Por Álvaro Rivera Larios
A los delincuentes hay que juzgarlos y condenarlos, sin lugar a dudas. En nuestra época, sin embargo, hay disciplinas cuyo objeto de estudio son el delito y los delincuentes. Así es como hay una sociología del delito. Sería una burda falacia decir que una sociología del delito tiene por objetivo justificarlo. Y por lo mismo es una falacia sugerir que toda explicación que se intente sobre el gobierno de Bukele es una treta para justificarlo.
Nuestra oposición, en lo que respecta a Bukele, se queda siempre en el lado de la condena normativa. Hay un modelo legal establecido sobre lo que representa un gobierno democrático y la oposición se limita a denunciar las maneras en que el actual gobierno lo transgrede. Y eso es todo, se condenan estas o aquellas decisiones gubernamentales, pero nadie se molesta en situarlas dentro de un marco explicativo. Tampoco definir es explicar como algunos creen, así que no basta con subrayar una práctica desviada haciéndola encajar dentro de los rasgos que se atribuyen a una “Dictadura”. Y es que no todas las dictaduras se parecen ni todas emergen en el mismo contexto y por eso deben analizarse con las herramientas de las llamadas “Ciencias sociales”.
Tienen razón quienes afirman que el estilo del actual gobierno es una ración más gorda de la política de siempre. Pero lamentablemente, nadie se ha parado a investigar a qué obedece dicha continuidad: cómo es que el gobierno incurre en los peores defectos de gobiernos anteriores; cómo es que cambian los presidentes y los partidos en el poder, pero permanecen intactos los tradicionales vicios de nuestra política.
Bukele es más de lo mismo y, al mismo tiempo, también se lo presenta como una ruptura: ha dejado de ser presidente para convertirse en un dictador. Pero si el dictador es más de lo mismo también representa una continuidad respecto a su pasado democrático inmediato y es así como podríamos ver a Bukele como el síntoma extremo y exacerbado de una democracia enferma: la nuestra.
Si ubicamos al actual presidente dentro del cuadro sintomático de una democracia enferma, de una democracia incapaz de verse en el espejo más crudo para enfrentarse a sí misma, no hay más remedio que ver a la oposición como otro síntoma distinto de la misma enfermedad. Una oposición que no explica con frialdad al gobierno que cuestiona, tampoco será capaz de analizarse de manera realista a sí misma.
Si el gobierno es incapaz de comprender lo que significa gobernar en democracia, tampoco la oposición posee un diagnóstico sobre la hondura de las grietas que atraviesan nuestra convivencia política ni tiene, aparte de las buenas intenciones y las mayúsculas gordas de su propaganda, un proyecto de cambio democrático realista capaz de enfrentarse a las taras y los vicios que han desacreditado a nuestra democracia de la posguerra. Nos debatimos, pues, en el círculo vicioso que nos asignan un gobierno autoritario y una oposición demagógica.
Hay que explicar nuestra democracia enferma, antes de proponer remedios para curarla y yo no veo que se discutan los diagnósticos ni los remedios para resolver los problemas estructurales de nuestras instituciones en relación con nuestra sociedad.
La filosofía desarrollista del actual gobierno es de carácter economicista, sueña con levantar grandes infraestructuras y no le importa que dicho sueño acabe siendo un proceso autoritario de modernización. Y la oposición, por mucho que diga, solo propone cambios institucionales para que lo demás siga igual.
Deberíamos haber aprendido ya que las reformas institucionales no bastan, si al mismo tiempo no van acompañadas de reformas cívicas y sociales. Una reforma democrática sin una reforma social es un canto a las buenas intenciones que a la larga será desmentido por la cruda realidad.
Estamos atrapados entre las propagandas maniqueas de unos y de otros, somos unos simples glosadores de la agenda pública establecida por los medios de comunicación. Nuestro horizonte interpretativo de la crisis actual se lo debemos a los periodistas y a los abogados constitucionalistas y no a los sociólogos ni a los politólogos.
