Por: Mayra García y Francisco Martínez*
Treinta años de políticas fallidas en la lucha contra las pandillas, llevó a que la población en El Salvador se resignara a convivir y sobrevivir con el accionar de estos grupos terroristas y, en los territorios que a fuerza de terror controlaron, miles de personas se vieron sometidas a vivir bajo los códigos que la padilla impuso, particularmente el tétrico “ver, oír y callar”; romperlo acarreaba la muerte[1].
Las condiciones socio económicas de la mayoría de las personas en esos territorios controlados por las pandillas se deterioraron y en ciertos aspectos se degradó a niveles infrahumanos; la esperanza en un mañana mejor estaba apagada, la vida diaria era de angustia, fueron comunidades condenadas a estar hacinadas, aisladas, marginadas y estigmatizadas, ante un Estado ausente.
Miles de personas en esos territorios fueron sometidos a vivir en un infierno, sin derecho a redimirse, a pesar de no ser malas personas sus plegarias desesperadas en medio del tormento de una vida azarosa no encontraban eco. Mantenían la fe de que no hay mal que dure eternamente, esa fe, los animaba cada mañana a mantener las ganas de vivir y soportar estoicamente ese tormento con positividad, pero en agonía.
La decisión del Presidente Bukele, de irse al tope en la guerra contra las pandillas, usando todas las herramientas del Estado, haciendo uso del Régimen de Excepción[2] para derrotarlos, desde el 27 de marzo de 2022; al principio, generó incertidumbre, pero al confirmarse que no se trataba de un discurso bravucón más, ver el despliegue de fuerza, la acción coordinada del Estado y el liderazgo de Bukele, hizo que la población sintiera qué esta vez, era en serio.
Un año después, 62 000 mil pandilleros están en la cárcel sin posibilidad de agredir a la gente, con la perspectiva de que se demostrará su participación en diversos delitos y que, por lo tanto, no saldrán de prisión, que la impunidad esta vez, no tiene espacio. Que se continuará la búsqueda de los que aún huyen y que no habrá marcha atrás.
Bukele recuperó la esperanza y la sonrisa de la gente, que hoy clama alegremente que se ha dado un Milagro.
Era impensable, que los salvadoreños se sacudieran el yugo de las pandillas, quién se imaginaría (ni el más religioso) que el país dejaría de ser la capital de los homicidios, éstos hechos, han puesto en las primeras planas de los medios internacionales al país, aunque es incomprensible para éstos medios lo sucedido, más, si se analiza sólo, desde un hecho y no se realiza un esfuerzo honesto de situar lo que sucede y las razones de por qué esto aconteció. Se requiere ubicar la acción del gobierno en un proceso histórico y en un contexto particular.
Estos medios, no hacen el esfuerzo por entender como Bukele desde 2012, a fuerza de pulsos sistemáticos y continuos se fue abriendo espacio y construyó una nueva correlación política y ha configurado una nueva hegemonía. Se necesita de un análisis político y de la política concreta, un abordaje desde la real politik, para entender el actual momento, a El Salvador como país y a los salvadoreños.
Los grandes medios son incapaces de reconocer la alegría y esperanza de la gente por el logro de su libertad; no comprenden que la gente recuperó su libertad después de años de sumisión a las pandillas terroristas, que mantuvieron secuestrados a miles de personas en sus comunidades y chantajeados a todos en el país, incluso al Estado; estos medios de forma perversa tienden a desmeritar lo logrado a pesar de la evidencia, a pesar del respaldo popular, a pesar de la satisfacción ciudadana.
No entienden que el costo de derrotar a las pandillas, el precio de la seguridad, se ha pagado con al menos 120 000 salvadoreños, hombres, mujeres, niños y niñas asesinados, muchos enterrados clandestinamente, unos aún esperan a los desaparecidos, otros miles sobreviven lisiados, otras con las cicatrices de la violencia, fueron golpeados, violadas, acosadas, extorsionados; solo esa gran resiliencia única de los salvadoreños y de las salvadoreñas hace que sea posible pensar con fe y esperanzados en que las cosas irán a mejor.
Estos medios, obvian, que el peor costo era no actuar, o seguir fallando, haciendo lo que no servía; hacer algo, pero hacerlo bien, era la única alternativa. Actuar contra las pandillas en El Salvador, requería un compromiso renovado y total opción por los humildes y desesperanzados. Esto es, lo que ha hecho Bukele.
