miércoles, 29 mayo 2024

Fiscal denuncia resistencia de Interpol para detener a Cristiani

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Fiscal Rodolfo Delgado denuncia resistencia de Interpol para detener a Cristiani. Sostiene que la institución está “tratando de ver éste caso como un caso político”. Es acusado de participar en la muerte de 6 jesuitas y 2 colaboradoras de la UCA, y de robar millones del Estado.

Por Alessia Genoves


Alfredo Cristiani permanece prófugo de la justicia, y el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Rodolfo Delgado, denuncia resistencia para que la Policía Internacional (Interpol) formalice una alerta de captura. Según lo detalló el fiscal, la organización estadounidense está “tratando de ver éste caso como un caso político”; es decir, que presume persecución política, debido al cargo que ostentó desde 1989 a 1994. No toma en cuenta que los motivos de su detención responden a la participación en delitos como corrupción y homicidio.

Creo que es un mal mensaje para las instituciones que nos encargamos de la persecución del delito que, bajo ciertas valoraciones, algunas de ellas bajo criterios muy subjetivos, se esté excluyendo a los políticos de que puedan ser objeto de una captura de parte de Interpol”, sostuvo fiscal Delgado, al referirse a las solicitudes por decretar alerta, sobre las imputaciones contra Cristiani. Según lo aclara, “hay actores políticos, los acusados son políticos, o al momento de que ejecutaron los hechos eran políticos”.

$68 millones USD es el saldo aproximado en la retención de los bienes materiales y sociedades adscritas al ex-presidente Cristiani. Ello responde a las medidas cautelares ordenadas por la FGR, en el curso del proceso judicial, a la expectativa de que éstos pasen a ser administrados por el Concejo Nacional de Administración de Bienes (Conab). A ello se añaden los arraigos tramitados en el Dictamen de Acusación, éste 5 de junio, que le implican, junto a otros 15 acusados, en el asesinato de 6 jesuitas y 2 colaboradoras.

Interpol niega detener a presidentes

Interpol es una, ha sido históricamente una valiosa herramienta para perseguir delincuentes de toda naturaleza”, comentó el fiscal Delgado. La institución se define como una “organización política independiente”; una condición que se halla patente en el artículo 3 del “Estatuto de la OIPC-Interpol”. Por su fuera poco, también está facultada en la persecución de delitos de corrupción, a través del “Centro de Interpol contra la Delincuencia Financiera y la Corrupción”.

Sin embargo, la institución ha negado, en numerosas ocasiones, la difusión de la alerta roja, en casos donde se persigue la corrupción en el país. Un hecho ejemplar puede citarse en el proceso administrativo que persiguió al ex-presidente Mauricio Funes (2009-2014), por la presunta comisión de los delitos de “malversación de fondos estatales, pago de sobornos y la divulgación de archivos secretos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos”; e implicaron acciones como la malversación de $351 millones USD de Presupuesto de su Gobierno; y el manejo irregular de otros $108.5 millones USD en la construcción de la represa Chaparral.

Funes, quien alegó persecución política, huyó del país para recibir la nacionalidad de Nicaragtua en el año 2016. El artículo 43 de la Constitución de Nicaragua prohíbe la “extradición por delitos comunes y conexos” a sus ciudadanos; e impide “ser objeto de extradición del territorio nacional”. En los dos años posteriores, la Interpol reiteraría una excusa similar, avocando el artículo 3 del referido Estatuto, en el que reza que “está rigurosamente prohibida a la Organización toda actividad o intervención en cuestiones de carácter político, militar o racial”, de acuerdo con las declaraciones del entonces titular de la Policía Nacional Civil (PNC), Howard Coto.

Delgado daría a conocer un anuncio similar, para el caso de Cristiani, sosteniendo que “ellos están, de alguna manera, tratando de ver este caso como un caso político, es decir, eso es la valoración que ellos hacen”. Ante la controversia, sostiene: nosotros hemos presentado pruebas, hemos presentado evidencias, tenemos testigos que nos aseguran que eso, esos fueron los hechos que acontecieron, por lo menos refiriéndome al asesinato”; es decir, al caso de los 6 jesuitas asesinados, y de las 2 colaboradoras.

