Acusados de recaudar US$35 mil dólares, por “extorsiones” y “amenazas de muerte”, un total de 15 personas, presuntamente “pertenecientes al crimen organizado”, fueron llevados a prisión durante ésta tarde, según así lo confirman las autoridades de la Unidad de Patrimonio Privado de la oficina de la Fiscalía General de la República (FGR) de Usulután.
“Los imputados fueron capturados la semana pasada con órdenes de la Fiscalía y se les ha procesado también por el delito de Proposición y Conspiración en el delito de Homicidio, Actos Preparativos en el delito de Droga y Agrupaciones Ilícitas”, detalla la unidad de investigaciones.
La unidad de investigación, además, destaca que los quince reclusos habrían pertenecido a una estructura “pandilleril”, conformada por un total de 22 personas activas; y que operaban en los municipios de Oztlán y Usulután; en las zonas de la Isla Méndez y Tierra Blanca de Juquilisco. Otros de los presuntos miembros también operaban en la zona de San Carlos Lempa, de Tecoluca.
Entre los detenidos, la FGR asció a Moris Palacios, como la persona encargada en la realización de los “actos preparatorios”. Además, señaló a José Serpas, en la realización de actos de “conspiración en homicidios”. Además, destaca señala a 7 personas de efectuar los operativos de extorsión; entre ello, Cristopher Martinez, José Soriano, José Monjarás, José Guzmán, Nixon Alvarado, María Juana y María Elizabeth Serpas.
A través de herramientas tecnológicas de rastreo, se determinó la geo-localización de los ahora incoados; así como la individualización de los sujetos en las operaciones sobre las que ahora son incriminados. Sin embargo, también declaró que al menos 7 de las 22 personas acusadas son “prófugos de la justicia”.
”El dinero obtenido, lo invertían en la compra de armas y droga. Ahora, lo han utilizado para pagar a los abogados que representan a otros mareros que ya guardan prisión en diferentes centros penales”, se detalló en el informe fiscal.
Los 15 reclusos enfrentaron, ésta tarde, juicio en el Juzgado Especializado de Instrucción de San Miguel. La autoridad judicial determinó la imposición de una “instrucción formal con detención provisional”.
