NUEVA YORK ““ Una organización sin fines de lucro keniana dedicada a la salud femenina se enfrenta a un dilema imposible. El Fondo Médico y Educativo Kisumu (KMET) recibe 200 000 dólares al año del gobierno de Estados Unidos para entrenar a médicos en el tratamiento de hemorragias posparto. El KMET también recibe dinero de donantes europeos y otras fuentes para la provisión de servicios integrales de salud reproductiva, entre ellos asesoramiento sobre aborto. Tras el reciente decreto del presidente Donald Trump que reinstaló y amplió la regla de la llamada “mordaza global“, el KMET (y muchas organizaciones similares) tendrán que elegir entre distintos programas para salvar vidas.
La mordaza global (oficialmente denominada “política de Ciudad de México”, por haber sido anunciada en una conferencia de la ONU en esa ciudad), prohíbe dirigir fondos de ayuda oficial al desarrollo del gobierno de los Estados Unidos hacia organizaciones no estadounidenses que ofrezcan a mujeres cualquier tipo de servicio relacionado con el aborto (incluso información o derivaciones a terceros), independientemente del modo de financiación de esos servicios. También excluye de la financiación estadounidense a aquellas organizaciones que promuevan el acceso al aborto en sus propios países.
Esto implica que si el KMET sigue proveyendo servicios relacionados con el aborto a las mujeres de Kenia (donde entre el 30 y el 40% de las hospitalizaciones femeninas se relacionan con abortos inseguros), perderá la financiación que necesita para la tarea igualmente vital de enseñar a los médicos a manejar complicaciones relacionadas con el parto. Que las tasas de mortalidad materna en toda la región son extremadamente altas es otra cuestión. Lo que importa es que cualquiera sea la opción que elija, el KMET tendrá que reducir servicios sanitarios en regiones de las que es el principal proveedor.
La mordaza global no es nueva. La introdujo el presidente Ronald Reagan en 1984, y desde entonces, fue una puja política permanente: los presidentes demócratas la derogan y los republicanos la restauran.
Pero esta última manifestación de la regla va más lejos que las anteriores. Las versiones anteriores afectaron la financiación de Estados Unidos para programas de planificación familiar, pero la regla de Trump afecta a todos los programas sanitarios (lo que incluye VIH, malaria, salud maternoinfantil, tuberculosis y nutrición) por un total de hasta 9 000 millones de dólares al año.
El Plan Presidencial de Emergencia para el Alivio del SIDA comprende la mayor parte del gasto en salud mundial de Estados Unidos (6800 millones de dólares al año en la actualidad). Hay organizaciones que hace tiempo combinan este plan con otros fondos para dar atención de salud reproductiva integral a mujeres que viven con VIH y para prevenir la transmisión del virus de madre a hijo, y ahora quedarán en una posición insostenible.
Aunque las resurrecciones de la mordaza global apoyadas por presidentes republicanos anteriores fueron más limitadas, sus consecuencias igual fueron devastadoras. Con George Bush hijo, la regla obligó a cerrar ocho clínicas sólo en Kenia (la mayoría de las cuales eran las únicas proveedoras de atención médica en sus comunidades). Algunas de esas clínicas pertenecían a la Asociación para la Planificación Familiar de Kenia, que atendía a 56 000 personas y no hacía abortos. Una de las clínicas cerradas daba atención infantil y posparto integral.
Pero la mordaza global no sólo es sumamente perjudicial para la salud de las mujeres, sino que incluso es contraproducente. Sin servicios de planificación familiar, incluido el acceso a métodos anticonceptivos, las mujeres están peor preparadas para evitar embarazos no deseados. Un estudio de la Universidad Stanford determinó que en los países más afectados por la mordaza global durante la era de Bush, la tasa de abortos en realidad aumentó.
La versión de la regla restaurada por Trump puede ser incluso más devastadora. En las últimas décadas, muchos países en desarrollo (como Colombia, Nepal, Etiopía y Mozambique) liberalizaron sus leyes de aborto para salvar vidas de mujeres y reducir el costo que supone para sus sistemas sanitarios el tratamiento de lesiones causadas por abortos inseguros. De modo que la mordaza global debilita las políticas de los gobiernos locales e interfiere con el debate democrático.
La restauración de la regla de mordaza global puede frenar o incluso revertir un avance en salud femenina que costó mucho conseguir, al mismo tiempo que supone una violación de los derechos humanos y legales de las mujeres. Por ejemplo, si el KMET acepta ayuda de Estados Unidos, estará obligado a negar a las mujeres información sobre un servicio sanitario fundamental, lo que atenta contra el principio de confianza entre las pacientes femeninas y sus médicos, y es una violación de un derecho humano fundamental.
En Nigeria, la organización EVA: la educación como vacuna (integrante de la Coalición Internacional para la Salud de la Mujer) puede quedar en una situación igualmente difícil, si acepta recibir financiación de Estados Unidos para su trabajo en relación con el VIH. Esta organización maneja la línea de información telefónica sobre salud sexual y reproductiva para jóvenes de más antigí¼edad en el país, y es uno de los pocos ámbitos en que los jóvenes pueden hacer preguntas sin temor a la estigmatización y la vergí¼enza.
El aborto ya está sujeto a serias restricciones en Nigeria, y los pocos proveedores de servicios abortivos que hay enfrentan considerables riesgos. Los abortos inseguros son una de las principales causas de mortalidad materna, particularmente entre mujeres adolescentes y jóvenes, de modo que los servicios de EVA son fundamentales. La directora ejecutiva de EVA, Fadekemi Akinfaderin-Agarau, teme con razón que la regla de mordaza global “sea un duro golpe para Nigeria”, porque si su organización acepta fondos de Estados Unidos entonces ya no podrá ni siquiera hablar con las jóvenes con que trabaja sobre cómo recibir atención médica después de un aborto.
Cada día, mueren 830 mujeres durante el parto y el embarazo, y cada año, 6,9 millones de mujeres reciben tratamiento por complicaciones derivadas de abortos inseguros, casi todas ellas en países en desarrollo. Prohibir la entrega de fondos a organizaciones comprometidas con la provisión de atención médica e información de calidad a estas mujeres es punitorio, y es una violación de sus derechos humanos. Imponer la regla de mordaza a pesar de la clara evidencia del daño que causa es un intento descarado de controlar los cuerpos y la salud de las mujeres.
Durante la campaña, Trump prometió que castigaría a las mujeres que abortaran. Ya eso sería suficientemente malo. Pero la regla global de mordaza va mucho más allá, porque castiga a millones de mujeres en los países en desarrollo por el mero hecho de ser mujeres.
Traducción: Esteban Flamini
Franí§oise Girard es presidenta de la Coalición Internacional para la Salud de la Mujer.
Copyright: Project Syndicate, 2017. www.project-syndicate.org