ContraPunto observa que los requerimientos probatorios quedarían patentes en el Dictamen de Acusación, presentado ante el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador. En el Caso Jesuitas, ha sido identificado por reunirse con “los Integrantes del Alto Mando: El Ministro de Defensa y los Vice-ministros de la Defensa y Segururidad Pública, Inocente Montano”, antes del atentado que cegó la vida de los jesuitas

Añade la representación fiscal que “la investigación en el caso ha determinado que el expresidente Cristiani y el padre Ignacio Ellacuría, rector de la UCA de la época, sostuvieron varias llamadas telefónicas previo a la masacre”, detalla la representación fiscal ante la prensa. “En una de las llamadas, Cristiani le asegura que no debe preocuparse por el registro que se ejecutaba en la UCA y le pide que permanezca tranquilo y en el lugar”, añade.

Cristiani resguardado por EEUU

Interpol, pues, negaría la difusión de la alerta roja para requerir la detención de Cristiani. Para el año 2022, el ex-presidente expresó su disconformidad ante el trámite de acusación formal divulgado por el fiscal Rodolfo Delgado, por los delitos de “comisión por omisión en el delito de asesinato y de encubrimiento”. Sin embargo, el acusado alegó “persecución judicial”; además, argumentó que no habría participado en los delitos referidos por su participación activa en la judicialización del caso.

Desde el primer día exigí una investigación objetiva al jefe de la Comisión de Investigaciones de Hechos Delictivos de El Salvador”, refirió a los hecho Cristiani, según lo expuso su hija, Claudia Cristiani en marzo de 2022. Añade que, “con el fin de mejorar la calidad técnica y de disipar posibles dudas sobre su credibilidad, solicité al FBI de los Estados Unidos, a Scotland Yard de Inglaterra y a la Policía Nacional de España nos brindaran apoyo en la investigación y así lo hicieron”.

Cristiani salió del país. Un mes antes de la divulgación de la misiva, en febrero de 2022, Según lo divulgó Claudia Cristiani, el ex-presidente regresaría a España: “a veces las dificultades se convierten en oportunidades. Círculos. Retornamos a las madre patria”. Sin embargo, hay que hacer notar que las acusaciones contra Cristiani tendrían lugar en los meses anteriores, ya que fue el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, quien reafirmaría el 8 de diciembre de 2021, quien declararía sus intenciones para perseguir a Cristiani judicialmente.

El contexto de los señalamientos obedece a los conflictos suscitados con la ex-encargada de Negocios de EEUU, Jean Manes, hasta la deposición de su cargo, que sería sucedido por su sucesor, Brendan O’Brien, en aquel momento. Expresando sus disconformidades contra la anterior representante, divulgaría algunas de las conversaciones intercambiadas con Manes, que la comprometen en la interrupción de algún intento de detención contra Cristiani.

En nuestra última reunión, la ex encargada de negocios de EEUU, Jean Manes, me pidió 4 cosas: 1. La liberación de Ernesto Muyshondt. 2. La no reelección del Fiscal General Rodolfo Delgado. 3. El compromiso no tocar a dos personas: Alfredo Cristiani y Douglas Meléndez”, manifestó Bukele. Aunque se desconoce el motivo por el que Manes le pidió no tocar a Cristiani y a Meléndez, es sabido que EEUU reconoce que, entre sus propiedades, la empresa Semillas Cristiani Burkard han sido judicializadas por el Departamento de Estado, en el mismo caso que persigue a la empresa Monsanto gene, por la venta a sobreprecios de sus productos, que encima eran cancerígenos.

Ahora, ante la inasistencia de Interpol para proceder a la detención de Cristiani, el Fiscal Delgado indicó que procederá su juicio en ausencia. “Nuestro ordenamiento legal permite el juzgamiento en ausencia y, si es necesario, pues lo vamos a hacer”, refiere, tras la reforma del artículo 43 del Código Procesal Penal. “Creo que el resultado, al final, es el mismo si una persona no está presente ante los tribunales salvadoreños y respeta la justicia salvadoreña de esa manera y decide no presentarse a las diferentes audiencias, es básicamente porque él tácitamente está renunciando su derecho de defensa material durante todo un informe que antecede esta investigación con el informe de la verdad”, señala.

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Alessia Genoves
Alessia Genoves
Periodista, redactora de ContraPunto. Especialista en temas sociales, económicos y de género. Editora de cultura.
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