En los últimos años se han visto esfuerzos para fortalecer a la Fiscalía General de la República (FGR), sin embargo, la investigación y persecución del delito son desafíos complejos, que requieren de una labor permanente para actualizar las herramientas, conocimientos y estrategias que permitan dar una respuesta efectiva para promover la acción de la justicia en el país, según la apreciación de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE).
Aunque son muchos aspectos a los que hay que prestar atención, hay cuatro áreas que requieren diferentes acciones para robustecer el trabajo del Ministerio Público.
Dar herramientas para la investigación fiscal y persecución del delito; estabilidad, protección y fortalecimiento del talento humano, fortalecimiento de la gestión estrategia institucional y por último garantías a víctimas, testigos y denunciantes.
Contar con una institución fuerte, pasa por garantiza estabilidad, protección y tecnificación del recurso humano, Para ello es necesario hacer reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía, que incorporen estabilidad y protección del personal.
FUNDE señala que de la misma manera, hay que establecer mecanismos de certificación de fiscales en aras de garantizar la calidad de los mismos.
También se necesita brindar protección por medio de la Ley de la Carrera Fiscal. Además de incorporar elementos de evaluación, capacitación y desarrollo del talento humano.
FUNDE estoma que deben de mejorarse los mecanismos de reclutamiento y designación de personal, desde el fiscal Adjunto, hasta todas las personas que deseen ingresar a la institución, incorporando elementos que permitan contar con mecanismos de seguimiento y de depuración.
En términos generales, se identifican potencialidades para el fortalecimiento de la gestión estratégica institucional.
En la Asamblea Legislativa, los diferentes grupos parlamentarios están conscientes de que a la Fiscalía hay que dotarla de más fondos y han planteado una reforma al artículo 193 de la Constitución, para que la institución tenga cada año una asignación del 3% de los ingresos corrientes del Presupuesto General de la Nación.
La Fiscalía General solicitó $99.1 millones. En el presupuesto 2020 se le asignó una partida de $78 millones.
Si contara con el 3% que proponen los legisladores, la FGR podría llegar a tener más de $200 millones.
Incluso, el fiscal General, Raúl Melara, afirmó que en estos nueve meses de su gestión ha encontrado una institución con distintas necesidades.
“Ni siquiera contamos con un inmueble propio para alojar nuestras oficinas fiscales. Se alquilan 11 inmuebles, solo en San Salvador, con un costo que supera los $2.5 millones anuales.”, reveló.
“Pese a esta dura realidad, decidimos no quedarnos con los brazos cruzados. Los casos procesados por esta administración "suman más de $600 millones, dinero que pudo haber sido ocupado en Salud, Educación, infraestructura, mejores servicios y mejor calidad de vida para todos.”
