Este sábado 22 de agosto, se conmemora el 38 aniversario de la llamada masacre de "El Calabozo"; ocurrió en 1982 y fue cometida por efectivos de la Fuerza Armada, en el cantón Amatitanes, en San Esteban Catarina, San Vicente. Este caso está en la impunidad, aunque los jefes militares que son señalados como responsables de este crimen de lesa humanidad están, en su mayoría, vivos y en calidad de oficiales en retiro.
"Los esfuerzos por obtener verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición para las víctimas, entre ellas niñas, niños y personas mayores, no han tenido respuesta favorable del Estado en estas casi cuatro décadas", dice el comunicado de CRISTOSAL y del Centro para la Promoción de los Derechos Humanos “Madeleine Lagadec”, en esta última se agrupan algunas de la víctimas sobrevivientes del crimen colectivo.
A la fecha el proceso está en etapa de instrucción. Las víctimas y sus abogados insisten en obtener los archivos militares que han sido negados por los gobiernos anteriores y por el actual.
La narrativa de los hechos indica que las torturas, violaciones y ejecuciones extrajudiciales en El Calabozo ocurrieron durante un operativo militar y fueron ejecutadas por el Batallón de Infantería de Reacción Inmediata (BIRI) Atlacatl y Belloso, el Destacamento Militar No. 2 de Sensuntepeque, Cabañas, y la Quinta Brigada de Infantería de San Vicente.
Los imputados (con sus cargos en el momento de la masacre), son: Gral. José Guillermo García, ministro de Defensa y Seguridad Pública; Gral. Rafael Flores Lima, jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada (fallecido); Coronel Sigfredo Ochoa Pérez, comandante del Destacamento Militar No. 2; Teniente Coronel Miguel Antonio Méndez, comandante del Batallón de Infantería de Reacción Inmediata “General Ramón Belloso; y Gral. Juan Rafael Bustillo, comandante de la Fuerza Aérea, indica el texto de las víctimas.
Los sobrevivientes de la masacre, que está contenida en el Informe de la Verdad (ONU-1993) denunciaron la masacre en 1992, por lo que se inició un proceso penal en el Juzgado de Primera Instancia de San Sebastián, pero las diligencias no tuvieron continuidad por la aprobación de la Ley de Amnistía de 1993, aunque ésta no fue formalmente aplicada al caso.
En 2006, las víctimas, acompañadas por el Centro para la Promoción de los Derechos Humanos “Madeleine Lagadec” y un abogado representante, interpusieron la acusación particular contra seis oficiales del Alto Mando de la Fuerza Armada de la época, vinculándolos con cinco delitos graves. La jueza de la causa ordenó que continuara en “archivo”, argumentando la vigencia de la amnistía y por considerar la prescripción del caso, por lo que en 2010 se introdujo una demanda de amparo a la Sala de lo Constitucional.
Así, en noviembre de 2016, la Sala de lo Constitucional dictó sentencia de amparo declarando que la denegatoria de investigación generaba violación a derechos constitucionales de las víctimas sobrevivientes. En aplicación de esta sentencia, el caso fue “desarchivado” en diciembre de 2016, pero continúa en instrucción y sin avances, según denuncia de las víctimas.
