…
