El Colegio de Profesionales de Ciencias Económicas (COLPROCE), emitió su postura ante las recientes resoluciones de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) asegurando que las decisiones se están “negando” recursos al Gobierno impidiendo el desarrollo económico y social del país.
En una de sus resoluciones, la Sala congeló la aplicación del denominado cargo para inversión social luego de que la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), presentara una demanda de inconstitucionalidad.
Ante la acción el presidente del COLPROCE, Alfonso Goitia, indicó que la implicación desemboca en el retraso de la capacidad del Estado salvadoreño para implementar una estrategia de diversificación de la matriz energética.
Según Goitia esto tendría un impacto en la economía, y es una muestra de que la “derecha empresarial” continúa “boicoteando” las decisiones del Gobierno. Aclaró que el cargo no afecta a los consumidores residenciales de menos de 99 KWH que gozan de subsidio. El cargo representa un centavo por cada KWH.
Sobre el segundo caso, la Sala afectó la posibilidad del Gobierno de emitir $900 millones en bonos para lograr cubrir la deuda del corto plazo y convertirla en deuda de largo plazo. De acuerdo con los especialistas está decisión impacta la capacidad de resolver el gasto y las necesidades del país.
Goitia recordó que la aprobación de bonos ha sido una práctica normal en el país desde hace muchos años para evitar la falta de liquidez. Desde el análisis del gremio “pareciera que hay una estrategia de debilitar al Gobierno y su acciones económica social”.
Sobre recomendaciones del FMI
El representante del Fondo Monetario Internacional (FMI) en El Salvador, Mario Garza, señaló el pasado miércoles que el país necesita alcanzar un crecimiento económico del 8.5 por ciento (% ) al año para poder solventar la deuda pública que hasta la mitad este año rondaba los $16,877.64 millones y que ha pasado de representar del 40% del Producto Interno Bruto (PIB) a un 60%.
Actualmente el país crece entre el 2% y 2.5% anual, porcentaje que es mucho menor que el promedio de los países centroamericanos. El FMI destacó que entre los motivos que impiden un mayor desarrollo son tres puntos medulares: la inseguridad, la migración y las diferencias no resueltas en el ambiente político.
El Fondo estima que urge un ajuste fiscal y un acuerdo en la materia y de lo contrario el Gobierno podría llegar a su límite de capacidad de financiamiento, desembocando en iliquidez y retraso en pagos es alto.
En torno a esto, Goitia enfatizó en que es importante revisar subsidios y beneficios para priorizar y hacer más eficiente el funcionamiento del Estado. A la vez el gremio hizo un llamado a establecer acuerdos que permitan superar las dificultades sobre todo con miras al beneficio de la población.
