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jueves, 06 de mayo del 2021

COLPROCE: Sala impide desarrollo económico y social

Economistas también llaman a establecer acuerdos que permitan superar las dificultades en materia económica y fiscal con miras al beneficio de la población

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El Colegio de Profesionales de Ciencias Económicas (COLPROCE),  emitió su postura ante las recientes resoluciones de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) asegurando que las decisiones se están “negando”  recursos al Gobierno impidiendo el desarrollo económico y social del paí­s.

En una de sus resoluciones, la Sala  congeló  la aplicación del denominado cargo para inversión social  luego de que la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), presentara una demanda de inconstitucionalidad.  

Ante la acción el presidente del COLPROCE, Alfonso Goitia, indicó que la implicación desemboca en el retraso de la capacidad del Estado salvadoreño para implementar una estrategia de diversificación de la matriz energética.

Según Goitia esto tendrí­a un impacto en la economí­a, y es una muestra de que la “derecha empresarial” continúa “boicoteando” las decisiones del Gobierno.  Aclaró que el cargo no afecta a los consumidores residenciales de menos de 99 KWH  que gozan de subsidio. El cargo representa un centavo por cada KWH.

Sobre el segundo caso, la Sala afectó la posibilidad del Gobierno de emitir $900 millones en bonos para lograr cubrir la deuda del corto plazo y convertirla en deuda de largo plazo. De acuerdo con los especialistas está decisión impacta la capacidad de resolver el gasto y las necesidades del paí­s.

Goitia recordó que la aprobación de bonos ha sido una práctica normal en el paí­s  desde hace muchos años para  evitar la falta de liquidez.  Desde el análisis del gremio “pareciera que hay una  estrategia de debilitar al Gobierno y su acciones económica social”.

Sobre recomendaciones del FMI

El representante del Fondo Monetario Internacional  (FMI) en El Salvador, Mario Garza, señaló el pasado miércoles que el paí­s necesita alcanzar un crecimiento económico del 8.5 por ciento (% ) al año para poder solventar la deuda pública que hasta  la mitad este año rondaba los $16,877.64 millones y que ha pasado de representar  del 40% del Producto Interno Bruto (PIB) a un 60%.

Actualmente el paí­s crece entre el 2% y 2.5% anual,  porcentaje que es  mucho menor que el promedio de los paí­ses centroamericanos. El FMI destacó que  entre los motivos que impiden un mayor desarrollo son tres puntos medulares: la inseguridad, la migración y las diferencias no resueltas en el ambiente polí­tico.

El Fondo estima  que urge un ajuste fiscal y  un acuerdo en la materia y de lo contrario el Gobierno podrí­a llegar a su lí­mite de capacidad de financiamiento, desembocando en iliquidez y retraso en pagos es alto.  

En torno a esto, Goitia enfatizó en que es importante revisar subsidios y beneficios para priorizar y hacer más eficiente el funcionamiento del Estado. A la vez el gremio hizo un llamado a establecer acuerdos que permitan superar las dificultades sobre todo con miras al beneficio de la población.

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