Los exdirectores de Centros Penales, Rodil Hernández y Nelson Rauda, deberán realizar trabajos de utilidad pública, esto en sustitución de la condena de dos años de prisión decretada por el Tribunal Quinto de Sentencia, el cual los encontró culpables de delito de actos arbitrarios mientras estuvieron al frente de la institución.
Tanto Hernández como Rauda, ejercieron los respectivos cargos durante la administración del partido FMLN, fueron condenados por cometer actos de corrupción en el manejo de las tiendas penitenciarias.
Ambos exdirectores fueron acusados por la Fiscalía General de la República (FGR) de no reportar todos los ingresos obtenidos en las tiendas entre el 2012 y 2014, en el gobierno que presidía el expresidente Mauricio Funes.
Los jueces coincidieron que faltó más investigación y pruebas para establecer el delito de administración fraudulenta.
El tribunal fundamentó su sentencia condenatoria por el delito de actos arbitrarios en que los exdirectores hicieron uso de los fondos de las tiendas institucionales para pagar gastos por servicios de inteligencia, sobresueldos, bonificaciones y préstamos al personal, al no estar regulados en los manuales de funcionamiento de esas tiendas.
Los dos exdirectores fueron absueltos de toda responsabilidad civil, pese a que en pericia se demostró que habían manejado ilegalmente $208,000.
Este juicio fue realizado por orden de la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador, ya que los dos exfuncionarios fueron exonerados por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, el 24 de septiembre de 2019, pero la Fiscalía apeló argumentando una valoración parcializada de los jueces, porque sólo valoró la prueba que favorecía a los imputados y que se incurrió en falta, al ser insuficiente y contradictoria la fundamentación de la sentencia absolutoria.
