A medida se va revelando el plan de implementación de la Ley Bitcoin, se hace necesario realizar una apreciación de los impactos que podría traer la Ley a los trabajadores. Un primer intento de sugerir estudiar la “economía política de la bitcoinización” en El Salvador. Esto así, porque entrar en una discusión sobre la necesidad de mantener la estabilidad macroeconómica y continuar con la rueda de deuda de las multilaterales es una actividad que tienen cubierto los mismos personares del Fondo Monetario. Haciendo una lectura sobre los comentarios a la Ley Bitcoin, de lo que podemos dilucidar en estos análisis, podemos agrupar en tres grupos de interés: fiscales (para el caso, el ICEFI), monetarios (principalmente el FMI) y misceláneos (COLPROCE).
De estos tres grupos, las reflexiones del ICEFI me parecen relevantes a la luz del impacto que podría tener la caja de convertibilidad sobre la tributación nacional. Asumiendo que las suposiciones del ICEFI son correctas, el costo de la convertibilidad debería de asumirlas la población trabajadora en razón de que, evidentemente, la estructura tributaria del país está fundada en dos pilares: impuesto al valor agregado (IVA) y el impuesto sobre la renta, de donde la evasión es mayoritariamente de empresas por lo que la carga fisca recae en la clase trabajadora. Debido a que el Gobierno no ha dado mayores detalles sobre este tema, debemos asumir que las suposiciones del ICEFI son correctas hasta demostrado lo contrario. Lo cual exigiría que junto a la implementación de la Ley Bitcoin, se haga imprescindible el impulso de una reforma tributaria más progresiva a fin de no trasladar los costos de la implementación a los trabajadores.
Otro aspecto que resulta preocupante de la actual implementación de la Ley Bitcoin es la oscuridad con la que se maneja la discusión en relación a la infraestructura objetivo del sistema de pagos en El Salvador, y la razón final de la implementación. En el fondo, pareciera, como lo señalan los personares de ICEFI, FUSADES, FUDECEN, etc., que el plan final de esta Ley es la “desdolarización” de la economía. Este objetivo, si resulta cierto, representa un problema en relación a mantener el dólar como unidad de medida, y es que las personas siguen ganando acorde con las condiciones que le dificultan salir de la pobreza. Fijar el dólar como unidad de medida al mismo tiempo desplazándolo como medio de intercambio es “ganar en colones, pero gastar en Bitcoin”: obliga de facto a asumir plenamente a la población las fluctuaciones del precio del Bitcoin en función del dólar. Si bien “un Bitcoin es igual a un Bitcoin”, como lo twiteara el Presidente en una ocasión, esto no es cierto para la clase trabajadora si sus salarios se siguen pagando con el dólar como unidad de medida (teniendo el colon en la mente de los empresarios), y -más aún- los expone a las reglas del mercado especulativo mundial.
Este riesgo es comprendido distinto por empresas y por trabajadores, mientras las empresas pueden armar sus carteras d riesgo de forma estratégica para aprovechar los picos y bajadas del precio, así como acceder a otros medios de financiamiento en condiciones más favorables para sobrellevar la bajada, esto resultaría catastrófico para los trabajadores quienes no ven en el consumo de Bitcoin como una inversión: es un acto de consumo. Cortar la posibilidad de decidir usar el dólar es entrar en un juego peligroso si el valor del Bitcoin cae estrepitosamente de un día a otro. Esto se volvería una realidad insalvable que la red lightning no puede evitar si se pretende la desdolarización plena. Dada la fase en la que se encuentra actualmente el Bitcoin -de activo especulativo- las oportunidades de alza son igual de reales que las de baja, por lo que, podría esgrimirse un empate entre las posturas encontradas por la variabilidad del tipo de cambio. Sin embargo, el problema principal, es que la capitalización actual del criptoactivo no evitaría una caída sustancial del precio en el caso de un evento de iliquidez o, peor aún, de insolvencia en el mercado de valores mundial, principalmente Estados Unidos. En este caso, lo que se tendría es una distribución del producto social a favor de los que “consumen especulando” pero en contra de los que “consumen para vivir”. En el balance, estas medidas pueden conducir a una distribución del producto social en perjuicio de los trabajadores.
Ciertamente, el momento Bitcoin tiene un enorme caudal de oportunidades, una de ellas y que resulta potencialmente revolucionario es la tecnología del Blockchain que subyace al Bitcoin, o bien el ecosistema de pagos sobre la segunda capa. PERO, como en todo cambio disruptivo el número de riesgos y costos es igual de enorme. Esta tecnología podría ser el camino a una transformación sustantiva al sistema financiero mundial, no obstante, podría bien no serlo. En 1998 Paul Krugman, premio Nobel de Economía, dijo que el Internet era una moda pasajera cuyo “impacto no sería mayor a la máquina de fax”, una burbuja especulativa que terminaría mal. Entre 2000 y 2001 Krugman tendría razón y el internet y todos los desarrollos sobre esta nueva tecnología colapsaron en la llamada crisis financiera del “puntocom”. No obstante, Krugman viviría para tragarse sus palabras y pronósticos una década después con la emergencia de la cuarta revolución industrial y el dominio del internet.
Desde el punto de vista del desarrollo ¿cuándo hubiese sido razonable entrar a la revolución electrónica-informática que dio origen a la burbuja especulativa del “puntocom”, y en qué términos? ¿Vale la pena apostar al futuro y cuándo estamos yendo demasiado lejos? ¿Vale la pena discutir esto sin posturas reaccionarias, tribales o fanatismos? Cuando los primeros pilares de la revolución electrónica informática se estaban asentando con el desarrollo del microchip, de la mano de empresas como Texas Instruments, El Salvador estaba preparando el clímax de su conflicto armado. Ciertamente, vale la pena debatir con las distintas perspectivas y no reflexionar cuál es la perspectiva de futuro.
