El Departamento de Defensa de los Estados Unidos ha liberado, poco a poco, documentos que son reveladores sobre la manera en que este país norteamericano tuvo un papel activo en la guerra civil salvadoreña y que pueden servir también para investigar los crímenes que se cometieron en ese período. La Universidad de Washington, a través de su Centro de Derechos Humanos (UWCHR), interpuso una demanda en diciembre de 2017 para poder tener acceso a los archivos gubernamentales relacionados con tres masacres: El Mozote, El Calabozo y la conocida como “Guinda de Mayo”. Este proceso sigue activo.
El UWCHR informó que el 5 de julio, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos presentó un informe, correspondiente a una orden que dio la jueza Marsha Pecmann. En ese informe, los representantes de dicho Departamento aseguraron que no habían encontrado material relevante a la investigación de las tres masacres.
Sin embargo, el equipo de UWCHR, con ese mismo informe, pudo acceder al formulario SF-115. La importancia de este formulario radica en que fue entregado por un empleado del gobierno estadounidense a los Archivos Nacionales en 1993: es información oficial. Así, en este formulario se describe una colección de aproximadamente 27 metros cúbicos que contiene información del Equipo Conjunto de Inteligencia Centroamericana (CAJIT, por sus siglas en inglés).
“Los archivos (de la colección) consisten en reportes de los interrogatorios del ejército salvadoreño, reportes de atrocidades, una historia del FMLN y cada una de sus cinco facciones, biografías de los líderes insurgentes, y un paquete apoyo técnico a tareas de inteligencia”, consigna el formulario SF-115. Pero, además, detalla el mismo documento que “La mayoría de los archivos son documentos sustraídos al FMLN, incluyendo correspondiencia y mensajes entre las facciones del FMLN, manuales de comunicación, cuadros de organización, diarios, estadísticas de armamento, información de los objetivos y estrategia militar”.
La jueza Pechman, el 7 de junio de este año, dio la orden al referido departamento estadounidense para que buscara de manera exhaustiva la información, que entrevistase a exempleados, que abriese también bodegas inactivas, entre otras acciones. Aunque los oficiales entregaron un documento muy escueto, los investigadores pudieron dar con el formulario SF-115.
En un comunicado, el UWCHR señaló que “dada la profundidad del involucramiento estadounidense en el conflicto armado salvadoreño, no es creíble que no exista mayor documentación. El reto es solo lograr la voluntad política para localizar y desclasificar los documentos”.
Esta misma lección puede aplicar a El Salvador. Los militares han negado, de manera persistente, que haya información detallada acerca de la masacre de El Mozote y de la “Guinda de Mayo”. Sin embargo, las organizaciones como Cristosal, Pro-Búsqueda y Tutela Legal MJH no se han dado por vencidos. La futura ley de reconciliación, si cumple con los mandatos de la Sala de lo Constitucional, puede mejorar y obligar a faclitar la investigación de estos crímenes.
La masacre de El Mozote y sitios aledaños ocurrió en diciembre de 1981 y dejó casi 1,000 fallecidos a manos del Batallón Atlacatl. La mitad eran niños. En estos meses se retomará el juico en Morazán para deducir las responsabilidades y las sanciones.
El operativo militar “Domínguez de Pacificación”, mejor conocido como la “Guinda de Mayo”, ocurrió en junio de 1982 y dejó decenas de muertos en la parte nororiente de Chalatenango. En ese operativo fue que secuestraron a 53 niños y los entregaron a las damas de la Cruz Roja.
La masacre de El Calabozo, en San Vicente, ocurrió en agosto de 1982 y dejó 200 muertos. Fue, también, consecuencia de un operativo militar a cargo del Batallón Atlacatl.