De la ingobernabilidad real y el miedo en que se vivía en El Salvador, estamos en 2023, donde los ciudadanos han recuperado la movilidad por las calles, las plazas, pueden salir de sus casas, conocer y reconocer vecinos, hacer vecindad, a cualquier hora, sin pagar la extorsión, tienen alegría por un futuro prometedor, por eso es qué la gente está contenta e ilusionada, eso explica este “momento milagroso”.
Derrotada la delincuencia, hay que enfrentar los problemas del desarrollo humano, atender las brechas de inclusión, las inequidades, las injusticias, la falta de oportunidad en igualdad de condiciones, la inserción de jóvenes y mujeres, es momento de asumir el reto por la libertad, el desarrollo económico sostenible y por la justicia social.
Tal como lo demuestra la experiencia salvadoreña, es preciso formular un buen plan de políticas acordes a la real situación, incluso medidas excepcionales ante eventos excepcionales, y, saber combinar las acciones de prevención, de combate al crimen, de rehabilitación y de reinserción para contrarrestar eficazmente, el delito y a los delincuentes.
Se requiere, actuar con eficacia ante los hechos delictivos, controlar, perseguir y castigar a los criminales; impulsar estrategias particulares con base a la evidencia científica y al análisis criminal; desarrollar programas de prevención del delito con participación ciudadana, eliminando causas posibles, reduciendo factores criminógenos y elevando el costo de delinquir; y, sobre todo, trascender a la proactividad frente al crimen, desarrollando capacidad, conocimiento e inteligencia para la predicción, identificando, monitoreando, neutralizado delincuentes prolíficos y organizaciones criminales.
*Este artículo es parte de un documento próximo a publicar, titulado “El debido proceso en el Régimen de Excepción: El Salvador, un estudio de caso”
[1] El control territorial: vigilancia y estados de sitio. Las maras salvadoreñas viven insertas en sus comunidades, a las que han llegado a subyugar luego de más de dos décadas de ejercer violencia sistemática sobre ellas, mientras que los agentes del poder represivo-legítimo del Estado (la policía y el ejército) son entes extraños a la comunidad, además de mantener una presencia intermitente. Las normas de conducta que la población de esas comunidades vive diaria y efectivamente son las de las maras, que bien podrían resumirse en la que es su principal ley: «ver, oír, callar».
La naturaleza misma del ejercicio de poder de las maras, fundado en una violencia extrema, así como la extensión territorial y la cantidad de población sobre la que ejercen dicho poder, pone en serias dudas la efectividad de los actores estatales. La pertenencia a determinado territorio –aunque este implique solo una cuadra o dos– otorga a la mara no solamente una estratégica acumulación de poder, sino también un espacio donde se construye su identidad.
Los territorios bajo su control suelen estar llenos de grafitis alusivos a la pandilla; borrarlos o intentar hacerlo puede implicar incluso la muerte.
[2] El Régimen de Excepción, es una Institución Jurídica, por medio de la cual es factible la suspensión de garantías constitucionales por cualquiera de las causales establecidas, conforme el Art. 29 de la Constitución, implica la suspensión temporal de uno o varios derechos para la ciudadanía. Conforme nuestro ordenamiento jurídico, es potestad del Consejo de Ministros (según artículo 167 ordinal 5° de la Constitución) proponerlo a la Asamblea Legislativa quien conforme el estudio respectivo, y sí a criterio de este Órgano se cumplen los elementos de fondo y forma, lo someta al pleno legislativo para su aprobación en votación nominal y pública por las tres cuartas partes de los Diputados (63/84) de la Asamblea Legislativa por un periodo de 30 días, y prorrogarlo sucesivamente si se mantienen las causas que lo motivan. En la propuesta respectiva, en donde se solicita aprobar por parte de la Asamblea Legislativa el respectivo Decreto de Régimen de Excepción, se deben establecer las medidas que se van a seguir, la fecha en la que entrará en vigencia dicho estado y el tiempo preciso de vigencia; lo cual, cómo podemos corroborar, ha sucedido en la aprobación y sucesivas prórrogas del Régimen de Excepción, puesto que únicamente se han suspendido los derechos constitucionales antes indicados.
