El voto en el exterior se ha complicado luego que el presidente Nayib Bukele vetara el decreto legislativo que contiene enmiendas para que la diáspora pueda ejercer el sufragio en el 2021 solo para diputados de la circunscripción nacional territorial (Asamblea Legislativa) y Parlamento Centroamericano.
El Ejecutivo rechazó el decreto, tras argumentar que se violaban preceptos constitucionales por no cumplir lo que mandató el tribunal constitucional.
Ramón Villalta, director Ejecutivo de Iniciativa Social para la Democracia (ISD), instó a la Sala de lo Constitucional a que resuelva a la brevedad y permita que los compatriotas radicados en otros países puedan votar en las elecciones del 28 de febrero del próximo año.
“Lamamos a la Sala a que resuelva a la brevedad posible el incumplimiento de sentencia del Decreto 550, y reitere la obligación de cumplimiento de sentencia que tiene el TSE en caso que la Asamblea Legislativa no apruebe reformas pertinentes al 28 de febrero”.
En diciembre de 2016, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), mediante un fallo, ordenó al Palacio Legislativo, regulaciones para garantizar que los salvadoreños en el exterior puedan votar y postularse para cargos públicos en elecciones legislativas y municipales.
Ese plazo venció el 31 de julio de 2017, lo que para el Ejecutivo confirma que el Congreso no ha priorizado el cumplimiento de los derechos ´políticos y electorales.
El Decreto Legislativo 550 mediante el cual se aprobaron las reformas a la Ley Especial para el Ejercicio del Voto en el Exterior en las Elecciones Presidenciales, no tomó en cuenta las propuestas presentadas por la sociedad civil organizada, representada en la Plataforma Ciudadana Electoral (PCE), e ignoró lo resuelto por la Sala de lo Constitucional en su sentencia que ordenó habilitar el derecho al sufragio activo y pasivo a los ciudadanos salvadoreños en el exterior para las elecciones legislativas y municipales.
Al ampliar el ejercicio del sufragio únicamente a la elección legislativa, los diputados cumplen de forma parcial lo ordenado por la Sentencia omitiendo regular el ejercicio del sufragio en elecciones municipales y los procedimientos para optar a cargo público en los dos tipos de comicios.
La Plataforma Ciudadana Electoral, consciente que la universalidad del derecho al sufragio incluye a los salvadoreños residentes en el exterior, y en cumplimiento a la sentencia de la Sala de lo Constitucional, presentó a la Comisión de Reformas Electorales y Constitucionales de la Asamblea Legislativa, en septiembre de 2019, una propuesta que incluye la modalidad electrónica del voto y el voto presencial con modalidad electrónica en las sedes diplomáticas de El Salvador en el exterior o en los lugares en los que el Tribunal Supremo Electoral habilite.
“La aprobación de una ley de voto del exterior, debe considerar que la modalidad de voto postal ha demostrado ser un fracaso y no ha brindado las garantías necesarias para el ejercicio del sufragio”, explicó Villalta.
Para el director ejecutivo de la ISD, ha quedado demostrado que, cuando hay proyectos importantes en el país y el presupuesto no alcanza se busca apoyo de cooperación internacional. “Aquí se trata de tener voluntad política y buscar el financiamiento”.
El magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Julio Olivo, estimó que la implementación del voto electrónico necesitaría de un presupuesto de al menos $80 millones. El Tribunal Electoral ha solicitado un poco más de $55 millones, pero solo para las elecciones para alcaldes y diputados de febrero 2021.
El TSE necesita cumplir los plazos establecidos en el Plan General de Elecciones. Por eso, la Plataforma Ciudadana pide a la Asamblea Legislativa que, atendiendo al Artículo 235 de la Constitución, no retrase más la aprobación de una ley que cumpla con los parámetros de la sentencia y hace un llamado a la Sala de lo Constitucional para que resuelva con celeridad lo concerniente al voto desde el exterior. Un retraso en este sentido afectaría la organización de las elecciones y pondría en riesgo el trabajo eficiente del organismo electoral.
Las autoridades deben tener en cuenta, adicionalmente, que el 27 de febrero vence el plazo establecido por el Código Electoral para la aprobación de reformas en esta materia.
