Por Alessia Genoves
“Que digan los mismos de siempre que estamos interviniendo teléfonos de periodistas, eso no existe”, aseguró el titular del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP), Gustavo Villatoro. La declaración responde a denuncias suscitadas por presuntas vulneraciones a la confidencialidad de gremios periodísticos, con acusaciones directas al Estado, de entre las 92 reportadas.
103 presuntas afectaciones a la libertad de prensa, asimismo, cuantifica la Asociación de Periodistas de El Salvador. Pese a las aclaraciones de Villatoro, la representante de la organización, Angélica Cárcamo, sostiene que en la modificación a la Ley Especial para la Intervención de Comunicaciones “se eliminan los controles, se facilita la violación a derechos y se podría dar el espionaje”.
Intervención y periodistas
27 reformas a la Ley Especial para la Intervención de Telecomunicaciones fueron avaladas, de la propuesta de Reformas suscrita en el Dictamen Favorable N.º 9, de la Comisión de de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad. En la Plenaria Ordinaria N.º 80, la propuesta recibió 84 votos a favor.
Precedidas por “una orden judicial”, las reformas establecen las condiciones para la intervención de telecomunicaciones. La finalidad es la de ampliar el alcance de las investigaciones sobre hechos delictivos como los feminicidios, los homicidios, delitos sexuales; y así como aquellos relacionados con el crimen organizado, la narcoactividad y hasta la corrupción del Estado (art. 5).
Sin embargo, periodistas como Cárcamo sostiene que con la reforma se “puede interferir nuestras comunicaciones de forma discrecional y con la posibilidad de cometer arbitrariedades”. Estos señalamientos no implicarían exclusivamente al gremio periodístico, sino también a la población en general, sobre la que recaen las condiciones establecidas en la intervención de telecomunicaciones.
La ley, pese a los señalamientos de Cárcamo, establece en su jurisdiccionalidad, que “sólo podrán intervenirse las telecomunicaciones con previa autorización judicial, escrita y debidamente motivada, en los términos de la presente Ley”. Reafirma, en ese sentido, que “la intervención se mantendrá durante el tiempo autorizado por el juez” (art. 2).
Cárcamo, asimismo, reitera que las reformas “obligan a las compañías telefónicas a brindar toda la información, desde datos personales, de navegación y hasta de geolocalización”. Pero la anterior legislación también obligaba a los operadores a rendir los informes requeridos a la Fiscalía General de la República (FGR), en tanto al articulado 30-A y a su reforma.
Y, de hecho, la anterior legislación se basaba en el artículo 238 del Código Procesal Penal, que establecía, entre otras cosas, la notificación judicial previa. La diferencia es, desde luego, es que la reforma hace explícita la documentación digital de los datos de identidad, e información de navegación y de geolocalización, como indica Cárcamo, tal y como lo establece el Código, con los “documentos públicos, auténticos y privados”.
Villatoro, por su parte, no comparte la opinión de Cárcamo. En su lugar, indica que, al menos el término de “imagen” se habría malinterpretado, según lo indicó en el programa de entrevistas de Frente a Frente, conducido por el periodista Enríque Zeledón:
- Zeledón: Hay gente que dice que hoy les van a poder ver todas sus fotografías, y todas sus conversaciones, porque la ley así lo permite ¿Eso es cierto? -Villatoro: No. Eso se aclaró en aquel momento. Se lo aclaramos y nos reunimos con los cuatro operadores y el superintendente también. Creo que era una distorsión en la lectura. En 2001 se reformó la Ley de Telecomunicaciones para que aquel ciudadano que quería activar una linea, fuera identificado. Y se crearon los formularios. Esta reforma lo que lleva es que ésta información se colecte de manera digital. No estamos hablando de invadir redes sociales. No. La palabra imagen era la imagen del documento. Pero ya estoy obligado yo, desde el 2001, a identificar
Vulneraciones y la prensa
35 dispositivos celulares habrían sido intervenidos con el software espía Pegasus, hasta el pasado 8 de febrero. El registro responde a notificaciones de la plataforma IOS, que indicaron a las presuntas víctimas, presuntas afectaciones a su seguridad. Y aunque la cifra, en realidad, respondía a un acumulado, desde el mes de noviembre de 2021, APES reportaba al menos 24 afectaciones a periodistas.
Pegasus es un programa malicioso, especializado en la intervención de dispositivos cibernéticos. Ha sido diseñado por la agencia de ciber-seguridad Israelí, NSO Group, con motivo de garantizar la seguridad del gobierno, así como de los gobiernos en otros Estados. Por tal razón, el anterior representante de APES, César Fagoaga, sostenía que las afectaciones podrían provenir del Estado de El Salvador, al ser uno de los potenciales clientes de agencia israelí.
Y aunque los señalamientos no han sido aclarados por autoridades de gobierno, el pasado 22 de febrero, el exvicepresidente de la República y representante del FMLN, aseguró que Pegasus era un “programa vino de México. El programa ya estaba aquí de uso policial. El Gobierno lo utilizaba para todo el tema de georreferencia”.
103 presuntas afecciones a la libertad de prensa registró APES hasta el pasado 12 de octubre de 2022. 81 de los casos habrían sido reportados individualmente, otro 10 de forma colectiva, y otros 9 los habrían reportado APES (2) y los Medios (7).
92 presuntas agresiones a periodistas, por otra parte, habrían sido registradas por APES hasta el 31 de octubre de 2022. La cifra es inferior a las 219 presuntas vulneraciones del año 2019; y a las 125 del año 2020; pero es mayor a las 77 del año 2019, y a las 65 del año 2018.
La periodista de la Revista Gato Encerrado, Karen Moreno, añadió que la presidenta de APES “menciona que la cifra es menor con respecto al año anterior, pero señala que hubo casos más graves, tales como intervención de celulares con Pegasus”.
Ante los supuestos, el titular del MJSP aseguró que los escenarios de intervención de dispositivos electrónicos no tenían lugar en el país:
- Zeledón: ¿No permite el Régimen de Excepción la intervención de telecomunicaciones? - Villatoro: Sí lo permite. ¿Pero, qué pasa?. Leéte la Ley de Intervenciones. Te dice que aún bajo el Régimen de Excepción hay que ir a pedir autorización judicial. Y que digan los mismos de siempre que estamos interviniendo teléfonos de periodistas, eso no existe.
