El congresista estadounidense Jim McGovern visitó este sábado el caserío El Mozote, Morazán para conocer de primera mano las secuelas de la masacre ocurrida ahí en diciembre de 1981 a manos de militares pertenecientes al batallón “Atlacatl”, y por la que actualmente 18 militares jubilados están siendo procesados por crímenes de guerra por un tribunal local.
En El Mozote, McGovern escuchó a los sobrevivientes y familiares de las víctimas masacradas en los albores de la guerra civil salvadoreña, y aseguró que para frenar la impunidad cultural, se debe hacer justicia en el caso.
“Estoy aquí para decirles que el Congreso de los Estados Unidos está pendiente de lo que ha pasado aquí, estoy aquí para buscar que se haga justicia”, dijo McGovern.
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Su presencia en el lugar busca además, según dijo, que se presione al Gobierno de Estados Unidos para que apoye con ayuda técnica al gobierno salvadoreño y haya justicia en el caso.
“Y eso incluye abrir todos los archivos, incluso los del Servicio Secreto porque el Gobierno de Estados Unidos estuvo involucrado en la guerra de 1980”, manifestó.
Reiteró la importancia de las víctimas y de los sobrevivientes, y subrayó que desde su rol como congresista estadounidense, velará por la consecución de la justicia y porque no se olvide lo que pasó.
Congresista Jim McGovern. Foto cortesía/ Krissia Girón
Por su parte, Wilfredo Medrano, miembro de Tutela Legal “María Julia Hernández” y acusador particular del caso, calificó de histórico que se esté juzgando a 18 militares implicados, a quienes dijo, cada día se les acorta su calidad de inocentes ante las innegables declaraciones y pruebas de los sobrevivientes y testigos que los incriminan.
“El Salvador tiene la oportunidad inédita que por primera vez se pueda juzgar por crímenes de guerra y lesa humanidad a 18 altos jefes militares del país”, dijo Medrano.
Manifestó que las víctimas que han declarado en el caso vinculan al “Batallón Atlacatl” y al alto mando de la Fuerza Armada salvadoreña de 1981, a quienes apuntan como autores materiales e intelectuales de la masacre.
Asimismo, Medrano pidió a McGovern ejercer presión política para que los Órganos Ejecutivo y Judicial para colaboren con el juzgado que lleva el caso, a fin de facilitar información.
“Que faciliten información de carácter militar que sabemos se encuentra en los archivos del Estado mayor del país, o información clasificada que se encuentra en el Departamento de Estado de Estados Unidos”, dijo Medrano.
Además le pidió que vigile la “Ley de Reconciliación” que se discute en la Asamblea Legislativa, para que no sea una réplica de la derogada Ley de Amnistía, y así evitar un “borrón y cuenta nueva”.
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Medrano también pidió a McGovern que si tiene oportunidad, pida explicaciones al Ejecutivo del porqué el ministro de la Defensa, David Munguía Payes, calificó de “gastar energía” la petición de reapertura del caso “Jesuitas”.
Son 18 militares los acusados de haber cometido los delitos de: asesinato, robo agravado, violación agravada, actos terroristas, privación de libertad y actos preparatorios de terroristas, todos, ejecutados presuntamente por miembros del batallón Atlacatl entre el 10 y 14 de diciembre de 1981.
La masacre de El Mozote es una de las más crueles matanzas de América Latina ocurridas en el siglo pasado, en la que fueron exterminadas casi mil personas, en su mayoría niñas y niños.
Fotos cortesía/Krissia Girón
