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miércoles, 12 de mayo del 2021

El Descuartizador ha recuperado su libertad por tener “nivel medio de capacidad criminal”

El sujeto fue condenado a 11 años de prisión en 2015 tras confesar haber asesinado a un empleado judicial de la comuna tecleña.

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El juzgado Segundo de Vigilancia Penitenciaria de La Libertad, benefició con la libertad condicional a Rodrigo Chávez Palacios, quien es mejor conocido por el sobrenombre del “Descuartizador de la San Francisco”, por asesinar con lujo de barbarie a un empleado municipal de Santa Tecla el 30 de agosto de 2014.

Por este crimen, el sujeto fue condenado a 11 años de prisión en 2015 tras confesar haber asesinado a un empleado judicial de la comuna tecleña.

Chávez Palacios, de 45 años, fue encontrado culpable por los delitos de homicidio  y falsedad, el beneficio de la libertad anticipada tras el cumplimiento de la media pena.

La recomendación fue hecha a través de un informe de propuesta de libertad condicional anticipada por parte del Consejo Criminológico de la Zona Regional Occidental, remitido al Juzgado en octubre de 2020, el cual determinó entre otras cosas dictamen favorable a la reinserción social favorable por parte de Chávez Palacios y el cumplimiento en marzo de 2020, de la media pena es decir 5 años con seis meses de los 11 años a los que fue condenado en el año 2015.

Según las conclusiones del Consejo Criminológico, “Rodrigo Chávez Palacios presenta una conducta normal y sin alteraciones, es capaz de distinguir entre lo bueno y lo malo y ha mostrado disposición al cambio, a colaborar en los diferentes programas de educación penitenciaria, a una sana convivencia con los demás internos y ha mostrado respeto a las autoridades penitenciarias y también no posee informes disciplinarios, ha recibido tratamiento psicológico”.

Además, el condenado se integró a programas de tratamiento psicológicos, cursos de aprendizaje y participó como tutor en diferentes cursos y programas educativos y de aprendizaje. Fue clasificado con un “nivel bajo de peligrosidad y un nivel medio de capacidad criminal y adaptación social”.

Señala el informe que es factible la reinserción a la comunidad, ha mostrado disposición al cambio; además confesó el delito, mostró arrepentimiento, pidió perdón y canceló la responsabilidad civil exigida por el juzgado para la familia de la víctima por $10,000.

Tras el informe el Juzgado Segundo de Vigilancia penitenciaria instaló audiencia en noviembre de 2020, en la cual determinó que el condenado cumplía los requisitos que la ley establece para poder otorgarle el beneficio de la libertad condicional anticipada y con ello se cumple el ideal constitucional de reinserción social.

En el caso, la Fiscalía apeló la decisión judicial; sin embargo, en diciembre del mismo año la Cámara Mixta de Vigilancia Penitenciaria y Tránsito de San Salvador resolvió confirmar la decisión del Juzgado Segundo de Vigilancia Penitenciaria de La Libertad.

Según el Juzgado el beneficio de la libertad anticipada está sujeto al cumplimiento de reglas de conducta para Chávez Palacios como por ejemplo no cambiar de domicilio, no salir del país, deberá tener un trabajo fijo y presentar constancia, recibir terapia psiquiátrica en el Hospital Nacional San Rafael y presentarse a firmar al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria cada dos meses, entre otras.

Si alguna regla es incumplida el beneficio le será revocado.

Chávez Palacios, hijo del influyente abogado y excandidato a la presidencia por el PDC, Fidel Chávez Mena, cumplió su condena en el Centro Penal de Máxima Seguridad de Zacatecoluca, luego en el Centro Penal de Apanteos, en Santa Ana, y posteriormente fue trasladado por recomendación del consejo criminológico al Centro de Detención menor de San Luis Mariona.

Resolución que generó indignación 

Diferentes sectores de la sociedad han manifestado su descontento contra el beneficio para el condenado, ya que consideran que hay influencia de parte de su padre.

Uno de ellos fue la abogada y candidata a diputada por Nuestro Tiempo, Bertha Deleón, quien manifestó su indignación ante esta presunta irregularidad judicial

“En los equipos criminológicos de centros penales, hoy y siempre ha habido mucha negligencia, incapacidad y corrupción. Hay privados de libertad con enfermedades terminales que mueren presos y nadie hace nada. Hay personas que por el hurto de una vaca pagan la totalidad de su pena de prisión que son 6 años. Bien sospechoso que Rodrigo Chávez Palacios esté libre ya. Todo su proceso penal ha sido express”, indicó Deleón.

Ante esto explicó que el sujeto fue juzgado y declarado responsable por homicidio simple y no agravado como le correspondía, por lo que consideró que cuando se mata descuartizando a la víctima, se “colman” agravantes, por lo que la pena nunca debió ser 10 años. 

Además, consideró que una persona que mata con lujo de barbarie es altamente peligrosa y ese es uno de los indicadores para decidir si puede o no, optar a un beneficio penitenciario.

Asimismo, destacó que no hay especialistas en salud mental que procuren que este tipo de personas reciban tratamiento especializado.

