El fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, solicitó a los diputados de la Comisión de Legislación de la Asamblea Legislativa la modificación del artículo 32 del Código Penal, para que los delitos de corrupción no prescriban y puedan ser perseguidos, a fin de recuperar el dinero mal administrado por parte de los funcionarios públicos.
“Nosotros, como Fiscalía, estamos anuentes a que se realice una eventual reforma al inciso final del artículo 32 del Código Procesal Penal”, sostuvo Delgado ante los legisladores.
Según el fiscal, la falta de consensos entre las anteriores fuerzas políticas en la Asamblea impidió la reprobación de estas reformas que eran necesarias para esclarecer actos de corrupción de los gobiernos anteriores.
“Hemos visto, en el pasado, acciones que ha realizado la Fiscalía en contra de diversas administraciones que han pasado por el Órgano Ejecutivo; sin embargo, no han podido esclarecer dichos casos”, señaló.
Delgado añadió que los partidos políticos en anteriores periodos legislativos se negaron a estudiar las reformas que permitirían esclarecer los actos de corrupción.
“En nuestro país, el tema de la imprescriptibilidad de los delitos no ha tenido relevancia porque no se han realizado los acuerdos legislativos que se traduzcan en leyes”, dijo.
El Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana Contra la Corrupción señala que la imprescriptibilidad puede configurar un mecanismo válido para salvaguardar un patrimonio público.
El fiscal asistió a la comisión de trabajo para dar su punto de vista a la reforma presentada por el Ejecutivo el 27 de julio pasado.
