Redacción ContraPunto
228 días sin homicidios intencionados han sido reportados durante la administración del Régimen de Excepción de Garantías Constitucionales. El dato corresponde al 68.7% de los 330 días sin homicidios intencionados totales, que se han acumulado durante el gobierno del presidente salvadoreño, Nayib Bukele. La política de seguridad ha sido calificada favorablemente por las últimas 3 encuestas de opinión, que identifican su afinidad necesaria en más del 80% de la población salvadoreña.
12 prórrogas al Régimen de Excepción deducen una responsabilidad necesaria, para sostener el proyecto político que definirá el futuro de la paz y el progreso social, económico y cultural del país. Una condición tan prometedora sólo habría sido posible, como condición previa requiere, de las infalibles decisiones que la población salvadoreña toma para elegir a sus representantes y fórmula política, que responda a su realidad y necesidades.
Estados Unidos, y miembros de la Comunidad Internacional, reconocen que el fruto de la decisión del pueblo ha sido legal y democrática. Las controversias se ha suscitado con la interpretación insuficiente de las leyes y decretos que se consuman en el seno de legislativo, y en el poder judicial. Objeto de controversias, desde luego, fueron la continuas prórrogas del Régimen de Excepción, cuyo motivo no habría sido ignorado si las “voces críticas” reconocieran que se trata de un balance entre el derecho humano a la vida, por encima de aquellos recuperables. La libertad de un delincuente se puede recuperar, una vez finalice su condena; la vida es única e irrecuperable.
Denuncias públicas, formales e informales, nacen de diversas interpretaciones del derecho. Desde luego, la consigna que responde a la libertad de personas inocentes debe ser escuchada, y ponerse en marcha aquellas declaraciones del Gabinete de Seguridad para garantizar el derecho humano de los inocentes. Sin embargo, la ampliación del período de investigación a 15 días, ha conseguido resultados favorables para la administración de justicia, misma que ha determinado que más del 95% de los detenidos han recibido condenas o presentan arraigos de afiliación o de cooperación con maras y pandillas.
13,958 mareros en libertad es la cantidad aproximada de mareros que aún gozarían de libertad, de acuerdo con las últimas estimaciones matemáticas de éste medio. Esa condición, en la que algunos de los pandilleros aún habitan en el territorio nacional, forman parte aquellas condiciones latentes que aún advierten de que en el país existe el riesgo a la población honrada sea la víctima material o mortal de ésta amenaza. Las circunstancias concomitantes añaden la comunicación transfronteriza que éstas bandas tienen en el Triángulo Norte, y por lo que se hace indispensable abrir la posibilidad a las prórrogas del Régimen, y a cultivar el ejemplo positivo en aquellos países que viven bajo la misma amenaza.
Otras demandas no son exclusivas al establecimiento del Régimen; más bien responden al desarrollo del quinquenio presidencial de Nayib Bukele, en su “forma de hacer política”. Lo cierto es que no se puede cuestionar que el sistema democrático y la independencia judicial también se vio socavada, desde las últimas tres décadas, por la influencia de las pandillas en los gobiernos anteriores.
El desarrollo será circunstancial, conforme al progreso de las oportunidades que van surgiendo con el tiempo. Ello no elude, de todas maneras, el compromiso necesario del gobierno actual y los sucesivos, por mantener el orden, la sana convivencia; fomentar la paz social y perpetuar las memorias agridulces e indelebles sobre los rasgos del nuevo rostro que se le debe dar a El Salvador. Más allá de promesas de campaña, se abre un compromiso tácito e ineludible, que busque el bienestar social, la inclusión de la población en el aparato productivo y en el fomento de las buenas prácticas.