“A menos que el Dr. Chávez Mena, haya pagado especialistas que atendieran a su hijo en el penal. Este es un caso emblemático, que revela uno de nuestros principales males: impunidad, corrupción, influencia indebida”, expresó.

Mientras la candidata a diputada por el Cambio Democratico, Carmen Marchelly, también expresó su malestar por la oportunidad que le dio al sistema judicial a un criminal de alta peligrosidad. 

Registro del hecho 

Según el relato oficial del caso, esto se produjo por un ajuste de cuentas ordenado por narcotraficantes hondureños, condenado fue el artífice de la muerte con lujo de barbarie, de Franklin Mendoza Ortiz, un trabajador de la alcaldía de Santa Tecla, que estaba a punto de graduarse de la carrera de Arquitectura.

A base de engaños, Ortiz fue llevado el 30 de agosto de 2014 al apartamento de Chávez Palacios, que se ubicaba en la residencial Lomas de San Francisco, en Antiguo Cuscatlán. Ortiz le debía dinero al narcotráfico y según investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), uno de los hondureños le disparó en la cabeza y huyó a su país.

Antes de su huída, le habría ordenado a Chávez Palacios que se deshiciera del cadáver, lo cual hizo de forma macabra: Lo cortó en pedazos e introdujo en bolsas plásticas y luego en tres maletas negras, que después las  subió a una camioneta  azul negro y las abandonó en diferentes puntos de San Salvador.Los hallazgos, que empezaron a suscitarse el 2 de septiembre de 2014, alertaron inmediatamente a la Policía.

Tras una ardua búsqueda, Chávez Palacios fue capturado el 7 de septiembre de 2014 y se le decomisó, entre otras cosas, su teléfono celular en el que se dejan ver mensajes de texto que intercambia con los narcotraficantes, en los cuales afirma haber realizado el “trabajito” y haber “picado” a la víctima.

Estos mensajes los intercambió con Raúl Fajardo Vindel, un personero de los cárteles hondureños. En la conversación, Chávez Palacios relata cómo tuvo que “mandar a afilar el hacha y el machete” y que, a su juicio, fue una mejor idea hacer “picadito” el cadáver de Ortiz.

Cuando Chávez Palacios fue capturado, inició un proceso legal de idas y venidas, posiblemente influidas por el reconocimiento con el que cuenta su padre. Los fiscales del caso le propusieron al juez realizar un proceso abreviado, luego que Chávez Palacios confesara su participación en el asesinato y desmembramiento de Mendoza Ortiz.

Al asumir los cargos que se le imputaban, la Fiscalía propuso cambiar el delito de homicidio agravado (que puede ser condenable hasta por 30 años de prisión) por homicidio simple. Pese a ser un caso mediático, la audiencia se realizó a espalda de los medios de comunicación el 16 de marzo de 2005, la cual culminó con una condena a once años de cárcel.

Luego de estar recluido en una casa de seguridad de la División Élite contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional Civil (PNC, Chávez Palacios fue enviado al penal de máxima seguridad de Zacatecoluca. Pero, a raíz de una resolución del consejo criminológico fue enviado a Apanteos.

El 19 de noviembre de 2015, el Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla dejó en libertad a Chávez Palacios, luego que una Cámara de lo Penal ordenara la revisión de la sentencia ante un supuesto acuerdo entre los abogados defensores y los fiscales del caso. Empero, la sentencia quedó en firme y en octubre de 2016, el Juzgado Segundo de Vigilancia Penitenciaria estableció que su sentencia culminaría el 4 de septiembre de 2025 y que podría optar por beneficios en el sistema judicial hasta 2020 que cumpla la media pena o en 2022 que cumpla tres cuartas partes de la misma.

Cuatro años más tarde, es ese mismo Juzgado que, en base al informe del Consejo Criminológico, ordenó la libertad del asesino, que recibió el mote de: “El Descuartizador de Lomas de San Francisco”. Según planteó dicho Consejo, Chávez Palacios se integró en prisión a programas de tratamiento psicológicos, cursos de aprendizaje y participó como tutor en diferentes cursos y programas educativos y de aprendizaje., por lo que fue clasificado con “un nivel bajo de peligrosidad y un nivel medio de capacidad criminal y adaptación social”.

“Es factible la reinserción a la comunidad, ha mostrado disposición al cambio además confesó el delito, mostró arrepentimiento, pidió perdón y canceló la responsabilidad civil exigida por el juzgado para la familia de la víctima por $10, 000”, destaca un boletín enviado por el Juzgado Segundo de Vigilancia Penitenciaria.

Por su parte, el Juzgado indicó que el beneficio de la libertad anticipada para Chávez Palacios,  está sujeto al cumplimiento de reglas de conducta, como cambiar de domicilio, no salir del país, tener un trabajo fijo y presentar constancia del mismo, recibir terapia psiquiátrica en el Hospital Nacional San Rafael y presentarse a firmar al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria cada dos meses, entre otras. Si alguna regla es incumplida el beneficio le será revocado.

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