El vicepresidente de la República confirmó este miércoles que el decreto de reforma de la Ley de Fiscalía General de la República ya fue enviado a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que sea revisada por la Sala de lo Constitucional y establezca su legalidad o no. La reforma busca, según el fiscal General, Douglas Meléndez, brindar más herramientas en la lucha contra el lavado de dinero fuera de las fronteras salvadoreñas.
Anteriormente el presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, vetó la reforma, pues considera que viola la Carta Magna. Sin embargo, la semana pasada diputados de la Asamblea Legislativa superaron el veto presidencial con 57 votos a favor de la reforma.
“Hemos dejado abierto, como gobierno, para garantizar un formato que nos permita fortalecer estas instituciones, lo que pasa es que no puede ser sobre la base de romper la Constitución”, aseguró Ortiz.
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A partir de la decisión del Gobierno salvadoreño, el Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera suspendió a El Salvador como miembro de su equipo.
La ley actual impide a las autoridades salvadoreñas compartir información sobre operaciones de lavado de dinero con los 160 países que conforman el Grupo.
Meléndez dijo este martes que pidió expresamente a Sánchez Cerén que reconsiderara su decisión, y aseguró que este le dijo que seguiría el procedimiento dictado por la ley en caso de que se supere el veto presidencial.
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“Le expuse mis preocupaciones en relación a la suspensión que teníamos en (el Grupo) Egmont y que pudiera ser reconsiderada su posición. El señor presidente fue claro en decirme que superado el veto iba a pasar a la Corte Suprema de Justicia”, explicó.
La decisión sobre la aprobación o no de la reforma se mantendrá pendiente, pues la Asamblea Legislativa todavía no ha elegido a los nuevos magistrados de la Sala de lo Constitucional.
