El Congreso de Guatemala volvió a mantener este jueves la inmunidad del presidente guatemalteco, Jimmy Morales, para evitar que sea investigado por el presunto financiamiento ilícito de su campaña electoral, lo que podría avivar aún más la tensión en las calles del país.
Por segunda vez este mes, los diputados discutieron desaforar a Morales como reclaman la Fiscalía y la misión anticorrupción de Naciones Unidas en el país centroamericano, pero los 70 votos a favor estuvieron lejos de los dos tercios de la cámara necesarios para que avance el antejuicio.
"Lo resuelto debe ser comprendido dentro del contexto de la independencia de poderes y el respeto al estado de derecho, el cual debe prevalecer", expresó el Gobierno a través de un comunicado.
La sesión, en la que 42 legisladores votaron en contra y 46 estuvieron ausentes, se produce un día después de que decenas de miles de guatemaltecos tomaran las calles para exigir la renuncia de Morales y de los diputados, a los que acusan de buscar dinamitar la lucha anticorrupción.
"Hoy se ha mostrado quiénes son coherentes con el pueblo de Guatemala. Hoy Guatemala es la que juzga y el Congreso se ha desnudado ante el pueblo con esta decisión", dijo Raúl Romero, diputado conservador del minoritario partido Fuerza, quien votó a favor de retirar la inmunidad al mandatario.
El Congreso ya había defendido abrumadoramente a Morales la semana pasada, cuando rechazó las sospechas de la Fiscalía, la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG) y la Corte Suprema, que ven indicios de manejo irregular de fondos de campaña por unos 800.000 dólares.
"Creo en la institucionalidad, creo en la representación del presidente como la unidad nacional del país y yo creo en darle el beneficio de la duda (a Morales)", dijo Estuardo Gáldamez, diputado del oficialista de FCN-Nación de Morales.
A pesar de que Morales logró librarse otra vez de ser investigado, tiene que reemplazar a tres ministros que hace dos días renunciaron a sus cargos.
Esta semana, el mandatario insistió en pedir a la ONU una revisión de la CICIG y de su jefe, el comisionado Iván Velásquez, al que intentó fallidamente expulsar del país acusándolo de politizar la justicia y excederse en sus funciones días después de que anunciara la investigación en su contra.
