La Fiscalía General de la República (FGR) ha presentado dos peritajes al Juzgado Quinto de Instrucción de San Salvador en el proceso legal que involucra al exministro de Obras Públicas, David Gutiérrez Miranda. Estos peritajes incluyen una evaluación técnica documental y una pericia financiera contable vinculadas al proyecto del bulevar Diego de Holguín tramo dos.
Pericia técnica documental: Incumplimientos en la supervisión del proyecto
La primera pericia técnica documental, según las declaraciones del fiscal del caso, busca evidenciar cualquier falta de acción o supervisión que pudo haber causado problemas en el desarrollo del proyecto: “Con estas pericias se pretende establecer, con la primera de ellas, que la técnica documental evidencia todas aquellas omisiones o incumplimientos en la supervisión o en la debida diligencia que debió haber llevado a cabo el señor David Gutiérrez Miranda en la supervisión y construcción del mencionado proyecto”.
Pericial financiera contable: Establecimiento del perjuicio económico al Estado
De acuerdo con las declaraciones textuales del fiscal, estas pericias han corroborado que se produjo un perjuicio económico al Estado que supera los 10 millones de dólares.
En palabras del fiscal del caso, “hemos logrado demostrar que el Estado salvadoreño ha sufrido un perjuicio económico considerable, y esta suma deberá ser exigida al señor David Gutiérrez Miranda a través de la responsabilidad civil”.
¿Qué solicita la FGR?
En este caso, la representación fiscal exige esta cantidad al señor David Gutiérrez Miranda a través de lo que es la responsabilidad civil en la etapa preliminar, según explicó el representante fiscal del caso.
Los hechos por los que se está procesando al exministro ocurrieron entre diciembre de 2005 y febrero de 2007, período en el cual David Gutiérrez Miranda desempeñaba el cargo de Ministro de Obras Públicas. Durante su función, debía asegurar que el proyecto del bulevar Diego de Holguín tramo dos se cumpliera en un plazo de 420 días, lo cual, según la Fiscalía, no se cumplió debidamente, repercutiendo en un daño económico efectivo al Estado salvadoreño.
En enero de 2022, la Fiscalía había acusado a Gutiérrez por supuestos actos de corrupción, responsabilizándolo de un daño económico estimado en $13,763,132. El exministro, quien fungió entre junio de 2004 y diciembre de 2006, enfrentará una audiencia preliminar por el delito de peculado el próximo 10 de enero de 2024.
