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jueves, 23 de septiembre del 2021

Estado gatopardo

El 10 de diciembre de 1948, hace más de siete décadas, la llamada “comunidad internacional” se puso de acuerdo para aprobar la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuyo primer artículo establece que todas las personas sin distingo “nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. Dos años después, la Organización de las Naciones Unidas resolvió que ese sería el día internacional dedicado a dichos postulados, mediante los cuales se pretende hacer valer la preeminencia de nuestra especie. Acá en El Salvador, precisamente el 10 de diciembre ‒pero de 1981‒ inició la que mucha gente considera ser la más terrible matanza en América Latina durante el siglo XX: la del cantón El Mozote y lugares aledaños.

Hay quienes, con razón, ponen esto último en tela de juicio pues solo en el país ocurrieron ‒por citar dos ejemplos‒ atrocidades tales como la perpetrada en enero de 1932, con decenas de miles de víctimas directas e indirectas, y la masacre del Llano de la Raya en Tecoluca, San Vicente, consumada en junio de 1982 con un saldo fatal semejante al de El Mozote. Vale la pena traer a cuenta que un año antes de lo sucedido en este poblado y sus alrededores, el 2 de diciembre de 1980 fueron violadas y asesinadas cuatro religiosas estadounidenses maryknoll.

Con el martirio de estas mujeres hace 40 años ‒que en palabras recientes del papa Francisco “vivieron su fe con gran generosidad”‒ y con la citada barbarie ejecutada hace 39 junto a la falta de justicia en perjuicio de todas esas víctimas y sus familiares, a lo cual se suma como otra cara de una misma moneda la impunidad que ha protegido a sus principales responsables políticos, militares y financieros, tenemos de sobra para forjarnos una opinión certera acerca de la trascendencia que históricamente le han otorgado las autoridades estatales a los derechos humanos antes de la guerra, durante la misma y después de esta. Para los gobernantes salvadoreños, ¡siempre y sin excepción!, no han sido más que una babosada.

No encontramos otra manera más certera para calificar la actitud asumida frente a este par de casos y tantísimos otros más. No hay que andar con eufemismos ni rasgarse hipócritamente las vestiduras por el uso de un término tan severo, pero con diccionario en mano es el que corresponde al ser definido coloquialmente ‒al menos acá, en Honduras, México y Panamá‒ como algo considerado intrascendentesin valor. Y los derechos humanos están fundados en valores, entre los cuales se encuentran en primerísimo lugar la dignidad ya mencionada, la igualdad negada en nuestra tierra y la tan anhelada justicia también escamoteada a quienes la merecen.

No analizaremos lo ocurrido cuando el sistema judicial ‒parafraseando a la Comisión de la Verdad‒ permanecía secuestrado por la intimidación y la  corrupción; cuando no era independiente de las otras ramas del poder público y su ineficacia se había acrecentado por su inacción o supeditación, hasta volverse “factor coadyuvante de la tragedia”. Mejor preguntémonos cuándo y cómo jodieron de verdad el país, luego de finalizado el conflicto armado.

La respuesta no puede ser otra: el 20 de marzo de 1993, aprobando la amnistía. Entonces, a los “guerreros” no les importó deshonrar su palabra a la hora de firmar el Acuerdo final de paz ‒más conocido como el de Chapultepec‒ en cuanto a la superación de la impunidad. Hicieron lo contrario: con esa mutua y favorable exculpación, a El Salvador lo convirtieron en el reino de la misma y lo condenaron a seguir siendo territorio hambriento y sangriento, a continuar permitiendo la “viveza” encaramada en la corrupción oficial y extraoficial, y a establecer las condiciones para el incremento los diversos rostros de un crimen organizado beneficiado con el secuestro y el raquitismo de la institucionalidad. Todo ello, pese a las reformas que se hicieron y han venido haciendo durante la posguerra.

De enero de 1992 a la fecha, pues, con base en el “todo se vale” apuntalado con la amnistía, en lugar de adecentar la nación y la sociedad lo que hemos padecido es un prolongado gatopardismo: se cambió y se sigue cambiando todo en la forma, para no cambiar nada en el fondo.  Así, entonces, como dicen en México nos “salió más caro el caldo que las albóndigas”.     

Al ver que Nayib Bukele no conmemoró la firma del mentado Acuerdo de Chapultepec en enero de este año, quién sabe con qué saldrá el 10 de diciembre en torno al 72 aniversario de la aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos y las siete décadas de celebrarse en el mundo el día internacional de estos. Como que no mucho figuran en su agenda, más allá de la publicidad tuitera. A diecinueve meses de haberse instalado en el sillón presidencial y para marcar distancia con “los mismos de siempre”, sería deseable y más le valdría evocar ese par de eventos desde la realidad de las víctimas de El Mozote y de otras salvajadas más: haciendo todos los esfuerzos por contribuir al esclarecimiento de la verdad y permitir que la justicia brille, para impedir que sigan pisoteando su dignidad. Pero…

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